En las columnas anteriores fuimos delineado cómo el impacto económico del virus se convirtió en un feroz terreno en disputa entre el Gobierno Nacional de la coalición peronista y el conjunto del poder económico. Tanto el bloque primario-financiero como los conglomerados industriales decidieron que la pandemia podría ser una excelente oportunidad para realizar un potente ajuste que los posicionara en la salida de la crisis para dictar las condiciones de la reforma estructural regresiva tan anhelada desde los tiempos de la dictadura cívico-militar.
Con esta lectura fueron abandonando todas las ideas de reparto consensuado de las cargas de la crisis y avanzaron resueltos a defender sus privilegios sin asumir responsabilidad social alguna en el contexto presente.
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El domingo pasado describimos el conjunto de medidas de intervención estatal que el Gobierno había adoptado para amortiguar el deterioro económico durante la cuarentena y la preocupación a futuro que las mismas provocaban en los agentes económicos más poderosos: la asignación de crédito por el Banco Central, el subsidio al pago de salarios del sector privado, la implementación de un ingreso universal básico y una propuesta de reestructuración compatible con el crecimiento y la estabilidad del sector externo.
Ahora veamos las respuestas de quienes definen el funcionamiento de “los mercados”:
Presión en los mercados cambiarios alternativos. En el mes abril la devaluación en el mercado del dólar adquirido a través de la operación “contado con liquidación” fue del 31%, cotizando u$s1=$88 a principios de mes y cerrando u$s1=$115 a fines. Otro tanto ocurrió con el mercado ilegal de la divisa que en 30 días trepó un 40% de u$s1=$84 a u$s1=$118.
Retención de divisas por exportaciones. En marzo empezó la cuarentena y el período en el comienza el ingreso de divisas de liquidación de la cosecha. En el Mercado Único de Cambios, según cifras del Banco Central, en marzo de 2019 el ingreso neto de divisas por exportaciones en el rubro “Oleaginosas y Cereales” fue u$s 1.350 millones. En marzo de 2020 por el mismo concepto la entrada neta de dólares fue u$s 939 millones, es decir un 30% menos que el año pasado. Cuando se verifican las cifras del INDEC sobre exportaciones informadas para marzo 2020, el monto asciende a u$s 1.202 millones, que si los comparamos con los efectivamente liquidados al Banco Central (u$s 939 millones) se puede inferir que hay u$s 263 millones exportados y no liquidados en Argentina.
Reticencia en la implementación de medidas de alivio financiero. El desembolso de los créditos a PyMes para sostener la nómina salarial y el capital de trabajo de las empresas afectadas por la caída de la facturación ascendió en abril a $ 121.000 millones, beneficiando a 82.000 empresas. El presupuesto asignado para esa línea es de $ 220.000, es decir, que la ejecución fue del 55%. Y si bien no hay cifras disponibles aún, es muy probable que el grueso de las efectivizaciones la haya producido el sistema de banca pública. Los bancos han cortado sus propios márgenes crediticios al sector privado y exigido la cancelación de los adelantos en cuenta corriente a casi todas las empresas.
Rebaja salarial en el sector privado. El acuerdo superestructural UIA-CGT, homologado por el Ministerio de Trabajo, autoriza una rebaja nominal de hasta el 25% del salario de los trabajadores del sector privado que hayan sido suspendidos por la baja de actividad que implica la cuarentena. Ahora bien, si el Gobierno por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (AET) compromete el subsidio del 50% de la nómina salarial del sector privado hasta el tope de dos salarios mínimos y se autoriza una rebaja general del 25% a los trabajadores suspendidos, no emerge con claridad cuál será el compromiso del empresariado para sostener la remuneración de sus empleados en la crisis, habida cuenta, además, que por tres meses no pagaran las contribuciones patronales. ¿Aportaran un 25% de la nómina salarial de sus empresas?
Reducción del Estado. En el marco del impacto económico del virus, la oposición ha impulsado numerosos proyectos de reducción de impuestos al sector privado y rebaja salarial en el sector público. “Estado mínimo” en una catástrofe global que demanda intervención pública masiva.
Inflación de bienes esenciales. El acceso masivo y sin dificultad a alimentos y energía es clave en el sostenimiento de las medidas contra la pandemia. La suba de precios en alimentos comienza a ser un obstáculo en la política de ingresos compensatoria del Gobierno, con el agravante que las empresas oligopólicas de energía decidieron “estimar” el consumo residencial de abril facturando el pico alcanzado el año pasado y compensarse de hecho las bajas que provoca el receso industrial.
Si el pueblo valora que el sacrificio ha permitido tener 100 veces menos muertos que las naciones europeas y anglosajonas y a la vez los recursos compensatorios con los que cuenta hacen tolerable el esfuerzo, el Gobierno habrá dado un paso adelante en la legitimación de sus políticas.
Pero la virulencia de la embestida de los poderosos descripta precedentemente no puede ser desdeñada por ratios favorables de las encuestas. El enfrentamiento planteado exige en los meses venideros decisiones mucho más potentes de regulación de mercados. De lo contrario, los poderosos habrán sentado las bases de la reforma estructural regresiva que añoran desde hace décadas.
Abril es mes de balance en el conflicto, pero también de insumo para nuevas decisiones.