La semana que pasó hubo dos noticias legislativas muy relevantes con distinta visibilidad en los medios de comunicación nacionales. Ambas constituyen dos determinantes fuertes de la actual realidad política y en particular del futuro económico mediato. Y ambas se relacionan, en mayor o menor medida, con el destino político de la coalición en 2023.
La primera noticia fue el rechazo legislativo al proyecto de Ley de Presupuesto 2022, la segunda fue la aprobación de la zonificación minera en la provincia de Chubut. Parece lógico que la primera haya tenido más difusión en tanto se produjo en el Congreso de la Nación. La segunda, en cambio, ocurrió “allá lejos” en el sur. Sin embargo, la segunda noticia resulta para el largo plazo absolutamente más relevante que la primera.
Del Presupuesto suele decirse ampulosamente que es la “ley de leyes”, lo que cualquiera que se haya detenido a pensar en la expresión sabe que no es así. En términos de lo efectivamente sucedido en la historia, el Presupuesto siempre fue apenas la construcción de un consenso político sobre ingresos y gastos, consenso que luego la realidad de una macroeconomía inestable somete a sucesivas enmiendas. El Presupuesto contiene además lo que el gobierno cree que será su escenario macroeconómico, básicamente la proyección del crecimiento esperado del PIB y el nivel de inflación, dato que se supone también debería servir para la planificación del sector privado. Luego, a lo largo del año, otra vez debido a una macroeconomía inestable, los números sirven para la burla del desvío de los resultados. No se trata aquí de mofarse con cinismo de una hoja de ruta que debería ser fundamental, solo de ser realistas y ponerla en contexto con la historia. El primer dato es que los presupuestos nacionales nunca se cumplen. Y el segundo es que no es la primera vez que la oposición deja sin el texto legal al oficialismo. Ya ocurrió en 2010 en tiempos del nefasto “Grupo A”, que expresó la consolidación de la oposición legislativa surgida de la lucha contra la resolución 125/2008 de retenciones móviles y cuyo objetivo principal era terminar con la experiencia kirchnerista. Vale recordar el detalle de que después de esa oposición legislativa salvaje CFK fue reelecta con el 54 por ciento de los votos. También que cuando el Presupuesto no se aprueba solo se prorroga el vigente, lo que también da lugar a sucesivas enmiendas, nada muy distinto a lo que de todas formas sucedería.
Lo que sí mostró el “volteo del Presupuesto” es algo que se intuía: el fin del ensueño de un gobierno más consensual, ya que parece naif pensar en acuerdos sobre “políticas de Estado”, cuando sólo se voltea un presupuesto porque sí, porque se puede. Lo que ocurrió esta semana fue el blanqueo de la hoja de ruta opositora para los próximos dos años: obstaculizar sistemáticamente cualquier iniciativa legislativa del oficialismo. Dicho de otra manera: todo deberá hacerse sin contar con el Congreso, dato que ya debería ser un insumo para pensar cualquier acción de gobierno 2022-23. El oficialismo deberá gobernar en soledad como lo hizo en 2010-11. Se trata del costo de haber perdido bancas en las elecciones de medio término, el costo que la sociedad decidió hacerle pagar por su evaluación de la gestión de la doble pandemia, la del endeudamiento macrista y la del Covid.
Los hechos de Chubut fueron bastante más graves. Surgieron a partir de la aprobación de una zonificación minera demorada desde 2003, es decir desde hace 18 años, cuando la ley 5001 –la surgida del referéndum de rechazo a la minería en la zona andina de la provincia– determinó un plazo de 120 días para la “zonificación”, es decir para que se definan los departamentos provinciales que podían ser exceptuados de la prohibición. Lo que la legislatura chubutense votó esta semana y aprobó por 14 votos a 11 fue que se permitirá la minería en la región centro norte de la provincia, en “la meseta”, concretamente en los departamentos de Gastre y Telsen, una región entre desértica y semiárida en la que, por problemas de sobrepastoreo, hasta dejó de ser mayormente viable la ganadería ovina extensiva y cuyos escasos poblados sufrieron en los últimos años un éxodo sostenido.
Sin embargo, Gastre y Telsen son ricos en minerales que hasta ahora no pudieron ser explotados por la prohibición de la ley 5001 y la demora en la zonificación. En el plano de lo bien concreto, la aprobación legislativa permitirá en lo inmediato que se ponga en marcha una inversión de más de 1000 millones de dólares en un proyecto de explotación de plata de la firma “Pan American Silver”, cuya razón social, dicho sea de paso, resulta ideal para la estigmatización. La zona del proyecto es la de Cerro Navidad. Si el lector es curioso puede emprender la aventura de explorar las imágenes de la zona por Internet para hacerse una idea de la geografía regional y su potencialidad económica. Se trata de un proyecto que demandará el desarrollo de infraestructura vial y energética, así como la perforación del acuífero de Sacanana para la utilización de agua tanto para la mina como para potenciales actividades agrícolas.
La zonificación aprobada esta semana establece también los requisitos detallados para el cuidado del ambiente, garantías de fondos de remediación, planes de cierre de mina y fiscalización ambiental. En lo estrictamente económico se obliga a los proyectos a contar con el 80 por ciento de trabajadores locales y 50 por ciento de proveedores de la provincia (con el objetivo de llegar a 70). También se obliga a las mineras a hacer inversiones en infraestructura, tanto para su propia actividad como comunitarias, así como a contribuir a proyectos de diversificación productiva. Es altamente probable que muchos de quienes quemaron edificios públicos en las protestas de estos días desconozcan absolutamente los contenidos y proyectos detallados.
Desde hace semanas, cuando trascendió públicamente que la legislatura provincial aprobaría la zonificación, viajaron a la provincia representantes de diversas ONGs con financiamiento europeo opuestas al desarrollo para motorizar un supuesto “chubutazo”, es decir para impulsar, hasta ahora impunemente, los actos vandálicos que después de la votación destruyeron e incendiaron edificios públicos y que entre sus antecedentes cuentan con las amenazas y el amedrentamiento físico a los legisladores y sus familiares, con destrucción de viviendas, y el ataque a pedradas al Presidente de la Nación en Lago Puelo. A pesar del repliegue de las fuerzas de seguridad en una provincia que es un verdadero berenjenal político y judicial, quienes motorizaron el vandalismo denunciaron “represión”. Sin embargo no existe correlación entra la denuncia y los hechos. Si la represión hubiese sido efectiva, el vandalismo se habría evitado. Quizá sea hora de terminar con los clichés. En las sociedades modernas no prima la ley de la selva porque existe el Estado, a quien, como describía el teórico marxista francés Louis Althusser, se le otorga el monopolio del ejercicio de la violencia legítima. Esta es la forma en que las sociedades modernas construyen el orden social. Los hechos de Chubut fueron de una gravedad extrema porque vulneraron las instituciones de este orden. El resultado provisorio parecería ser que cualquier minoría intensa puede ejercer a pura fuerza un veto sobre el poder institucional. Un verdadero atentado contra la democracia disfrazado de protesta popular.
Pero el problema no es sólo de Chubut. La economía argentina, y en consecuencia la continuidad del actual proyecto político, necesita desesperadamente que se estabilice la macroeconomía para salir progresivamente del proceso inflacionario. A su vez la estabilidad macroeconómica necesita como primer paso la estabilidad del precio del dólar, el principal precio básico de la economía local. Para la estabilidad del dólar se necesitan generar más divisas, es decir aumentar exportaciones como condición necesaria, lo que se completa con un plan de estabilización como condición suficiente. No se puede permitir, con la excusa pseudo ambiental, que crezca al interior del Frente un movimiento antiexportador. Es una cuestión de supervivencia política. La secuencia que sigue al desarrollo exportador es la estabilidad macroeconómica, la diversificación y profundización productiva, el aumento del Producto y, en consecuencia, el bienestar de las mayorías. Es indispensable que las fuerzas que integran el Frente de Todos tengan absoluta claridad sobre estas relaciones de causalidad y esta secuencia. Una cosa es que no lo entienda el empleado público que tira una piedra o provoca un incendio en Rawson, otra muy distinta es que no lo entienda la dirigencia de la coalición. Néstor y Cristina Kirchner lo entendieron muy bien, no por nada Santa Cruz es hoy la provincia más minera del país, otro dato desconocido por gran parte de la opinión pública.-
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