Argentina, Brasil y Chile: entre esperanzas y nuevas frustraciones

Desde 1946 Perón venía analizando la necesidad de retomar antiguas propuestas de unidad Latinoamericana, en línea con lo que sería su postulado de una Tercera Posición frente a la bipolaridad mundial y sus consiguientes áreas de influencia que, en nuestra región, implicaba el alineamiento compulsivo con Estados Unidos de Norteamérica.

En tal sentido, se propuso establecer un primer Bloque con Brasil y Chile que constituyera una Unidad Económica solvente para potenciar el desarrollo y cooperación en cada uno de los países, brindando mayor fortaleza como autonomía en las múltiples relaciones internacionales que se entablaran, a la vez que funcionara como reaseguro de las respectivas soberanías nacionales amenazadas.

Con ese objetivo surge el Proyecto A-B-C- (Argentina, Brasil y Chile), que es compartido hacia fines de los años ‘40 con Getulio Vargas e Ibañez del Campo, con anterioridad a que accedieran nuevamente a la Presidencia (lo que se concretaría en 1950 y 1952, respectivamente), surgiendo entre ellos un serio compromiso para llevarlo a cabo.

Sin embargo, ese Proyecto no se haría efectivo, principalmente por las dificultades políticas que afrontaba Vargas y, mediando la conformidad del mandatario brasileño, sólo se alcanza a firmar un Acuerdo con Chile (“Acta de Santiago”, 21 de febrero de 1953) en el cual se asumía el compromiso de suscribir el Tratado que dejara constituida la «Unión Económica» entre ambos países y, asimismo, se invitaba a terceros países latinoamericanos a adherirse, con la idea de
que Brasil fuera de los primeros en sumarse según lo planeado.

En la conferencia que da Perón en la Escuela Nacional de Guerra (11 de noviembre de 1953) acerca de las ideas fundamentales que inspiraban la nueva política internacional de Argentina, se refiere con detalle a las alternativas que rodearon al Proyecto A-B-C- y formula una serie de reflexiones y consideraciones que, sucintamente, cabe recordar en mérito a la vigencia que aún conservan.

“(…) Es Indudable que el mundo, superpoblado y superindustrializado, presenta para el futuro un panorama que la humanidad todavía no ha conocido por lo menos en una escala tan extraordinaria. (…) Es tal la influencia de la superproducción y es de tal magnitud la influencia de la técnica y de esa superproducción, que la humanidad, en todos sus problemas económicos, políticos y sociológicos, se encuentra profundamente influida por esas circunstancias.

Si ése es el futuro de la humanidad, es indudable que estos problemas irán progresando y produciendo nuevos y más difíciles problemas emergentes de las circunstancias enunciadas.” “Resulta también indiscutible que la lucha fundamental en un mundo superpoblado es por una cosa siempre primordial para la humanidad: la comida. Ese es el peor y el más difícil problema a resolver. El segundo problema que plantea la industrialización es la materia prima: valdría
decir que en este mundo que lucha por la comida y por la materia prima, el problema fundamental del futuro es un problema de base y fundamento económicos, y la lucha del futuro será cada vez más económica, en razón de una mayor superpoblación y de una mayor superindustrialización.”

“(…) En consecuencia, analizando nuestros problemas, podríamos decir que el futuro del mundo, el futuro de los pueblos y el futuro de las naciones estará extraordinariamente influido por la magnitud de las reservas que posean: reservas de alimentos y reservas de materias primas. (…) República Argentina sola, no tiene unidad económica; Brasil solo, no tiene tampoco unidad económica; Chile solo, tampoco tiene unidad económica; pero estos tres países unidos
conforman quizá en el momento actual la unidad económica más extraordinaria del mundo entero, sobre todo para el futuro, porque toda esa inmensa disponibilidad constituye su reserva. Estos son países reserva del mundo.”

Chile

Un nuevo aniversario del genocida golpe de Estado acaecido el 11 de septiembre de 1973, que de algún modo inauguró una metodología de terrorismo estatal coordinado que se expandió en Sudamérica, es propicio para analizar los últimos acontecimientos vividos en Chile.

Es reconocida la injerencia que le cupo a EEUU, estando a los propios documentos desclasificados en ese país, la que ya se registraba desde antes de que asumiera Salvador Allende con acciones desplegadas para evitar que el Colegio Electoral lo designara Presidente, y que se incrementó con diversas operaciones -incluso con directa intervención de la CIA- durante su mandato y para derrocarlo.

En una época en que se extendía la insurgencia armada en la Región, puede parecer algo paradójico que se actuara con tanta virulencia contra Allende que, justamente, proponía una vía diferente, democrática y pacífica, al socialismo. Pero en vista a las consecuencias de su derrocamiento, como a sus causas y motivaciones neocoloniales, resulta de toda lógica estando al modelo o ejemplo que podía resultar de esa experiencia de gobierno.

La dictadura se mantuvo 17 años, produciendo profundas transformaciones antipopulares alimentadas por la ortodoxia neoliberal, y sancionó una nueva Constitución (1980) que incluso pretendía perpetuar a Pinochet aún luego de restaurarse la institucionalidad democrática que, una vez operada, en más de 20 años de gobiernos de la “Concertación de Partidos para la Democracia” (alianza de radicales, socialdemócratas, socialistas, demócrata cristianos y otras
expresiones progresistas) no pudieron alterar los lineamientos sustanciales de esa espuria Carta Magna ni de la legislación dictada en consecuencia.

Los reclamos populares que lograron visibilidad en los últimos años al ganar las calles con multitudinarias manifestaciones, en especial las movilizaciones duramente reprimidas del 2019, forzaron al gobierno de Piñera a abrir el cauce para una reforma constitucional indispensable para quebrar el cerco neoliberal pinochetista.

Esas acciones favorecieron también la victoria de Gabriel Boric, que asumió la presidencia en marzo de 2022 habiendo obtenido casi el 46% de los votos. Aunque a pocos meses, con el resultado del referendo constitucional su imagen positiva en orden a autoridad y liderazgo no supera el 38%, así como forzó a implementar cambios relevantes en su Gabinete que ofrecen reparos en cuanto la dirección política de su gobierno y a la metodología que habrá de seguirse
para conformar la próxima Asamblea constituyente.

La abrumadora mayoría que expresó su rechazo a la nueva Constitución propuesta, no puede desligarse de la profunda huella que impuso el ciclo pinochetista y la incapacidad de los gobiernos de signo progresista -que se sucedieron en democracia- para cambiar el rumbo neoliberal que la dictadura impuso y también sostuvo en sus dos presidencias Piñera.

Tampoco cabe desestimar el modo en que se conformó la Asamblea constituyente, la forma en que se desenvolvió y la insuficiente difusión del Proyecto elaborado, máxime cuando los medios hegemónicos ligados a los sectores más reaccionarios, desde un inicio, promovieron una permanente campaña de desligitimación.

La obligatoriedad del voto, que no rige en general en materia electoral, reveló una participación muy elevada que exige una especial atención en la conformación de ese 62% que manifestó su rechazo.

Esos datos deben también evaluarse considerando que fue el 80% de los votantes quienes, cuando fueron otrora consultados acerca de la reforma constitucional, se pronunciaron afirmativamente y ello sigue siendo un mandato vigente, aunque, su concreción efectiva se halla expuesta a una dilación que puede frustrarla.

Brasil

La última dictadura se extendió por 21 años, desde 1964, a la que sucedieron gobiernos netamente conservadores o que sin exhibirse como tales llevaron adelante políticas semejantes en torno a las directrices neoliberales durante 18 años más.

En 2003 accedió a la presidencia un obrero y dirigente sindical, Luis (Lula) da Silva, quien ejerció dos mandatos en los cuales se produjeron transformaciones enormes en materia de derechos sociales, económicos y culturales, que elevaron sustancialmente la calidad de vida de la población en general e incrementaron en más de veinte millones la clase media, acompañado de un indiscutible desarrollo productivo nacional que colocó a Brasil entre las primeras Economías del mundo.

Lo sucedió Dilma Rousseff (2011), perteneciente a su mismo partido, que continuó con políticas del mismo signo, pero fue destituida (2016) en un proceso parlamentario plagado de irregularidades y ligado a prácticas que, luego, se acentuaron con la persecución y condena de Lula acusado de “corrupción”, no en base a pruebas sino a las aducidas convicciones del juez Moro que se destacó como operador del “lawfare” y fue una pieza clave para la llegada a la
presidencia de Jair Bolsonaro.

En el breve período de la presidencia de Temer (2016/2018) se comenzó con una drástica deconstrucción, en todos los planos, de los notables avances obtenidos por Lula y Dilma e incluso de antiguas conquistas laborales y sindicales, que se acentuó en el gobierno de Bolsonaro y, en ambos casos, se verificó un estancamiento económico y productivo junto a un desguace del Estado.

Argentina

Una vez más dio cuenta de un menor lapso de duración del quiebre institucional con el golpe de marzo de 1976, si bien esos 7 años de dictadura cívico-militar demostraron un nivel de crueldad y criminalidad de lesa humanidad que abarcó un margen mucho más amplio que las que le precedieron, tanto como una coordinación y planificación (Plan Cóndor) con otros gobiernos dictatoriales de Sudamérica claramente ligados a estrategias regionales de EEUU.

El similar objetivo de imponer un programa de corte neoliberal, beneficiando al capital trasnacional y de primarización de la Economía, llevó a reprimir con particular dureza a trabajadores, activistas y dirigentes gremiales -una alta proporción de quienes fueran víctima de las desapariciones forzadas- contando con complicidades empresariales, particularmente multinacionales, cuya responsabilidad ha sido comprobada en numerosos juicios de los distintos circuitos diseñados por el terrorismo de Estado.

Recuperada la democracia a fines de 1983, si bien en el comienzo del gobierno de Alfonsín hubo decisiones en materia de Derechos Humanos -juzgamiento a los integrantes de las Juntas Militares- que distinguieron a nuestro país en el mundo, como también un intento inicial por desarrollar una política económica que desandara en parte el camino determinado por la dictadura, ello no tuvo continuidad y en menos de tres años esas políticas se desarticularon, debilitando el apoyo a su gobierno y determinando, golpe de Mercado mediante, la crisis de 1989 y la anticipación de la finalización de su mandato luego del triunfo electoral de Menem.

Los fuertes condicionamientos y la cooptación de los siguientes gobiernos, completaron un segundo ciclo de neoliberalismo en el cual se incrementaron las privatizaciones a la par que la formación de activos en el exterior con las ganancias -y desvíos de divisas derivadas del endeudamiento externo- obtenidas en nuestro país, junto al corrimiento del Estado de áreas estratégicas que quedaron en manos de Corporaciones con fuerte presencia de capitales extranjeros.

La crisis terminal del 2001 que puso en jaque la continuidad institucional, la diáspora partidaria que provocó y las resistencias populares que se sucedieron, dieron paso en el año 2003 a un impensado cambio de rumbo político que marcó la siguiente década y recuperó en gran medida la impronta nacional y popular que caracterizó al primer peronismo.

Se retomó con mayor fuerza y decisión la política de Derechos Humanos, tanto en el avance de las causas de lesa humanidad como en la ampliación de derechos civiles, políticos, sociales y culturales que se expresaron en materia educativa, de salud, de perspectiva de género, de libertades de expresión e información, de una más equitativa distribución de la riqueza, de nuevas conquistas laborales, de ampliación de los beneficiarios de la seguridad social.

Sin embargo, las dificultades de gobierno que se enfrentaron particularmente desde mediados del 2013, las reacciones corporativas del capital concentrado -que se acrecentaron desde el 2008- por la confrontación desplegada en sus presidencias por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, los ataques mediáticos y las operaciones judiciales que impactaban en la gobernanza, permitieron a fines del 2015 -aprovechando un internismo desafortunado del oficialismo- que se abriera un tercer ciclo neoliberal.

Animado por iguales premisas que los anteriores y con una clara determinación de consolidar un proceso netamente antipopular que aseguró una regresiva transferencia de ingresos, un endeudamiento externo con miras a la fuga de capitales y una marcada desindustrialización, puestas de manifiesto en los siguientes
cuatro años.

Nación, República y Estado

En la actualidad la relevancia de Chile, Brasil y Argentina en las estrategias de dominación hemisféricas de EEUU no han perdido entidad, especialmente en virtud de los procesos políticos que se verifican en cada uno de esos países y en los cuales claramente se pretende intervenir para impedir que crezca la posibilidad de un robustecimiento de un Bloque regional junto a otros países que luchan por romper con los cánones neoliberales.

Las amenazas de sectores extremistas que reivindican procesos, instituciones o nefastos personajes del terrorismo de Estado, el fomento de formaciones neonazis que pretenden apoderarse de la simbología nacionalista en base a esas distorsionadas concepciones, la intolerancia a toda disidencia de una dirigencia política reaccionaria que les es funcional y agitan consignas de un falso republicanismo, se registran por igual en esos tres países.

Es en definitiva la ausencia de toda convicción democrática la que sostiene la actitud beligerante de esos sectores, la falta de voluntad de diálogo y el temor a la consolidación de las tendencias que se impusieron en la Región, como en el caso de Argentina en 2019, en Chile en 2021 y con la seria posibilidad del triunfo Lula en Brasil en el 2022.

En ese escenario, es imprescindible replantear la institucionalidad republicana, ceder a los objetivos maximalistas y a dogmatismos inconducentes, poniendo el eje para la conjunción y alianza de un amplio arco de fuerzas políticas en sus compromisos nacionales y populares, en la reconstrucción de un Estado con una fuerte presencia e intervención en la Economía, y en la inclaudicable defensa de una Democracia que garantice un mayor grado participación y
de equidad social, respeto a la pluralidad de pensamiento y diversidades.

En suma, tomar conciencia de los peligros existentes en base a las experiencias históricas y a las nuevas subjetividades a que dio paso una innegable derrota en el campo cultural y en la formación del sentido común, que coadyuva a una declamada “apoliticidad” de una importante porción de la población.