Según un informe que se publicó esta semana el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, creado por la Defensoría LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, 69 personas LGBTIQ+ sufrieron crímenes de odio. Lo que equivale a uno cada tres días. En todos ellos, la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia.
Si bien no es información oficial, este documento es elaborado en base a los datos que provienen de los medios masivos de comunicación e información recolectada por la Defensoría LGBT a través de denuncias recibidas, de redes sociales, contactos telefónicos; todo ello en articulación con la Federación Argentina LGBT y su desarrollo territorial en las 24 provincias del país. Otra importante fuente, son los datos aportados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la RED LACTRANS.
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Para Luz Jazmin Arando, que forma parte del Hotel Gondolín, una pensión recuperada por un colectivo de travestis y trans que administran de manera autogestionada, la violencia es algo a lo que se enfrenta cotidianamente. “Está presente por el solo hecho de salir de mi casa preocupada por cómo estoy vestida y saber que soy un motivo de burla para muchos hombres, que piensan que la mayoría de las trans somos objetos sexuales para ellos. Es cruda la realidad pero es así”, señaló.
Para Florencia Guimaraes, responsable del programa de acceso al derecho de la comunidad travesti trans del Centro de justicia de la Mujer y géneros de Caba, la mirada de desprecio se siente desde que sale del portón de su casa: “Nos gritan ‘trolo’, ‘travesaño’. Nos pasa de subir a un colectivo y que nadie se quiera sentar al lado. La mirada inquisidora de las personas es violenta. Me han llegado a escupir en la cara al gruto de ‘puto’ y que nadie diga nada”, describió. A esto se le suma las violencias que están a la orden del día en las redes sociales, ya que cada vez que realiza un “posteo” o sube una foto es habitual recibir una gran cantidad de insultos. “Las violencias son múltiples”, aseguró.
Para Luz, estas violencias están todavía más enquistada y naturalizadas en algunas provincias. “Yo vengo de Salta donde te meten presa por el simple hecho de elegir una condición sexual. Eso pasa hoy en día. Nos persiguen, nos detienen. No podemos salir a comprar algo de dia o de noche sin que la policía piense que estamos ejerciendo la prostituciuón. Eso no es vida para nosotras”.
En esa línea, otro dato importante que arrojó el informe es que la mitad de estos crímenes son cometidos por personas (51%) pero la otra mitad (49%) son llevados a cabo por el Estado. Dentro de este porcentaje, el 13% es perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, configurando todos ellos casos de violencia institucional.
Para Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTA), la violencia institucional hacia las personas trans empezó a recrudecerse hace más de 4 años y, al igual que Luz, todavía más en algunas provincias como Salta, Tucumán, Córdoba y la Provincia de Buenos Aires. “Sabemos que somos la caja chica de la policia a través de la cual controlan nustras vidas y manejan la libre cirulación de las compañeras que ejercen el trabajo sexual. Hay muchos casos que las compañeras no denuncian porque este tipo de violencia (institucional) está muy naturalizada en la población”. Y añadió: “Los crímenes de odio son crímenes con saña. Y a esto hay que sumarle que hay un transfemicidio social que es por la ausencia del estado”.
Sobre este aspecto, Guimaraes detalló que cada vez que se produce un arresto, la población travesti trans sufre coimas, torturas y violaciones. “La condena sigue siendo ser travestis”, aseguró. Y continuó: “Hay muchos lugares del Estado que son muy violentos con nosotras. El sistema médico, por ejemplo, sigue siendo binario, sigue patologizándonos. No se respetan nuestras identidades. En las escuelas pasa lo mismo. Hay una gran resistencia a las infancias y adolescencias travestis y trans que se traduce después en deserción escolar. Lo mismo pasa con el acceso a la justicia donde no se tienen en cuenta nuestras demandas y los crímenes de nuestras compañeras quedan muchas veces en el olvido”.
El impacto del coronavirus no es igual para todxs
El contexto de pandemia no solo recrudeció toda estas situaciones, sino que las profundizó y a la vez visibilizó la exclusión, la desigualdad y la violencia estructural existente. “Para la policia de la Ciudad de Buenos Aires, la cuarentena fue y es una herramienta para reprimir a las compañeras trabajadoras sexuales que no tienen otro sustento para poder vivir”, indicó Romero. “Nosotras fuimos aisladas socialmente siempre. Eso no ha cambiado para nosotras. Pero hoy nos encontramos con compañeras que están con más hambre”, aseguró Guimaraes.
Además del aspecto económico, existen otras áreas que se vieron afectadas: “Es muy difícil para nosotras atravesar esta pandemia. No solo por la economía, que nos afectó a todas, sino también por la dificultad de no poder ser repatriadas a nuestras provincias y atravesar esta situación con nuestras familias”, destacó Luz.
Tanto Guimaraes como Romero resaltaron que desde el Gobierno se están impulsando medidas para dar respuestas a estas situaciones y en ese sentido celebraron el decreto publicado la semana pasada en el Boletín Oficial que establece el 1 por ciento de representación trans, travesti y transgénero en el sector público nacional. Si bien remarcaron que es un muy buen primer paso para la inclusión, también señalaron que “no alcanza”.
“Es necesario que podamos tener una Ley Integral Trans que abarque todas las necesidades de la población trans. Y tenemos que hablar de reparación porque somos de una población que nunca accedió a ningún beneficio. Estuvimos siempre excluidas de todas las políticas públicas. Uno de nuestros reclamos es por qué no nos constituyeron dentro del comité de urgencia donde teníamos que estar las poblaciones más vulnerables y de mayor riesgo”, cuestionó Romero.
“Vivimos en una sociedad heteronormativa que quiere exterminar a todxs aquellxs que se salen de la norma y ahí entramos las travestis que venimos a subertir el orden y con nuestras corporalidades decimos ‘acá estamos’. No hay manera que ocultemos nuestro orgullo travesti. Todo eso se traduce en violencias, travesticidio social, condena, criminalización. Se paga un costo muy caro”, concluyó Guimaraes
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