El doble virus y la recesión histórica

Existe una economía a secas y existe la economía política. La primera es la que se define a través de los indicadores, como por ejemplo los datos sobre los grandes agregados que difunde mensualmente el Indec. La segunda es una ciencia que contempla las relaciones de poder entre las clases sociales y que explica la dinámica que al final del camino se expresa en los números. Las líneas que siguen se concentran en la economía a secas con el objetivo de contemplar el escenario en construcción que deberá enfrentar la economía política a partir de la suma funesta entre la herencia del virus macrista y el coronavirus.

La semana que pasó el Indec difundió su estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, y dos indicadores sociales clave sobre las condiciones de vida, las valorizaciones de las canastas básicas alimentaria, CBA, y total, CBT. En los resultados estrictamente numéricos no hubo mayores sorpresas. 

El EMAE mostró, según lo esperado, una lenta recuperación de la actividad luego del piso de caída de abril producto de la etapa más dura de las restricciones a la circulación. La recuperación de mayo y junio, y seguramente también la de los meses venideros, presentó dos características. La primera es la heterogeneidad. Hay sectores que prácticamente nunca cayeron, como la producción de alimentos, otros que cayeron fuerte y comenzaron a recuperarse rápidamente, como por ejemplo la producción de artefactos para el hogar y las ramas que abastecen sus insumos. Y finalmente sectores que cayeron fuerte y siguen muy abajo, como la construcción y, en particular, la hotelería y la gastronomía. Se trata de evoluciones cualitativas en función de las características del aislamiento y su salida que podrían preverse incluso sin conocer los detalles de los números.

La segunda característica, a la que debe prestarse mayor atención, y que también podía preverse, es que la recuperación se produce solamente contra el piso de abril, pero los resultados de las comparaciones interanuales marcan fuertes caídas en prácticamente todos los rubros. Dicho de otra manera: la economía experimentará en 2020 una fuerte recesión que superará, quizá holgadamente, los 10 puntos del PIB. No se habla aquí de las políticas, de si los resultados podrían haber sido mejores o peores, o de si en otras partes del mundo el problema tiene otra intensidad. El dato desnudo de cualquier interpretación es el de una economía sumergiéndose en una recesión histórica.

Los datos de actividad deben compararse con lo que comienza a vislumbrarse de los indicadores sociales a través de las canastas alimentaria y total, es decir de la evolución de las líneas de indigencia y pobreza. La valorización de estas canastas depende de lo que sucede con la inflación. Dado que existieron deslizamientos en el tipo de cambio y que los alimentos tienen una fuerte relación con el precio del dólar, el precio de los alimentos creció, en los primeros siete meses del año, más que la inflación general con lo que la CBA aumentó algo más que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), frenado por el congelamiento de tarifas y el parate de los salarios. La CBT en cambio lo hizo apenas por debajo de la inflación, básicamente por los precios regulados. Solo a modo de contar con una referencia, en julio pasado una familia tipo de cuatro integrantes necesitó, en el Gran Buenos Aires, poco más de 18 mil pesos para no ser indigente y 44.500 pesos para no ser pobre.

Estas cifras aproximadas y muy referenciales permiten obtener algunas conclusiones preliminares. La primera es que para no pasar hambre una familia tipo necesita casi dos IFE. La segunda es que el ATP resultó una compensación importante para un mercado de trabajo muy impactado por los dos virus citados. La tercera es que la acción gubernamental contrarrestó los aumentos esperados en la indigencia y la pobreza, aunque no alcanzó. Finalmente la cuarta conclusión, la más compleja, debe desarrollarse. Es la que determinará la morigeración o profundización del cuadro emergente de las tres conclusiones anteriores.

En lo que va del año uno de los principales efectos lógicos de la recesión fue el deterioro del mercado de trabajo. Este deterioro no se mide sólo por el aumento del desempleo, sino porque la suma del mayor desempleo y la previsión de la continuidad de la recesión, reduce la capacidad de negociación de los trabajadores y, por lo tanto, imposibilita para el conjunto de los asalariados recuperar los ingresos perdidos por la inflación. Además esta realidad no es estática. El último informe de Política Monetaria del Banco Central puso por escrito lo que se escuchaba susurrar en algunos ministerios: la decisión oficial de soltar despacio algunos precios básicos. El aumento de las naftas de esta semana fue el primer paso. La declaración de servicio público para la telefonía celular, y también de Internet y la televisión paga, y su congelamiento hasta fin de año fue una contratendencia, pero podría opacarse si se suelta el precio de otros servicios con mayor peso en los costos de producción.

Finalmente resta el problema del tipo de cambio. Si la actual paradoja entre superávit comercial y pérdida de reservas no logra conjurarse podrían producirse algunos puntos de devaluación. El cuadro resultante serían salarios relativamente estancados frente a precios en alza debido al aumento del dólar y las tarifas, incluidos los combustibles.  

La única ancla antiinflacionaria serían entonces los ya afectados salarios. El resultado no sería sólo el deterioro de los indicadores sociales sino también la profundización del deterioro macroeconómico. La caída de los ingresos se traduce en caída del consumo privado y, en consecuencia, retroalimenta la recesión. Dado el contexto global por definición de la pandemia, el resto de los componentes de la demanda, la inversión pero especialmente las exportaciones, tampoco traccionarán la recuperación, lo que deja al Gasto del sector público como el único componente con capacidad real para volver a poner en marcha la economía, dato que resulta incompatible con el renacido fiscalismo de algunas facciones de la coalición de gobierno. 

Esta es la cuarta conclusión preliminar, si los salarios son el único ancla inflacionaria, la inflación volverá a aumentar, se profundizará la recesión, y se minará la legitimidad del gobierno. Es decir, podría verse afectado el orden político: en el marco de una recesión histórica, el empeoramiento de las condiciones de vida y de la macroeconomía podrían resentir el apoyo mayoritario que, a pesar de la adversidad, conserva el Frente de Todos, dato que se combina con la furia desatada de una oposición impotente, pero obstruccionista, guiada y sostenida por el cuasi golpismo del periodismo de guerra.