Durante la última conferencia de prensa en la que se anunciaron las medidas ligadas al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, oficializó la vuelta a las aulas de niñxs y adolescentes “sin conexión”. Según el mandatario porteño, son 5.100 estudiantes –entre el nivel primario y el secundario- con quienes lxs docentes no mantuvieron ningún tipo de contacto durante los cinco meses que llevamos sin clases presenciales. Ellxs volverían a la escuela para utilizar los “gabinetes tecnológicos”, pretendiendo así saldar su falta de conectividad y de acceso a dispositivos.
Una mención merece la construcción del dato en cuestión y, en general, cómo la construcción de estadísticas por parte de la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, aparece como un recurso que -con aparente neutralidad- tiene como objetivo reducir, limitar y minimizar la intervención estatal. ¿Cómo se construyó ese número? ¿Con qué criterio se construyeron las categorías que arrojan este resultado? “El 93% de los chicos está conectado” repiten desde el Ejecutivo. Pero, ¿qué significa para el Gobierno de la Ciudad “estar conectadxs”?
La pandemia fue un escenario impredecible, no hubo tiempo para la planificación de políticas. En la Ciudad, en materia educativa, la intervención durante estos 5 meses fue mínima. Se reemplazó el alimento de los comedores por bolsones alimentarios extralimitados. Se desconoció el compromiso de aumento salarial con los docentes acordado en febrero. Se demoró el pago a cooperadoras escolares y lxs estudiantes de nivel secundario siguen sin recibir su beca.
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Si nos remitimos más atrás en el tiempo, venimos de una reducción del presupuesto educativo de 10 puntos en los últimos 10 años. Cada vez más niñxs sin vacante en las escuelas -hace 3 años sin números oficiales al respecto-, reformas realizadas a espaldas de las comunidades. De una gestión que decidió hace 4 años demorar la entrega de netbooks de 1ero a 4to grado del nivel primario.
Este es el contexto en el que se propone dar respuesta a una situación tan compleja con una intervención mínima, puntual, inconsulta y cuestionable desde el punto de vista sanitario.
Creemos que la pandemia funcionó como una suerte de linterna, que permitió poner el foco en algunos de los problemas estructurales que tiene nuestro sistema educativo. Para resolverlos, consideramos que es necesario arribar a algunos consensos básicos. Nos atrevemos a enumerar algunos:
1) El rol central de la escuela, aún hoy, como espacio igualador en una sociedad cada vez más desigual.
No sin complejidades las escuelas siguen apareciendo como el espacio de lo común. Venimos de muchos años de luchas por parte de las comunidades educativas contra discursos de desprestigio y una desidia en las políticas que pretenden deslegitimar el rol central de la escuela, frente a un discurso basado en la autonomía en el aprendizaje que en verdad esconde el desfinanciamiento de la política publica.
2) La importancia de la tarea docente y de la formación pedagógica para llevar adelante procesos de enseñanza y aprendizaje.
Hay que decir que no había un marco regulatorio para la educación a distancia. El sistema no estaba preparado para este nuevo contexto extraordinario. No pudo establecerse un “contrato didáctico” de antemano, sino que el escenario pandémico se impuso de manera intempestiva. Ante esta situación lxs docentes construyeron estrategias bien diversas, intentando responder a la heterogeneidad de situaciones de cada estudiante. Impresión de materiales, llamados de WhatsApp, colecta de celulares, utilización de sus propios datos. Frente a la incertidumbre generalizada, madres y padres –mucho más las primeras, por cierto, nada nuevo- buscaron respuestas en grupos de chats, docentes amigues, tomando en muchos casos dimensión de lo que implica la tarea pedagógica, tan menospreciada por algunos sectores de la dirigencia y también de la sociedad. Ni facilitadores, ni voluntarios. Para enseñar, se requiere un saber específico; quedó más claro que nunca.
3) La necesidad de generar instancias de diálogo, escucha, participación y políticas de concertación con todxs aquellxs que construyen la escuela.
No hay política educativa si no ingresa a las aulas de la mano de lxs docentes. Garantizar el derecho social a la educación requiere de mayores instancias de concertación con quienes construyen la escuela. Es fundamental que se contemple y se fortalezca a la comunidad educativa en toda su dimensión, incorporando las redes comunitarias que cumplieron un rol central en esta etapa.
4) La necesidad de fortalecer el vínculo entre la escuela y las familias.
La construcción y fortalecimiento de este vínculo es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje que tienen que realizar las instituciones educativas para seguir construyendo y garantizando derechos. Para esto, tiene que existir un piso de consensos, de mutuo respeto, reconocimiento y acuerdo en torno a las responsabilidades.
5) El valor de las políticas de acceso a dispositivos tecnológicos, la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de aprendizaje y la necesidad de reconocer a internet como un servicio público esencial que nos permite el ejercicio de derechos.
La tecnología modificó la forma en que realizamos actividades de la vida cotidiana: cómo trabajamos, cómo nos movilizamos, cómo consumimos, cómo socializamos, etc. Acceder a los dispositivos tecnológicos y a la conectividad, no se trata de una cuestión accesoria, sino que son herramientas fundamentales para el ejercicio de derechos. En paralelo, la tecnología modificó también los circuitos cognitivos y epistemológicos: cambió la forma en que conocemos y producimos el saber. Es imperioso desmitificar la idea de que les niñes de hoy son “nativos digitales”, como si hubiera una condición biológica, y no económica y social, que permita vincularse con la tecnología.
Si los puntos mencionados son consensos, requieren de uno prioritario: la necesidad de inversión que requiere el sistema educativo de la Ciudad. A las palabras e intenciones se las lleva el viento si no vienen acompañadas de los recursos presupuestarios necesarios para convertirse en realidad efectiva.
¿Cómo se repone la desconexión que generó Soledad Acuña con la comunidad educativa? ¿Qué esfuerzo va a realizar la jurisdicción para revertir la enorme desigualdad de acceso que, quedó expuesto, existe en la Ciudad de Buenos Aires? Lo que tenemos muy claro es que no es sin los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y mucho menos contra ellos.
La etapa que viene requiere fortalecer los Equipos de Orientación Escolar -en la actualidad una psicopedagoga tiene a su cargo el acompañamiento de 7 mil chicos aproximadamente. Será necesario institucionalizar el vínculo entre el territorio y las escuelas, incorporar la figura de promotores socioeducativos con los recursos y la formación suficiente para llevar adelante la difícil tarea de acompañar a cientxs de estudiantes en su vuelta a clase. También requiere que se ejecuten las obras de infraestructura necesarias para adaptar las escuelas a este nuevo contexto. Vivimos en la Ciudad que menos esfuerzo realiza en materia educativa en relación a su presupuesto. Es necesario fortalecer y jerarquizar el trabajo docente. Para revertir la desigualdad que expuso la pandemia, necesitamos más recursos en quienes menos tienen. Es imperioso fortalecer el Plan Sarmiento, garantizando el acceso a dispositivos tecnológicos de uso personal -el “modelo 1-1”, un dispositivo por estudiante- y generar procesos de vinculación con la tecnología desde un ejercicio de incidencia efectiva y con una mirada crítica.
Los problemas complejos requieren soluciones complejas. “Los chicos van a poder sacar turno de 2 horas” anunció la ministra porteña. La medida da cuenta de que no se tomó dimensión de las consecuencias de la pandemia ni de las consecuencias que las políticas educativas de los últimos 13 años tienen para el futuro de nuestra Ciudad.
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