Las sociedades han decidido resguardarse ante la amenaza latente de un virus desconocido, obligando a frenar durante semanas la producción de bienes y servicios a escala planetaria. Donde los gobiernos no tomaron originalmente las medidas para paralizar la actividad y garantizar la cuarentena como en el Reino Unido, fue la sociedad quien forzó al Estado a tomar esa decisión.
Nunca antes 3000 millones de personas accedieron voluntariamente al aislamiento social para preservar la vida. El Estado ha recibido una autorización social para monopolizar decisiones vinculantes.
No fue la coerción - facultad que monopoliza y uno de los rasgos que define al Estado- el instrumento central que garantizó el confinamiento, sino la creencia compartida de confiar a las instituciones estatales el cuidado de la población.
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El poder de los Estados Nación se ha fortalecido, así como el de los gobiernos que actuaron responsablemente frente a la pandemia.
Como sabemos, el Estado está sometido a presiones externas que también se expresan al interior de las instituciones gubernamentales que constituyen una arena de disputa.
Hablamos del Estado ampliado en términos gramscianos: la suma de la sociedad política más la sociedad civil. O sea, el aparato estatal burocrático administrativo, así como, empresas, sindicatos, organizaciones sociales, medios de comunicación.
Por la tanto, cada medida de gobierno es producto de una relación de fuerzas, que al mismo tiempo, construye una nueva relación de fuerzas.
Como señala García Linera: “Las decisiones gubernamentales son una gramática de la influencia y la presión que ejercen los distintos sectores al interior de la sociedad y por lo tanto del Estado”
La oportuna decisión del presidente Alberto Fernández de preservar la vida y la salud de los argentinos y argentinas fue y es acompañada por un inédito respaldo social.
Según datos de CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) el 79,5% de la población apoya las medidas de preservación de la vida desplegadas por el gobierno. Al mismo tiempo un 76,2% apoya la creación de un impuesto extraordinario a los titulares de grandes fortunas.
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No obstante ello, no es ninguna novedad que las corporaciones traten, como lo han hecho históricamente, de condicionar a los gobiernos y obtener beneficios de la crisis.
En este marco, el holding Techint cuya casa matriz se encuentra en Luxemburgo, forzó al gobierno de Bérgamo (Italia) a reanudar la producción de tubos sin costura, sometiendo a sus trabajadores a la exposición al Covid 19.
En Argentina, después de publicado un decreto que prohíbe los despidos, desafiaron la autoridad presidencial, despidiendo a 1450 trabajadores en acuerdo con el titular de la UOCRA Gerardo Martínez.
Esta multinacional presidida por el hombre más rico de Argentina, Paolo Rocca, posee cuentas offshore y es una de las principales fugadores de dólares, (según informe de AFIP) y al mismo tiempo que repartió jugosos dividendos entre sus accionistas, accedió a la ayuda estatal ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción).
Muchas Pymes (250.000) obtuvieron el subsidio estatal, pero muchas otras no pudieron obtener aún este beneficio, por distintas exigencias administrativas.
El CEO de Techint Construcciones Carlos Bacher, que despidió a los 1450 trabajadores, así como toda la gerencia de Techint -que tienen salarios millonarios- fueron beneficiarios del subsidio estatal.
Ayer Siderca empresa del grupo empresarial despidió a otros 24 trabajadores metalúrgicos de la proveedora Ferrúa en su planta en Campana.
Hay otros 600 despidos en carpeta.
Otros beneficiarios de la ayuda estatal fueron Radio Mitre del Grupo Clarín y Vicentin.
Cabe destacar que el Grupo Clarín tiene entre sus principales compañías a Telecom Argentina que a su vez es socia de Black Rock principal fondo de inversión mundial y uno de los activos saboteadores del plan de reestructuración de deuda soberana.
Las crisis son oportunidades, los grandes grupos económicos lo saben y las aprovechan para “bajar costos” despidiendo personal y obteniendo subsidios estatales.
La empresa aerocomercial LATAM ha obtenido utilidades por USD 800 millones y distribuyó dividendos entre sus accionistas por USD 180 millones (USD 57 millones durante la pandemia). Pero rebajaron los salarios un 50% y despidieron a 1800 trabajadores.
Esto se da al mismo tiempo que el IFE (Ingreso Familiar Extraordinario) de $10.000 no llega a todos los ciudadanos que lo solicitaron.
Y lamentablemente existen dificultades en obtener la ayuda alimentaria en tiempo y forma para los merenderos y comedores.
Pero también las crisis son oportunidades para tomar decisiones que afirmen los proyectos populares.
¿Cuánto tiempo se va a sostener el alto índice de popularidad del gobierno?
¿Cuánto tiempo más va a continuar el apoyo popular al impuesto a las grandes fortunas?
¿Habrá una relación de fuerzas más favorable?
No se trata de “pensar deseando” sino de aprovechar las condiciones propicias que se presentan.
En este marco resulta indispensable avanzar con el tratamiento del Impuesto extraordinario a las grandes fortunas que debe iniciarse en la Cámara de Diputados.
A su vez: ¿No sería razonable establecer un criterio de exclusión para el otorgamiento de las ATP a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evaden impuestos?
Por otra parte, si el Estado decidió subsidiar a grandes grupos, que sea, como propone la diputada Fernanda Vallejos, a cambio de una participación en el capital de esas compañías, como lo hacen países con economías desarrolladas.
A saber, Alemania es accionista de Volkswagen y Lufthansa, Francia de Renault y Air France, Reino Unido de Lloyds Bank, EE.UU de Chrysler y General Motors, Italia de Finmeccanica y España de Hispasat.
La condición de no repartir dividendos por dos años a las grandes empresas que acceden al beneficio estatal es un cerrojo que habría que reforzar.
Es un momento excepcional el que atraviesa el mundo y por lo tanto habilitante para tomar decisiones audaces.
Como bien enseña la historia, mostrarse colaborativo ante las corporaciones para distender la situación y “tomar aire” se convierte en un boomerang.
Fortalece a esos sectores y desmoraliza fatalmente a la propia base de apoyo del gobierno.
Y una vez que socavaron las bases de apoyo del gobierno, van por el gobierno.
Recordemos a Dilma Rousseff en Brasil o a Juan Carlos Pugliese -Ministro de Economía de Alfonsín- quien acuñó la célebre frase “les hablé con el corazón -a los acreedores- y me contestaron con la billetera”.
Estamos frente a una oportunidad histórica de recuperar la soberanía política de la Argentina y construir un futuro con inclusión para que la desigualdad no se agrave por la contracción mundial de la economía.
Nuestro Presidente, que ha mostrado una gran sensibilidad, tiene en sus manos un desafío enorme.
Y a un pueblo que resistió al neoliberalismo en las calles y en las urnas, dispuesto a acompañarlo en la pelea para que los costos de la crisis no recaigan en aquellos que menos tienen.
Los consejos gastronómicos de Juan Domingo Perón sobre cómo hacer tortillas mantienen plena vigencia.
*El autor de la columna es docente de la UBA y exlegislador porteño.
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