En la sede del PJ Capital, dirigentes de la oposición firmaron la adhesión al amparo contra el tarifazo presentado por los integrantes del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) de la provincia de Buenos Aires y anunciaron que impulsarán un proyecto de ley para frenar las subas.
La diputada Victoria Donda y el senador Pino Solanas respaldaron la medida ante la difícil situación que atraviesan los usuarios por el paulatino recorte de subsidios.
Ambos dirigentes asistieron a la convocatoria del PJ porteño para sumarse al petitorio que busca detener las subidas de los servicios públicos.
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A esta iniciativa se sumaron también Daniel Filmus, Carlos Tomada, Santiago Roberto, Francisco Cafiero, María Rosa Muiños, Silvia Gottero, Lorena Pokoik, Leandro Santoro, Javier Andrade, Paula Penacca, Andrea Conde e Itai Hagman, entre otros dirigentes.
Donda se pronunció a favor de defender "el derecho de todos los ciudadanos de tener una vida digna, porque las tarifas son abusivas, no contemplan la realidad que hoy está viviendo la sociedad".
Solanas manifestó su apoyo a la iniciativa para "defender a todos los ciudadanos que sufren día a día el desgobierno de (Mauricio) Macri. Estamos convencidos que desde la unidad podemos superar esta situación".
"Ahora las familias debaten sobre si ir al supermercado o pagar las tarifas, antes la clase media discutía sobre a dónde iba de vacaciones, esto va a ser más grave con los aumentos de los alimentos y las cuotas de los colegios de los chicos", afirmó Víctor Santa María, presidente del PJ Capital.
Mariano Recalde, presidente del bloque de Unidad Ciudadana en la Legislatura porteña, consideró que "el tarifazo es brutal".
"La gente se está endeudando para pagar los servicios públicos, muchísimos comercios y pymes de la ciudad tuvieron que bajar sus persianas y otros tantos están al borde del cierre", dijo Recalde.
La adhesión busca frenar la resolución presentada por el gobierno que habilita a nuevos ajustes en el sector eléctrico. El primero de los cuatro aumentos previstos para este año entró en vigencia el 1 de febrero.
"Oportunamente, se haga lugar a la acción de amparo colectivo, dictando sentencia que declare la inconstitucionalidad de la Resolución 366/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía y Resoluciones 24/2019, 25/2019, 26/2019 y 27/2019 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad", especifica el artículo 4 del petitorio.
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