En su primera aparición pública después del atentado, Cristina Kirchner se reunió con Curas villeros y hermanas, religiosas y laicas. Destacó que el intento de asesinato fue un quiebre en el acuerdo democrático posterior al ‘83 y llamó a restablecerlo, dialogando con quienes no piensan como ella (“La gracia no es juntarse con los que piensan igual. La gracia es juntarse con los que piensan distinto y ver, si al menos en economía, podemos tener un acuerdo mínimo”).
Como suele ocurrir en sus discursos, colocó el hecho en una perspectiva histórica, haciendo referencia al atentado que sufrió el presidente Hipólito Yrigoyen en diciembre de 1929, y las críticas de entonces al discurso de odio. Leyó, en el diario de sesiones del Senado de aquella época, el discurso del senador radical Delfor Del Valle: “Ese atentado no ha sido sino la consecuencia de la actitud intemperante y desorbitada de la prensa, de partidos y aún, señor Presidente, del mismo honorable Senado (...) Algún señor senador habló de dictadura, de despotismos, de tiranos, que recordó la revolución francesa y habló de la guillotina.” El senador de Corrientes Juan Ramón Vidal, furioso opositor a Yrigoyen que unos meses después apoyaría el golpe de Uriburu, refutó esas acusaciones: “Se ha querido mezclar este hecho del atentado contra el presidente de la República con la política actual, se ha querido relacionarlo con la acción benéfica de la oposición y con la justa y saludable crítica de la prensa independiente, que es una verdadera insensatez condenar (...)”.
Como concluyó la propia CFK: “Cualquier similitud (con la actualidad) no es coincidencia.”
Apenas dos semanas después de que un grupo de militantes de extrema derecha buscara asesinarla gatillándole una pistola en la cabeza, la vicepresidenta recordó el intento de magnicidio contra el histórico caudillo radical a la vez que convocó al diálogo con la oposición. No deja de ser asombroso viniendo del monstruo de furia, autoritarismo y odio que describen los medios serios y Juntos por el Cambio, dos colectivos que cada día cuesta más diferenciar.
En todo caso, el llamado al diálogo generó reacciones diferentes entre los miembros de la oposición. El ex presidente Mauricio Macri dijo al pasar que lo aceptaría “con la Constitución sobre la mesa”. Esperemos que Pepín Rodríguez Simón no se la haya llevado a Montevideo.
Unos días antes del atentado contra CFK, Ricardo López Murphy el Breve escribió en su cuenta de Twitter: “son ellos o nosotros”. Unos días después advierte: “no nos van a callar, no nos van a asustar”. Para el ex ministro de Economía de Fernando De la Rúa, intentar asesinar a CFK sería una forma de amenazarlo a él. Es gente rara.
Por su lado, Osvaldo Bazán, paciente ambulatorio de la Fundación Alfredo Casero para el tratamiento de las psiquis devastadas por el kirchnerismo, denunció que la vicepresidenta “se victimiza”. Que la víctima de un atentado se victimice es algo sin duda indignante. Su colega Laura Di Marco advirtió desde una de las jaulas de La Nación + sobre “el modo corderito” de CFK y recordó que el kirchnerismo “es una máquina de generar odio”.
Esta semana, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis anunciaron la nulidad de los contratos firmados por Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel en 2018, que dolarizaban los peajes de los accesos norte y oeste. Según Katopodis, “la tarifa de peaje estaría 20 veces más si hubiésemos validado el cuadro tarifario que pretendían las concesionarias.”
Tener a los contratistas del Estado de ambos lados del mostrador durante el gobierno de Cambiemos fue una gran idea. Al menos para los contratistas del Estado.
La Casa Rosada informó que Alberto Fernández no asistirá al funeral de Isabel II. La Fundación Alfredo Casero debería ampliar su servicio de guardia, tememos que colapse bajo la demanda creciente y la indignación de nuestras almas de cristal.
Luego de proponer demoler el edificio del Ministerio de Desarrollo Social para evitar los piquetes, el diputado Marido de Pampita volvió a brillar al afirmar que “seguimos viviendo como ricos pero somos un país pobre”. Al parecer, la fiesta del sueldo mínimo de 50.000 pesos y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de 8.500 pesos debe terminar. Tal vez el diputado de Juntos por el Cambio confunda el living de su casa con la Argentina.
Aunque quizás seamos mal pensados y en realidad el diputado Marido de Pampita se refiera a ciertos beneficios impositivos escandalosos que deberíamos eliminar. Sin ir más lejos, según el Presupuesto 2023, el Estado gastará el año próximo más de 237.000 millones de pesos en concepto de exención del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial (el equivalente a 28 millones de AUH).
En efecto, para la caterva de operadores aterciopelados que bosteza en la Corte Suprema, cobrarle impuestos a los jueces como si fueran simples contribuyentes y no seres celestiales equivaldría a “disminuir” su salario, y por ende sería inconstitucional.
Como explicó el cortesano Carlos Rosenkrantz: donde hay un privilegio nace un derecho.
Imagen: Donde hay un privilegio, nace un derecho (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED)
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