Macri PROLijo

Mauricio Macri realizó un acto bajo el lema de “Nuevo PRO” donde reiteró su apoyo a las políticas económicas de Javier Milei, le reclamó por lugares en áreas clave de gobierno y definió que no se fusionarán con La Libertad Avanza. En un raid mediático posterior al acto Macri hizo que le preguntaran su postura sobre la candidatura del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. Su respuesta fue tajante: que Lijo no tiene que llegar al máximo tribunal del país. El tema explica mucho más de lo que Macri dice, ya que Lijo tiene en sus manos una causa judicial donde podría ir preso y si llega a la Corte intervendría en otra donde pueden fundir a su familia. Todo está vinculado al escándalo del Correo Argentino y es evidente que es parte de las negociaciones entre Macri y Milei pese a la alharaca pública entre el PRO y los libertarios.

La posición intransigente de Macri frente a la posibilidad de que el juez Lijo llegue a la Corte es perfectamente explicable y tiene un sentido claro: el caso Correo Argentino. Los entuertos judiciales en los que está involucrado por la empresa con la que se quedaron con la privatización del servicio postal a fines de los 90 preocupan y mucho a Macri. Y tiene razones: son las que pueden fundir a su familia y por las que podría terminar preso. El rol de Lijo en el entramado judicial de Correo es fundamental y es la razón del encono del ex presidente. Ahora tiene en sus manos el caso que podría mandarlo a la cárcel; si llega al máximo tribunal tendrá el expediente que puede liquidar la fortuna familiar.

La negativa de Macri a apoyar la candidatura de Lijo a la Corte no se basa en que fue clave para la persecución de ex funcionarios con la aplicación de la Doctrina Irurzun, que decia que se los podía detener por el simple hecho de haber integrado los gobiernos kirchneristas; tampoco por el manoseo de la causa Ciccone con la que lograron la condena a Amado Boudou gracias al testimonio pago de Alejandro Vandenbroele, al que el macrismo le puso un hotel boutique; tampoco por los llamados con el director de Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Sebastián De Stéfano mientras armaban causas desde la casa de los espías; menos por pinchar el celular de Oscar Parrilli para que luego se filtraran las conversaciones con CFK desde la oficina de escuchas que diseñó junto a Lorenzetti y otros jueces de Comodoro Py. Lo de Macri se ciñe a sus intereses personales y familiares.

Esta dura y clara posición de Macri frente a la posibilidad de que Lijo integre la Corte contrasta con las esquivas respuestas por parte del peronismo e incluso del kirchnerismo respecto al mismo interrogante, que no tienen mucha explicación. El único argumento que esgrimen por lo bajo es que Lijo, un aliado del ya cortesano Ricardo Lorenzetti, podría balancear los números en la Corte que hoy dominan Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz (designados por Macri) y frenar o morigerar la persecución a CFK. Sería más que extraño, ya que Lijo fue el ejecutor de la política de detención de ex funcionarios por el hecho de ser kirchneristas y Lorenzetti el titiritero del lawfare que ahora ofrece calmar.

Hay 3 vías judiciales vinculadas a Correo Argentino. Todas preocupan a Macri. Son:

1. La causa en el fuero Comercial, que es donde se tiene que resolver la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado, al que le deben 296 millones de pesos/dólares desde el 2001. Este caso está pendiente de resolución en la Corte, por eso a Macri le interesa que Lijo no integre ese tribunal. Es el que puede fundir a los Macri, ya que acumularon esa deuda más los intereses de 23 años desde que se inició el caso.
2. La causa en el fuero Penal, donde Macri está imputado porque intentó autocondonarse 70.000 millones de pesos de la deuda del caso que tramita en el fuero Comercial. Este caso comenzó hace más de 7 años, en 2017. Estuvo siempre en manos de Lijo y hay dos maneras de verlo. Una que protegió a Macri porque ni siquiera lo llamó a indagatoria en todo este tiempo. Otra, la que tiene Macri, es que Lijo no lo sobreseyó y tiene la causa abierta para apretarlo, por eso lo quiere bajar de la Corte y si puede incluso de su juzgado en Comodoro Py. En esta causa Macri podría ir preso.
3. Varias causas en el fuero Contencioso Administrativo en las que los Macri dicen que el Estado les debe miles de millones de pesos a ellos. Allí presentaron un escrito para hacer un arreglo extrajudicial permitido por un artículo de la Ley Bases, que no se hubiera sancionado sin los votos del PRO. La decisión depende de Milei, por eso Macri tampoco le interesa romper esa alianza.

En el primer caso, la causa en el fuero Comercial, lo que está en juego es el patrimonio de la familia Macri. El clan se quedó con la concesión del servicio postal en 1997 porque ofreció pagar un canon más alto que sus competidores. Sin embargo, luego de obtener el negocio dejó de pagar ese canon semestral y acumuló una enorme deuda con el Estado de 296 millones de pesos/dólares. El propio Franco Macri fue a la Casa Rosada a informarle a Fernando De La Rúa que no pagarían la deuda y que entraban en concurso de acreedores, un mecanismo judicial que suele durar entre 3 y 5 años pero que para los Macri pasó los 20.

Cuando Macri asumió la presidencia quiso solucionar el tema a la forma familiar: que el costo lo asumiera el Estado, como cuando estatizó sus deudas al final de la dictadura empresario-militar. La familia Macri hizo una propuesta de pago que implicaba una quita del 98,82% de la deuda y el gobierno de Macri aceptó. Todo se frenó gracias a la fiscala Gabriela Boquin, que advirtió la estafa. Finalmente, en 2021, luego de 20 años de trámite judicial, la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra de Correo y el Estado solicitó que se extendiera esa quiebra a SOCMA, su controlante, para que paguen la deuda. Los Macri lograron frenar todo con un recurso ante la Corte Suprema que está cajoneado hace más de 2 años en el máximo tribunal. Y es por eso que Macri no quiere a Lijo allí, porque el encono es mutuo.

El segundo caso, la causa Penal, comenzó luego de que se hiciera público el intento de condonar la deuda que hizo Macri desde la presidencia, en febrero de 2017. Le tocó al juez Lijo, por entonces de turno con el fiscal Juan Pedro Zoni. El fiscal inició la investigación y Macri ordenó removerlo. Puso en su lugar al fiscal Gerardo Pollicita, que sostuvo que era todo irregular. Macri también lo desplazó y colocaron finalmente a Eduardo Taiano, otro lancero del lawfare.

El juez Lijo llamó a indagatoria a varios de los imputados, entre ellos el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, su director de Jurídicos que ejecutó la maniobra Juan Manuel Mocoroa, el directivo de las empresas Macri Jaime Cibils Robirosa y el abogado de la familia Jaime Kleidermacher. Mandó a hacer peritajes contables para ver si efectivamente se había intentado una quita en la deuda. No era el objeto de la investigación, que era si los funcionarios habían obrado en favor de la familia presidencial, pero igualmente esos peritajes de la la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) hicieron 216 escenarios posibles a la maniobra que hicieron los Macri y en todos era un estafa para el Estado. Lijo entonces mandó a peritar el peritaje de la DAJUDECO, todo para ganar tiempo.

Lo que nunca hizo Lijo fue llamar a indagatoria a Macri, algo básico. La indagatoria es la primera instancia de defensa, donde el acusado puede incluso mentir para defenderse. Macri, de hecho, podría decir que su familia nunca tuvo la concesión del Correo. Pero el juez Lijo eligió que Macri no paseara por Comodoro Py. Pasaron ya más de 7 años.

Macri, sin embargo, lee esta actitud del juez Lijo en sus propios términos. Los jueces de Comodoro Py que le responden tienen otra actitud: lo sobreseen y cierran rápido las causas en su contra, aún con los argumentos más inverosímiles. Macri detecta en Lijo una vieja práctica judicial: mantener abiertas causas para presionar a los imputados. Un expediente abierto es siempre una preocupación. Si algo sabe Macri es de presiones judiciales pero hacia otros; no acepta hacia él. Esa es la razón de su crítica a Lijo.

En el tercer caso, hay 4 causas judiciales en el fuero Contencioso Administrativo en las que los Macri pretenden 14.500 millones de pesos de las arcas públicas. Son estas:

• La más antigua es esta del año 2000, donde dicen que el Estado los perjudicó porque cobraban en pesos y se habían endeudado en dólares. Real.
• Otra es del 2004, donde pidieron la nulidad de los decretos 1074 y 1075 del 2003. El primero rechazaba una serie de reclamos de los Macri contra el Estado; el segundo rescindió la concesión del servicio de correo “por culpa del Concesionario”.
• En 2006 pidieron la inconstitucionalidad del decreto 721 del 2004, que constituyó el Correo Oficial de la República Argentina que continuó con el servicio postal tras las quita de la concesión.
• En 2016 demandaron al Estado por 2.365 millones de pesos. Lo hicieron en simultáneo a la maniobra donde Macri buscó condonarle la deuda a su familia. Para la fiscala Gabriela Boquin se trató de una jugada “de mala fe procesal”. Se condonaban la deuda ellos mismos y decían que el Estado les debía.

La que hay que destacar ahora lo reveló El Destape hace varias semanas. Es la primera, la del 2000, ya que Macri quiere usar la Ley Bases para llegar a un acuerdo extrajudicial en un expediente donde reclama más de 100.000 millones de pesos.

En este caso, dicen que entre 1997 (cuando se quedaron con la concesión del servicio postal) y 2003 (cuando se les quitó la concesión porque no pagaban el canon) sufrieron un perjuicio porque se habían endeudado en dólares en el extranjero pero tenían que cobrar las tarifas postales en pesos, que no les dejaban aumentar las tarifas postales y que además el Estado les debía plata por esos servicios.

Real, alegan que se endeudaron en dólares pero cobraban en pesos y por eso el Estado debe resarcirlos, como si las arcas públicas estuvieran para solventar sus malos negocios. Plantean que tuvieron un perjuicio por 121 millones de dólares, al cambio oficial de hoy más de 100.000 millones de pesos. Y ahora pretenden usar un artículo de la Ley Bases para arreglar con el gobierno de Milei un acuerdo que les evite este juicio que todo indica estaban por perder.

Esa deuda era con un grupo de bancos integrado por el Galicia, Ríobank International y Citibank N.A. Nassau a quienes en 1997 les pidieron prestados 150 millones de dólares para financiar un plan de inversiones. Alegan que pidieron ese préstamo porque el Estado Nacional no les pagaba en tiempo y forma por sus servicios y no les readecuaba las tarifas del servicio postal, pero lo cierto es que si había deuda del Estado con Correo se acumuló luego, no en 1997 cuando los Macri se quedaron con la concesión del Correo. Esa toma de deuda para luego no devolverla es una práctica común de los Macri, como quedó expuesto en este expediente.

Para colmo en el expediente costa que los Macri dicen que el Estado les debía 100.488 pesos mientras que ellos se habían endeudado por 121.109.222 dólares. Aún en el 1 a 1, la supuesta deuda del Estado con ellos era el 0,08% de su deuda. ¿Cómo alegar que eso hizo que no la pudieran pagar?

Con todo esto en contra es que buscan ahora un acuerdo en el marco de un artículo de la ley Bases.

El escrito lo presentó Jaime Kleidermacher, pero en este juicio los Macri también tuvieron como abogado a Roberto Dromi, arquitecto de las privatizaciones menemistas. El texto dice: “Recientemente fue sancionada por el Congreso de la Nación la llamada ‘Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, que en el Capítulo I - Título III – Contratos y Acuerdos transaccionales, Artículo 65, prevé expresamente que en causas análogas al sub-lite, el Estado Nacional a través de la Procuración General del Tesoro pueda iniciar un proceso transaccional para evitar dispendios jurisdiccionales complejos y costosos. En virtud de ello, vengo a solicitar a V.S. dé traslado del presente escrito a la contraparte, a los efectos de que se manifieste en relación a lo aquí expuesto”.

Efectivamente el artículo 65 de la Ley Bases dice que “en toda controversia o reclamo administrativo, judicial y/o arbitral que se suscite entre un contratista y cualquier órgano o entidad de la Administración Pública nacional fundado en supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales estatales en los que existiere posibilidad cierta de reconocerse su procedencia, el Poder Ejecutivo nacional estará autorizado para realizar acuerdos transaccionales prejudiciales, judiciales o arbitrales”. Surgen dudas de si Correo Argentino era un “contratista” del Estado, ya que lo que tenía era la concesión de un servicio por el que además dejó de pagar el canon establecido en la privatización. Pero los Macri intentan por esta vía.

El momento de los Macri para esta maniobra no es casual: el expediente, iniciado en el 2000, estaba “a sentencia”, con los alegatos ya presentados por los Macri y por el Estado. La jueza Cecilia Gilardi de Madariaga tomó el pedido de los Macri, suspendió la sentencia y le trasladó la idea al procurador del Tesoro Rodolfo Barra, que ya dijo que los Macri no tienen razón pero cuya palabra final depende de la decisión de Milei.

Es tan pobre la demanda que el actual procurador del Tesoro Barra, ex miembro de la Corte Suprema menemista y ministro de Justicia de Menem, hoy designado por Milei como jefe de los abogados del Estado, presentó también un lapidario escrito que demuele los argumentos de los Macri. A pesar de que el caso comenzó en el 2000 recién ahora está próximo a sentencia y Barra tuvo que presentar los alegatos del Estado. En las últimas horas trascendió una reunión entre Macri y Milei donde el ex presidente le reclamó al actual por un cambio de procurador del Tesoro, incluso con el nombre de Julio Conte Grand sobre la mesa para reemplazar a Barra. Se explica solo.