En medio de la pandemia, asoma la agenda

Fue un indicio de lo que podría ser su gobierno. Aquel lejano bono a jubilados y beneficiarios de la AUH con el paralelo congelamiento tarifario, al que luego se sumó la implementación de la suba de retenciones, exhibió que la política económica comenzaba a dar un giro a la implementada por la alianza Cambiemos, basada en una transferencia de recursos desde los sectores populares hacia el capital concentrado.

Pero el tsunami del Covid-19 interrumpió cualquier tipo de planificación, por lo que el gobierno argentino, como los de todo el mundo, debió dejar de lado la idea de plantear una agenda económica estructural frente a la urgencia de gestionar un día a día para el que no existían fórmulas. Así, la rápida respuesta sanitaria se complementó con una serie de medidas económicas de corto plazo tendientes a que el freno de la actividad no impactará de lleno en la sociedad. En este punto, lo que en un principio fue pensado para jubilados y trabajadores informales, como ser el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se extendió luego hacia las pequeñas y medianas empresas a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), en el orden de prioridades que había fijado el propio Alberto Fernández en su discurso de asunción, cuando señaló que debían “empezar por los últimos para llegar a todos".

Sin embargo, este subsidio alcanzó finalmente a los grupos económicos de más de 800 empleados y con guaridas fiscales, y paralelamente también se avaló la rebaja salarial que la CGT entregó desde sus afiliados a las cámaras empresarias nucleadas en la UIA. Y es que tal como publicó recientemente el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) de la CTA en su Documento de Trabajo N° 17, “la profunda recesión mundial aceleró las contradicciones internas en la alianza del gobierno del Frente de Todos, que no solo está constituida por la parte mayoritaria de la clase trabajadora y los sectores populares sino también por los grupos económicos locales”. Y es que en efecto, estos grandes conglomerados, cuya representación política se encontraba mayormente ligada al Frente Renovador o a Consenso Federal, poseen importantes lazos con el actual gobierno, como se pudo ver en el encuentro que compartieron dos semanas atrás con el presidente Fernández y su gabinete económico los empresarios Miguel Acevedo, de Aceitera General Deheza y presidente de la UIA; Luis Pagani, de Arcor; Luis Pérez Companc de Molinos Río de La Plata; Marcos Bulgheroni, de Panamerican Energy (PAE); Javier Madanes Quintanilla, de Aluar; Roberto Murchison de Grupo Murchison; y Mariano Bosch, de Adecoagro.

Sin embargo, paralelamente el ejecutivo dio su aval para que legisladores del Frente avanzaran con el proyecto de ley de gravar con el 0,2% de los contribuyentes de bienes personales con patrimonio superior a tres millones de dólares declarados, es decir los 12.000 argentinos más ricos. Si bien no es una medida original en el actual contexto, donde un gran número de gobiernos de diversas ideologías como los de España, Italia, Suiza, Rusia, Perú, Chile o Ecuador están analizando o impulsando este tributo el fin de disminuir el impacto económico de la pandemia, el mismo contó con el rechazo del bloque de senadores de la Alianza Juntos por el Cambio, en tanto que el Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa tanto a los grupos económicos locales como a las multinacionales, señaló que el mismo era “un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión”.

Luego, enmendó su desvío en el ATP a las grandes compañías, ya que exigió que, para recibirlo, debían comprometerse durante dos años a no distribuir utilidades, no adquirir acciones directa o indirectamente, y no fugar divisas al exterior, este último un elemento no menor si se tiene en cuenta que de acuerdo al informe del Banco Central sobre “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, de los 86.200 millones de dólares fugados durante el macrismo, las 500 empresas de mayores compras netas se llevaron 37.575 millones de dólares, es decir más del 43 por ciento de la formación de activos externos incentivada durante la gestión de la Alianza Cambiemos.

Los últimos capítulos se desarrollaron esta semana, en primer término con la intervención y proyecto de expropiación de Vicentín, una empresa emblema de la corrupción macrista, donde los recursos públicos, fundamentalmente del Banco Nación, se derivaron sin control alguno a aportantes de campaña cuyas empresas, lejos de cuanto menos contribuir al desarrollo nacional, comprometieron como en el caso de esta última la estabilidad de 4.000 trabajadores directos y 12.000 indirectos, y de cerca de 2.000 proveedores, entre pymes y cooperativas, a los que este grupo les declaró el mayor default privado de la historia desde 2001. Luego, el viernes pasado fue finalmente sancionada la Ley de Alquileres para favorecer a quienes carecen de vivienda propia, la cual naturalmente también fue rechazada por la Alianza Juntos por el Cambio. Asimismo, se extendió al 19 de junio el plazo para cerrar el posible acuerdo con los bonistas, exhibiendo la dura negociación y el cuidado del gobierno por recursos públicos que fueron altamente comprometidos por los acuerdos entre la Alianza Cambiemos y los fondos buitre, marcando también el objetivo de priorizar el funcionamiento del Estado antes que el beneficio de los grandes capitales.  

Ciertamente, no resulta sencillo llevar adelante una agenda económica estructuralmente progresista en medio de la pandemia y con la fuerte oposición de la Alianza Juntos por el Cambio y sus corporaciones y medios de comunicación aliados. Más aún, cuando al interior del gobierno se disputan también dos proyectos, el de los Grupos Económicos locales por un lado y el de las Pymes y los trabajadores por el otro. La agenda sin embargo, parece retomar aquellos lejanos inicios del año.