Colombia: un contragolpe popular

Este mes, un conjunto de turbulencias, aditivadas con escándalos mediáticos y judiciales sacudieron a Colombia y salpicaron con el gastado eje de la corrupción a la imagen del gobierno de Gustavo Petro. Detrás de la escena se encuentra la puja con sectores políticos y económicos por la aprobación de las reformas sociales que el Gobierno intenta impulsar y los avances en el proceso de paz total. En el medio, una estrategia clave: el llamado del presidente a blindar con fuerza de calle el programa de gobierno que el Pacto Histórico recogió de los procesos de lucha en 2020 y 2021.

En febrero de 2023, luego de haber asumido el poder y haber puesto en marcha el proyecto de Paz Total, Petro propuso la reforma tributaria, que aunque tuvo que realizar concesiones, logró aprobarse en marzo, con ciertas victorias, como aplicar impuestos a las actividades extractivas. En términos globales, la base de la reforma implica transferir recursos de una manera progresiva, lo que permitirá financiar la implementación de las reformas sociales que se encuentran ahora en discusión sin que la carga la soporten los sectores de menores ingresos.

Los tres proyectos ahora en boga, fueron propuestos también en febrero y refieren al sistema de salud, pensiones y trabajo, con el interés de "universalizar" derechos en esos ámbitos.

Con estas propuestas el presidente puso el eje de la discusión en la contradicción que se presenta entre Estado y mercado, proponiendo abrir una brecha para que el Estado pueda ingresar como garante de derechos básicos. Pero, al menos la reforma del sistema de pensiones, que por estos días y tras un proceso de acuerdos previos avanza en el senado,  implica tocar intereses del sector financiero, que controla los dos fondos de pensiones más grandes del país y conglomerados de Administradores de Fondos de Pensiones (AFP). En la propuesta se incluye la posibilidad de incluir una renta básica de medio salario mínimo para quienes no lograron alcanzar una pensión.

En el caso del sistema de salud, la propuesta implica eliminar la intermediación privada en el sistema y, al retomar el control de los fondos y ampliar la cobertura territorial del sistema y propiciar un enfoque basado en la atención primaria, llegar a los territorios alejados, que hoy no cuentan con centros asistenciales de cercanía. La reforma laboral, por su parte, busca volver a situaciones más favorables para los y las trabajadoras en temas vinculados a la modalidad de contratación (particularmente el tiempo), la extensión de la jornada laboral, los recargos nocturnos y dominicales (pago de horas extras al 100), la tercerización, el trabajo rural, el trabajo en plataformas digitales, la equidad de género, la negociación colectiva y la huelga.

De acuerdo con el politólogo colombiano Christian Barahona, “el Gobierno del Pacto Histórico inició su gestión con una asombrosa coalición que incorporó a gran parte de sus oponentes en la campaña. La idea de un frente amplio que garantizara gobernabilidad floreció en las primeras semanas, no obstante, el mismo Gustavo Petro vaticinó en su primera entrevista que los partidos tradicionales solo buscaban acercarse para obstaculizar las reformas de su gobierno y condicionarlo desde adentro”.

En ese contexto, el Gobierno de Petro debió, para poder avanzar, desprenderse de aquellas alianzas y volver la mirada a la base popular de su gobierno. Incluso antes de que se presentaran las reformas, el presidente había pedido que fueran defendidas en la calle y así sucedió. La oposición, hizo lo propio también. Pese a las manifestaciones opositoras, al anunciar las medidas, Petro afirmó su intención de continuar propiciando cambios para transformar la vida de las y los colombianos: "Lo que tenemos son tres reformas, no las únicas ni las últimas, que buscan garantizar los derechos universales de la gente; laborales, en salud y en pensiones".

La ofensiva de la derecha: una operación con olor a golpe

En las últimas semanas, un escándalo mediático convulsionó la política colombiana, luego que se filtraran audios de Armando Benedetti, por entonces embajador de Colombia en Venezuela, en los que afirmaba tener información sobre delitos cometidos en torno a la financiación de la campaña que llevó a Petro a ser electo presidente. Los audios fueron presuntamente enviados, en diferentes momentos, a la ex jefa de Despacho Presidencial, Laura Rabiara, quien fue mano derecha de Petro en su primer tramo de gobierno y a quien investigaron tras haber sufrido un robo en su casa en el que se llevaron dinero en efectivo. 

Rabiara fue coordinadora de la Unidad de Trabajo Legislativo de Benedetti mientras éste era senador por el Partido de la U, antes de renunciar para sumarse al Pacto Histórico, convirtiéndose en jefe de campaña de Petro. Ambos lograron ser parte del círculo más cercano al presidente colombiano.

En mayo ya se habían dado otros indicios de éstas operaciones de desgaste para consolidar la destitución de Petro, cuando el ex presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), John Marulanda, declaró que las tropas en reserva podrían ayudar a sacarlo del cargo. 

Luego de las operaciones mediáticas alimentadas por la filtración de los audios, más de 400 líderes de todo el mundo firmaron un comunicado titulado “un golpe blando está en marcha en Colombia”, donde afirman que "el poder institucional (en Colombia) combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional”.

El 26 de junio de 2022, antes de asumir la presidencia, Petro ya había declarado que los partidos tradicionales buscaban acercarse para obstaculizar las reformas de su gobierno. Finalmente, en abril de este año, y luego de las tensiones en el tratamiento de la reforma de salud, dio por concluida la alianza con los partidos tradicionales declarando que “la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido”. 

Estas declaraciones acompañaron el pedido de renuncia a todos sus ministros, que trajo como consecuencia la salida del gobierno de los representantes de los Partidos Liberal, de la U y Conservador. Sin embargo, esta depuración vino acompañada de una enorme movilización popular, así como también lo estuvo el anuncio de las reformas. Esto no es menor, ya que fue también la movilización popular la que sentó las bases para la victoria del primer gobierno progresista en la historia colombiana.

Las ofensivas y contraofensivas en la política colombiana han llevado a un achicamiento del marco de alianzas que permitió la victoria electoral, pero permiten volver a poner en la centralidad el programa del Pacto Histórico, cuya profundización sólo es posible con el pueblo movilizado.

La reacción de los sectores de derecha contra el gobierno del Pacto Histórico encuentra su fundamento en el miedo a esta movilización popular, así como también en cada una de las reformas impulsadas por Petro,  a lo que se suma una reciente victoria política: el anuncio del cese al fuego bilateral realizado desde Cuba producto de los diálogos de Paz con el ELN y la mediación de Venezuela. Un significativo avance del proyecto de Paz Total, que intenta saldar una deuda histórica del pueblo colombiano y reafirma la alineación del gobierno con el proyecto de la Paz (Paz con justicia social, tal y como lo afirma la investigadora colombo venezolana María Fernanda Barreto), como manera de oponerse al otro polo de la contradicción histórica de las fuerzas sociales colombianas: el proyecto de la guerra, que durante años hegemonizó la política a partir de un modelo expoliador, sostenido por un narco estado y una maquinaria de aniquilación de líderes y lideresas de las fuerzas populares.

Ante cada golpe, profundizar la construcción de un programa del pueblo

Los procesos electorales de los últimos años en la región han demostrado, por un lado, la necesidad de ampliar los marcos de alianzas para generar condiciones de victoria electoral, pero también han mostrado que mantener sectores de derecha en el gobierno genera las condiciones para golpes desde adentro, coordinados con el entramado mediático-judicial y los intereses internacionales. Sobrados ejemplos nos ha dado la última década. 

Sin embargo, no pueden obviarse las restricciones externas que delimitan los márgenes de acción para cualquier gobierno, en un contexto de profunda crisis global signada por la pugna de dos grandes fuerzas sociales que se disputan el futuro y el mundo. La disputa que hemos llamado G2, obliga a los Estados a pendular, en términos de alianzas económicas entre las influencias de China y Estados Unidos, y a labrar estrategias, en los intersticios de las acciones que éstos dos polos llevan adelante para defender sus intereses. 

Colombia, en históricas relaciones estrechas con Estados Unidos, no puede desarmar rápidamente su influencia en los ámbitos económicos, político-institucionales, y, mucho menos, estratégicos. Estados Unidos es el primer receptor de exportaciones colombianas, que cuadruplican el volumen del intercambio con su seguidor, China. En abril, Colombia y Estados Unidos celebraron un acuerdo para el fortalecimiento del comercio exterior entre ambos países.

Pero, en el caso de las importaciones aparece primero China, seguido de cerca por los Estados Unidos. Este mes, la Cancillería colombiana recibirá una delegación china encabezada por Qiu Xiaoqi, consejero de Xi Jinping para América Latina, con el fin de tomar definiciones acerca del posible ingreso de Colombia a la iniciativa de la Ruta de la Seda. 

Queda claro, sin embargo, que la decisión de alejarse del lugar designado por Estados Unidos a su históricamente servil Colombia, no será algo gratuito.

El golpe blando que se está desarrollando contra Petro, se parece mucho a otros que ya ha vivido la región, orquestados desde el Departamento de Estado y las embajadas estadounidenses. Pero, los últimos acontecimientos, revelan en el proyecto de  Petro, por lo menos hasta ahora una clara determinación: el destino de las grandes mayorías no puede depender sólo de observar ámbitos superestructurales de negociación y, en definitiva, de la dependencia. 

La reacción a las propuestas de Petro no ha hecho otra cosa que poner de manifiesto que hay un gobierno en posición ofensiva, avanzando contra intereses que hasta ahora habían sido intocables. Para más, el presidente colombiano, ha sabido aprovechar la crisis para soltar algunas amarras y profundizar el proyecto del pueblo.

Esta semana, publicó en Twitter un llamado a realizar “asambleas populares para organizar la sociedad en el debate de las reformas sociales que proponemos y para impulsar el gran acuerdo nacional base de la paz” marcando así la línea de continuidad entre aquellas revueltas que lo llevaron a Nariño y la estrategia de poder popular como base para una democracia participativa para lograr que, de una vez por todas, el programa sea el del pueblo.