El dilema democrático ante la falta de división del poder económico del Poder Judicial

Para un hombre de derecho, como le gusta definirse al presidente Alberto Fernández, no es nada cómoda la situación en la que lo puso la Corte Suprema. Los cortesanos, con Horacio Rosatti como instigador, lo dejaron peor que en un callejón sin salida: hay dos salidas y ambas implican apartarse de la legalidad. El presidente tiene que optar: o no cumple el fallo de la Corte que lo conmina a entregarle un multimillonario aporte de campaña a Horacio Rodríguez Larreta o no cumple las leyes de Presupuesto y del convenio de traspaso de la Policía a la ciudad de Buenos Aires que emanaron del Congreso.

En un tuit: Alberto tiene que decidir si desobecede a la Corte o al Congreso. Pero esa decisión, para este hombre de leyes, no es judicial, es una decisión política. Y en la política prima la soberanía popular, la legitimidad democrática, algo que la Corte, y en especial esta, no tiene.

Hay algo claro: la decisión de la Corte es un apoyo explícito a la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta. Será el jefe de gobierno porteño quien, de cumplirse lo dispuesto por Rosatti y sus secuaces, contará con entre 70.000 y 173.000 millones de pesos extra en 2023 por sobre el presupuesto que ya tiene aprobado.

Pero los 4 árboles de la Corte, los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, no deben tapar el bosque de los empresarios que son los verdaderos sponsors de campaña de Juntos por el Cambio. Ya es explícito: una vez más el Foro de Convergencia Empresarial (sello de goma de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que manejan Héctor Magnetto y Paolo Rocca) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AMCHAM) se apresuraron a apoyar la jugada de la Corte y decir que tiene que cumplirse a rajatabla.

Es el poder económico, del que no se habla cuando se menciona la división de poderes y es, de hecho, el que efectivamente tendría que estar dividido de los poderes estatales. Esa división de los poderes estatales no significa que son compartimentos estancos, sino que operan bajo los famosos frenos y contrapesos y ninguno debe inmiscuirse en las atribuciones del otro. Tan poco estancos son que, por ejemplo, el Poder Judicial necesita del Poder Ejecutivo para pagar los sueldos.

En el nacimiento del los Estados modernos, que heredaron el poder absoluto de las monarquías y lo subdividieron en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ese poder estatal no tenía parangón: ningún actor social podía enfrentarlo. Entrado el siglo XXI el poder estatal, con sus tres poderes adentro, no tiene como competir con el poder económico. Si bien el Estado es el garante del funcionamiento del capitalismo (educa a sus trabajadores, construye las rutas para sus productos, imprime una moneda para sus transacciones, etc.) es el poder económico el que luego determina el precio de la comida, de los medicamentos, de las tarifas, de las propiedades. Y lo hace por dos vías: su propio accionar y a través del único poder estatal que no depende de los votos: el judicial. Jueces que, como bien detalla un informe del CEPA, toman todos los días decisiones de política económica y de implicancia directa en la vida de millones cuando eso excede en mucho aquella división del poder estatal que les asignó el rol de árbitros en conflictos puntuales con la ley.

Si el Estado con sus 3 poderes no podía con el poder económico, menos puede si además el poder económico cooptó uno de los 3 poderes, el judicial. Es cierto que no hay división de poderes, pero el problema no es intraestatal, sino que no hay división entre el poder económico y el Poder Judicial. Y se genera lo que CFK describió como insatisfacción democrática: millones que ven que los dos poderes del Estado que votan no logran satisfacer sus necesidades. Como ese poder económico controla directa o indirectamente (vía financiamiento) los principales medios de comunicación, la lupa siempre es sobre el Estado y nunca sobre ellos. El poder, como decía Foucault, se expresa en los silencios. Es sobretodo aquello que calla y logra callar.

¿Qué hará Alberto con esta situación a la que lo empuja la Corte? Uno de los datos salientes del engendro que firmaron los cortesanos es que ordenan al Estado Nacional abstenerse de aplicar una ley sin declararla inconstitucional. Las leyes se presumen constitucionales, ya que las dicta el Congreso. No cumplirlas es un delito, excepto que efectivamente sea declarada inconstitucional. Mientras no lo sea, es una ley constitucional y, por ende, vigente. ¿Cómo hace Alberto para no cumplirla?

Lo mismo sucede con la ley de Presupuesto, la ley de leyes como se la conoce en la jerga. Ya fue aprobada por el Congreso y establece los fondos para cada provincia. El presidente no puede cambiarla porque la Corte quiere que Larreta tenga más fondos disponibles para el año electoral. ¿Cómo hace Alberto para no cumplirla? Es más, podría ocurrir una situación paradójica: que un gobernador denuncie a Alberto por quitarle recursos para entregarlos a CABA.

Rodríguez Larreta replicó el argumento que la Corte repitió varias veces en su fallo: que la decisión no afecta al resto de las provincias. Es falso pero entenderlo requiere una breve introducción a la coparticipación. El Estado recauda algunos impuestos que son coparticipables; la ley establece que de eso la Nación se queda el 42,34% y las provincias se reparten el 54,66% restante. Como esto se sancionó en 1988 y CABA no existía como tal hasta la reforma constitucional de 1994, en 2003 se retocó eso por decreto y se estableció que los porteños recibieran el 1,4% que salía de la parte de Nación. Por eso dicen que no afecta a las provincias, pero el argumento es falso, ya que la Nación invierte todo ese dinero en las provincias. El 54,66% se transfiere de forma directa a cada provincia y el 42,34% se forma indirecta vía, por ejemplo, obras que el Estado Nacional hace en las provincias y que figuran en el presupuesto. Si parte de ese 42,34% se lo queda CABA eso implica, indefectiblemente, menos dinero para las demás provincias.

Apenas asumió Mauricio Macri elevó ese 1,4% al 3,75%, luego lo bajó al 3,5%. La excusa era el financiamiento de la policía porteña, que a diferencia de cualquier provincia la paga el Estado Nacional. Apenas asumió Alberto Fernández dijo que esto debía revisarse, luego bajó ese 3,5% a un 2,32% hasta que el Congreso estableciera el monto real de la seguridad en CABA y luego al 1,4% más el pago de la policía. O sea, el gobierno actual reconoció que debe pagar la seguridad porteña pero aparte de la coparticipación, no aumentándola.

¿Por qué entonces Larreta se queja si el Gobierno Nacional le paga igual los gastos de seguridad? Porque el 3,5% de coparticipación es mucho más de lo que necesita para seguridad. Y esa diferencia la puede usar para lo que quiera en año electoral.

Si CABA logra el 3,5% de coparticipación recibiría, siendo la ciudad más rica del país por lejos, más coparticipación que las provincias de Catamarca (2,86%) Chubut (1,38%), Jujuy (2,95%), La Pampa (1,95%), La Rioja (2,15%), Neuquén (1,54%), Río Negro (2,62%), San Luis (2,37%) y Santa Cruz (1,38%). La ciudad de Buenos Aires podría alegar que aporta más que esas provincias a la recaudación vía impuestos. Pero sería un argumento también cuestionable: muchas empresas generan la riqueza en otra provincia pero tienen su sede fiscal en CABA, por ende le pagan impuestos a Larreta y no al gobernador del territorio donde tienen su sede productiva.

Esa cuestión está en discusión en todo el mundo: empresas que generan su riqueza en un país pero tienen su sede en una guarida fiscal por lo que no pagan impuestos donde extraen valor. Eso se reproduce a nivel local: firmas que tienen una fábrica en provincia de Buenos Aires o una cantera en Catamarca pero tributan en CABA. ¿Será por eso que Macri insistía en convertir a la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal? Se lo frenó en su momento la entonces fiscala ante la Cámara Comercial Alejandra Gils Carbó. Se explica el odio que le tenían.

Retomando, es falso decir que el dinero extra que pretenden darle a CABA sale de la porción que le toca a la Nación y eso no afecta a las provincias por el sencillo hecho de que ese dinero se invierte, valga la redundancia, en las provincias.

Los siguientes capítulos de este conflicto de poderes son eminentemente de estrategia política pero siempre tienen una táctica judicial. De hecho, el presidente Fernández tenía dos opciones. Una era la judicial: pedirle a la misma Corte que revoque su decisión y a su vez recusar a los jueces del Máximo Tribunal, cuyas decisiones no tienen instancia superior de apelación. Fue la primera reacción, apoyado por más de una docena de gobernadores. Hay, al menos, un antecedente donde la Corte revocó su decisión. Fue una causa de Parques Interama contra, justamente, la Municipalidad de Buenos Aires, donde estaban en juego entre 837 y 1.638 millones de pesos. El 15 de junio de 2004 la Corte admitió un error y revocó una resolución propia. Lleva la firma de Enrique Petracchi, Augusto Belluscio, Carlos Fayt, Antonio Boggiano (en disidencia), Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. Esta fue la primero vía elegida, aunque todos saben que es una vía muerta. Rosatti y sus secuaces no anularán lo que firmaron y el gobierno no cuenta con los votos para un juicio político.

La otra era acudir al Congreso, notificarlo del fallo de la Corte y que sean los representantes del pueblo y las provincias, incluidos los diputados y senadores por CABA, los que interpreten los alcances del exabrupto cortesano. Es una jugada elegante: no anunciar una negativa a cumplir el fallo sino involcrar al parlamento en este conflicto de poderes. Dos poderes votados contra uno no votado aliado a un poder económico que nunca rinde cuentas. Esta parece ser finalmente la opción, tal como le adelantó a El Destape.

 ¿Qué implica no cumplir el fallo? Por lo pronto, hacen falta funcionarios políticos y de línea (los de planta permanente que mantienen el engranaje estatal en funcionamiento gobierno tras gobierno) con coraje suficiente para no apretar “Enter” y evitar la trasnferencia de los fondos. Cuestión compleja: la propia CFK explicó varias veces que la persecución contra ella es, entre otras cuestiones, una forma de atemorizar a cualquier funcionario que tome decisiones contra el poder. Cuando habló de “funcionarios que no funcionan” y los invitó a buscar otro trabajo se refería a eso: no es ilegítimo el miedo de tomar decisiones que enfrenten al poder. De hecho hay muchos ex funcionarios kirchneristas de segunda o tercera línea con causas judiciales abiertas, que no tienen prensa pero sí generan el efecto de miedo en el rebaño. Lo que reclamó CFK es que si tienen miedo no se dediquen a ser ministros, secretarios de Estado o funcionarios.

Que los funcionarios que se nieguen a cumplir con el favor de la Corte a Larreta serán perseguidos no es una conjetura. El jefe de Gobierno porteño ya anunció que los denunciará a todos; la presidenta del PRO Patricia Bullrich apretó por televisión a los fiscales que les reponden para que “imputen” (sic) a cada funcionario que no siga la directiva de la Corte y Elisa Carrió anunció que ya denunció penalmente al presidente, los ministro de Economía Sergio Masssa e Interior Eduardo “Wado” De Pedro, al jefe de Gabinete Juan Manzur y al gobernador de Chaco Jorge Capitanich, aunque se ve que no le avisaron que hoy la propia Corte declaró asueto así que recién el lunes podrá efectivizarla.

Larreta, por su parte, reclamará la ejecución de la decisión de la Corte. En criollo, que el Banco Nación le gire los fondos. Si no sucede irá por un embargo de las cuentas. Eso puede tener un trámite legal engorroso, de meses, incluso que le toque al próximo gobierno.

Este es el dilema en que está inmerso Alberto pero no sólo él: ahora la cuestión pasará por el Congreso, donde los gobernadores tienen a su representantes. Tal vez los titiriteros de esta maniobra hayan cometido un error.

En “El arte de la guerra”, Sun Tzu escribió: “Sitúa a tus tropas en un punto que no tenga salida, de manera que tengan que morir antes de poder escapar. Porque, ¿ante la posibilidad de la muerte, qué no estarán dispuestas a hacer? Los guerreros dan entonces lo mejor de sus fuerzas. Cuando se hallan ante un grave peligro, pierden el miedo. Cuando no hay ningún sitio a donde ir, permanecen firmes; cuando están totalmente implicados en un terreno, se aferran a él. Si no tienen otra opción, lucharán hasta el final”. Los dueños de la Corte pusieron al Gobierno, al peronismo, a los gobernadores, en esa situación. ¿Será?