La falacia de Juez: el país aún sufre por la dictadura

El pasado fin de semana, en la mesa de Mirtha Legrand, el senador por Juntos por el Cambio Luis Juez sostuvo con vehemencia que “ningún argentino puede afirmar que la democracia le cambió la vida”. Haciendo hincapié en supuestos malos resultados económicos acumulados desde el fin de la dictadura en 1983 a hoy, resaltó las incapacidades de la democracia para resolver estos problemas y, más aun, las responsabilidades de los dirigentes políticos -curiosamente, sin ninguna referencia a su persona- en ello. De acuerdo con Juez, el saldo de casi cuarenta años de democracia sería una sociedad empobrecida y una clase política enriquecida, con lo cual se trataría de un régimen político tendiente a beneficiar a sus gobernantes y a empobrecer a sus gobernados, descartándose todo lo virtuoso de la democracia. El planteo de Juez tiene dos problemas conceptuales que merecen ser resaltados, pues dan cuenta tanto de lo falaz como de lo perverso de su argumento.

Comencemos por el segundo, el perverso: la democracia es un valor en sí mismo, no solo un medio para que las sociedades obtengan mejores resultados económicos y sociales. Si Raúl Alfonsín decía que “con la democracia se cura, se come, se educa” y, de acuerdo con Juez, esto no estaría sucediendo, no significa que la democracia está solo para curar, comer y educar, o para hacerlo mejor que en otros regímenes políticos.

En el último siglo, luego de los regímenes republicanos oligárquicos y restrictivos que antecedieron a la Ley Sáenz Peña, la República Argentina conoció dos regímenes políticos distintos: democracias y dictaduras. Algunas dictaduras se definían como gobiernos provisionales tendientes a normalizar rápidamente la vida política y convocar rápidamente a elecciones; otras (particularmente las dos últimas) se identificaban como dictaduras institucionales, en las que el retorno de la democracia no sería tan inmediato. Las democracias, a su vez, atravesaron distintos niveles de transparencia y apertura real, en una escala que comienza con el fraude patriótico en los años 30 y una democracia expresamente falaz, que sigue con los breves subperíodos democráticos entre 1955 y 1973, con el peronismo proscripto y las Fuerzas Armadas amenazándola permanentemente y termina con las experiencias más puramente democráticas, donde la voluntad popular se ha expresado con menores interferencias, dentro de lo cual se deben incluir a los últimos 39 años.

Entre estas alternativas, sin duda la democracia es aquella no solo en la que la voluntad popular mejor se expresa en los representantes a cargo, sino también aquella en la que, naturalmente con tensiones y limitaciones, mejor se ha efectivizado la división de poderes, mejor se ha garantizado el estado de derecho y mejor se han protegido y defendido los derechos humanos. Es decir, en ausencia de un tercer régimen, las virtudes de la democracia son insoslayables en relación con las dictaduras, y en particular con la última, la cual constituyó el período de mayores violaciones a los derechos humanos, terrorismo de Estado mediante, de nuestra historia. En estos términos, afirmar que a ningún argentino le ha cambiado la vida la democracia es perverso, pues implica minimizar lo terrible de los regímenes autoritarios en general y de la dictadura de 1976 a 1983 en particular.

Solo por dar un ejemplo, la democracia claramente le cambió la vida a los 130 nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes gracias a la democracia conocen su identidad.

Seguimos ahora por el primer problema que habíamos planteado: el falaz. Aun asumiendo que los resultados económicos y sociales de los últimos 39 años fueran efectivamente malos -y aun englobando a estos 39 años en un todo monolítico, como si estos indicadores no hubieran mostrado altibajos muy marcados en los distintos gobiernos-, el senador Juez incurre en la falacia de confundir la coexistencia con la causalidad. Que los 39 años de democracia hayan sido económica y socialmente malos no quiere decir que lo hayan sido debido a la democracia. Es más, dados los resultados económicos y sociales desastrosos del período 1976-1983, durante el cual además de llevarse a cabo una maquinaria del terror se implementaron profundas reformas institucionales y económicas, sería más atinado afirmar, aun reconociendo las limitaciones de los ejercicios contrafácticos, que en el período 1983-2022 la Argentina tuvo malos resultados económicos a pesar de la democracia, no por ella. Volviendo a la expresión de Alfonsín, que con la democracia no se haya llegado a curar, comer y educar no necesariamente es por falencias de la democracia, sino en todo caso a pesar de sus virtudes.

Pero la falacia no termina allí, puesto que los cambios de gobierno o de régimen político no implican un borrón y cuenta nueva de todo lo que acontece en las sociedades. Los gobiernos no empiezan de cero, sino del legado de lo que sucedió en el pasado, e intervienen sobre la realidad no solo en base a los problemas heredados, sino también en función de los condicionamientos que desde el pasado se trasladan al presente. El ejemplo más claro es el caso de un gobierno que asume con una enorme deuda que había sido contraída por sus predecesores: está claro que el accionar gubernamental estará fuertemente limitado debido a esos compromisos que fueron asumidos por otros.

En este sentido es que podemos afirmar que parte de los supuestos malos resultados económicos y sociales de la democracia se debe al legado de la última dictadura militar. Esto es muy evidente para evaluar al gobierno de Raúl Alfonsín, donde los condicionantes son directos e inmediatos, pero no deja de ser válido para períodos posteriores. La dictadura militar multiplicó por 7 a la deuda externa, destruyó la industria, quintuplicó la pobreza (solo hay datos del Gran Buenos Aires, con lo que desconocemos si ese guarismo es replicable en el resto del país), incrementó sustancialmente la precariedad laboral, redujo los salarios reales a la mitad. Solo por dar un ejemplo, a la salida de la dictadura nos encontramos con un escenario desconocido en la historia reciente argentina: la figura de trabajadores y jubilados pobres. Antes de la dictadura, la pobreza en personas en edad activa se asociaba muy directamente al desempleo, subempleo o empleo precario. Tener un trabajo formal prácticamente garantizaba un nivel de ingresos superior a la línea de pobreza. En el caso de los adultos mayores, había muchos que no tenían cobertura previsional, pero quienes sí la tenían no eran pobres. A partir de 1983, fruto de la brutal caída en el poder adquisitivo de los ingresos laborales, percibir un salario registrado o un haber jubilatorio dejaron de ser condición necesaria para salir de la pobreza. El gobierno de Alfonsín estuvo fuertemente condicionado por el endeudamiento externo de la dictadura -que incluyó la estatización de gran parte de la deuda privada vía seguros de cambio en 1982-, pero también por una realidad social novedosa ante la cual se carecía de herramientas institucionales: en Argentina la seguridad social siempre había sido casi exclusivamente contributiva; incluir elementos no contributivos generalizados no solo estaba fuera de lo económicamente factible, sino también de lo socialmente legítimo.

Otra de las consecuencias de largo plazo de la dictadura refiere a los cambios en las relaciones de poder. La política represiva implicó la disminución del poder de los sindicatos -la mayoría de los desaparecidos fueron delegados gremiales de base- y sobre todo de su capacidad de resistencia ante reformas nocivas. A su vez, tanto la política económica como el accionar abiertamente corrupto de las cúpulas militares implicaron el ascenso de nuevos grupos económicos a la cúspide del poder: por un lado, la patria financiera, en tanto la dictadura configuró un nuevo modelo económico rentístico que priorizó a los capitales especulativos, los bancos y los fondos de inversión por sobre los capitales productivos, tanto industriales como agropecuarios; por el otro, la patria contratista, en tanto crecieron los grupos económicos proveedores del Estado y de las empresas estatales -como por ejemplo el Grupo Macri-. Sin estos cambios en las relaciones de poder no habría sido posible que se llevaran a cabo las reformas institucionales y estructurales de los años noventa, como las privatizaciones y la apertura económica indiscriminada, cuya consecuencia fue el desastre económico y social de 2001.

Una tercera consecuencia de largo plazo de la dictadura tiene que ver con el legado cultural, pero asociado a su política económica. La Ley de Entidades Financieras, sancionada por decreto-ley en febrero de 1977, habilitó una fiesta de las finanzas que en pocos años transformó completamente la idiosincrasia económica de los argentinos. Es a partir de ese momento -luego potenciado por la Convertibilidad- que la economía argentina es bimonetaria y que la mayoría de los argentinos fija muchos de los valores más significativos en dólares. Es a partir de ese momento que la Argentina tiene una permanente salida de divisas por motivos de atesoramiento -también asociado al concepto de fuga-, que limita claramente a los ciclos de crecimiento económico. Desde la salida de la dictadura, la macroeconomía argentina se ha caracterizado por su inestabilidad, pero esta se debe solo parcialmente a los vaivenes de la economía real -por ejemplo, a los desequilibrios productivos que hacen que cuando la economía crece aumenten las importaciones- y mayormente al mundo de las finanzas. La escasez de dólares se debe en parte a la balanza comercial, pero sobre todo a la cuenta capital: la salida de dólares por motivos de atesoramiento, pago de intereses o pago de utilidades ha sido relevante durante todo el período, y ha sido el primer limitante tanto de la estabilidad como del crecimiento. Las distintas crisis de estas décadas (1989, 2001, 2019, solo por nombrar a las más grandes) se expresaron como crisis del balance de pagos como consecuencia de los ciclos de endeudamiento externo más acelerados. Sin la tendencia a la dolarización de las carteras, otra habría sido la historia argentina en términos de crecimiento, desarrollo, estabilidad y empleo.

Estas tres consecuencias -que son solo una selección, pues hay más- no deben hacer pensar al lector que estamos quitando toda responsabilidad a las dirigencias y a los procesos económicos propios de los años democráticos. Está clarísimo que esas responsabilidades existen y deben ser tenidas en cuenta, sobre todo a la hora de comprender los altibajos. Sería insensato poner en pie de igualdad ciclos de aumento del salario real y de caída de la pobreza como 2003-2015 con ciclos de caída del salario y aumento de la pobreza, como 2015-2019. Sin embargo en todos ellos se cometieron errores y se implementaron políticas nocivas. Pero todos los gobiernos de estos 39 años de democracia han estado profundamente limitados en su accionar -o también, quizás, en algunos casos, influenciados en teorías y principios- por la dictadura.

Así, no solo la democracia le cambió la vida a mucha gente -incluso a quienes nacimos luego de 1983-, sino que parte de los problemas de la Argentina democrática se deben a la dictadura. Si tenemos inconvenientes, es a pesar de la democracia, no por ella, y por ello es profundamente repudiable que representantes políticos de la democracia minimicen sus alcances, pues ello opera como alimento para quienes promueven alternativas antidemocráticas, las cuales jamás desaparecieron completamente de la escena política.