En Argentina (y en muchos países) la concentración en pocas empresas de sectores como el comercio online o la venta de materiales de construcción, electrodomésticos, alimentos y hasta medicamentos es un hecho. Que el Estado debe intervenir también. Lo hace siempre, por acción u omisión. Con la pandemia el diagnóstico se agravó. Una posible respuesta es la creación de un Ministerio de Defensa de la Competencia. Encontrará embates mediáticos financiados por esas mismas empresas bajo la muletilla de que se trata de más empleo público, de más gasto. Pero la magnitud del problema, el impacto que esa concentración genera en los ingresos de millones de ciudadanos, justifica un organismo de rango ministerial y un repensar de las regulaciones antimonopólicas.
La pandemia ha generado un gran cambio estructural en los patrones de consumo de la mayoría de los argentinos. Estamos obligados a permanecer encerrados en nuestras casas y a minimizar las salidas a los comercios y supermercados. La consecuencia lógica de este cambio de hábito fue un crecimiento exponencial del uso de plataformas digitales de comercio y del comercio electrónico.
En la primera parte de este 2020 se conocieron sendos informes de los organismos de defensa de la competencia del Reino Unido y de Estados Unidos. En ambos los expertos anglosajones en regulación de mercados y prácticas anticompetitivas coincidieron en focalizar su atención en el cambio estructural que representan las plataformas digitales para la morfología de los mercados de comercialización y por ende para el vademécum de mejores políticas regulatorias.
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Una de las principales recomendaciones disruptivas de ambos informes es un cambio copernicano en las leyes y normativas regulatorias sobre defensa de la competencia. Los expertos recomiendan darle un giro de 180 grados al paradigma regulatorio al proponer la inversión de la carga de la prueba en los casos de adquisiciones y fusiones de empresas digitales.
Los expertos llegaron a esta conclusión luego de estudiar las estrategias empresariales de compras hostiles de los grandes jugadores del mercado de plataformas digitales. Como es sabido la estrategia de manual de las GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) ha sido la compra sistemática de aquellas “pequeñas” empresas que se destacan como posibles futuras amenazas competitivas en los distintos segmentos del mercado de las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación) donde operan.
Con este antecedente los reguladores concluyen que es necesario cambiar la lógica de los procesos administrativos de aprobación de fusiones y adquisiciones obligando a los gigantes de la economía de la información a demostrar que sus estrategias de negocios no configuran un futuro daño anticompetitivo en los mercados de las plataformas digitales y un perjuicio para el bienestar de los consumidores y de sus competidores.
En Argentina tenemos legislación antimonopólica desde el año 1999 cuando se sancionó la ley 25.156 primera legislación de defensa de la competencia. Casi 20 años después, en mayo del 2018 el Congreso Nacional sancionó la ley 27.442 que intentó modernizar la legislación previa en materia de regulación pro competitiva.
Sin embargo, a pesar de estos antecedentes normativos los resultados concretos en materia de defensa de la competencia no han sido lo suficientemente satisfactorios en estas últimas dos décadas de vigencia de la legislación en la materia.
Los niveles de concentración de mercado en las industrias básicas y en el mercado de productos alimenticios ya es tema de debate y discusión habitual en los medios. Se han viralizado en las redes sociales estudios que muestran que en las mayorías de los segmentos de estos mercados sobran los dedos de una mano para numerar a sus jugadores (fabricantes/oferentes).
En el sector de productores de insumos de uso difundido sobran los ejemplos sobre el alto nivel de concentración. Las chapas laminadas en frío y en caliente (Siderar), el tolueno (YPF, insumo para el plástico), el aluminio (Aluar), el cemento (Loma Negra, Holcim, Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia), el politetileno (Dow Argentina), PET (insumo para los envases plásticos (Dak Américas); son algunos productos cuyos fabricantes nacionales se cuentan con los dedos de una mano y sobran un par de ellos.
Un estudio del CEPA publicado en el diario Tiempo Argentino presenta los siguientes datos sobre la concentración en el mercado de productos de consumo masivo:
El 84% de los desodorantes, el 89% de los caldos (Unilever), el 89% de las cremas dentales (Colgate Palmolive), el 87% de los repelentes de mosquitos (SC Johnson & son), el 79% de los embutidos (Swift), el 82% del jabón para la ropa (Unilever), el 77% de los yogures (Danone), el 77% de los jugos en polvo (Mondelez), el 76% de los jabones (Unilever), el 75% de las gaseosas (Coca Cola Company), el 73% de los fideos (Molinos Río de la Plata), el 73% de las lavandinas (Clorox), el 71% de las cervezas (Cervecería Quilmes),el 70% de los postres (Danone), el 69% de la leche (Mastellone hnos.), el 68% de los lavavajillas (Unilever), el 62% de los rollos de cocina (Papelera de Plata) y el 54% del papel higiénico (Papelera Del Plata) que encontramos en las góndolas de los supermercados son fabricados por una sola empresa. El nivel de concentración es alarmante, “las góndolas argentinas tienen un solo dueño” sería un buen slogan para una campaña de concientización sobre las practicas cuasimonopólicas de las principales empresas que producen gran parte de los productos con los que llenamos los changuitos o las bolsas reciclables, según sea el tamaño de nuestra billetera.
En la misma nota se cita una frase del libro "Todo Precio Es Político" de Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires dentro del gabinete del gobernador Axel Kicillof. Costa fue el creador del Programa Precios Cuidados y su frase es muy contundente: "Con nuestros equipos técnicos identificamos alrededor de 65 empresas y seis cadenas de supermercados que tenían a su cargo una proporción muy relevante de la producción y la comercialización de los bienes de consumo masivo en el país".
Esta semana el gobierno reglamentó la ley 27.545, la “Ley de Góndolas”, que es un buen intento de generar mayor competencia en el mercado de productos de consumo masivo. La ley apunta a un elemento central del comportamiento de las empresas alimenticias y los supermercados. Estos últimos deben garantizar que ninguna empresa posea más del 30% del espacio en góndola para cada tipo de producto alimenticio, bebida, producto de higiene y producto de limpieza del hogar.
El decreto reglamentario 991/2020 designó a la Secretaría de Comercio Interior como autoridad de aplicación de la “Ley de Góndolas”.
Esta nota propone generar un golpe de efecto político y burocrático sobre el grave problema de la alta concentración de la economía argentina. Transformar la Secretaría de Comercio Interior en el nuevo Ministerio de Defensa de la Competencia.
En el modelo anglosajón de gestión pública, el organigrama del Estado está conformado por una significativa cantidad de “pequeños ministerios”, llamadas Agencias. Sin importar la denominación, la idea concreta de esta práctica es generar organismos especializados y autónomos dedicados a los problemas públicos que son considerados de prioridad estratégica.
La relación política y de gestión directas con la máxima autoridad política del Estado, ya sea presidente o primer ministro (según el sistema de gobierno de cada país), garantiza a las cabezas de cada uno de estos “pequeños ministerios” un mecanismo eficaz y eficiente de implementación y de ejecución de las políticas y medidas de gobierno.
En el caso de las políticas de defensa de la competencia existe un argumento poderoso a favor del upgrade del organismo encargado de su implementación y ejecución. La concentración de responsabilidades de gestión de políticas de desarrollo económico y de defensa de la competencia en un solo ministerio puede generar problemas de objetivos contrapuestos entre las áreas que se dedican a incentivar la creación de puestos de trabajo y las áreas que se dedican a controlar las prácticas monopólicas.
La vigente ley 27.442 de Defensa de la Competencia establece la creación de la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
La separación organizativa y el empoderamiento político del responsable de la política de defensa de la competencia generaría sinergias al interior del gabinete de ministros y potenciaría la capacidad de ejecución e implementación de medidas concretas para lograr una más veloz y potente desconcentración de la economía argentina.
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