Dos agentes de la Policía de la Ciudad fueron detenidos, acusados de haber participado en el crimen de los jubilados Alberto Antonio Chirico (71) y María Delia Speranza (63), asesinado a tiros en su casa del barrio porteño de Parque Avellaneda el 11 de junio pasado.
Se trata de los oficiales Sonia Soloaga y Diego Pachila, una pareja de policías, ambos pertenecientes a la comisaría vecinal 9C. Según reveló uno de los investigadores, la clave para conectar a la pareja de policías con la causa fue una denuncia por el robo de 300.000 pesos y el arma reglamentaria de Soloaga. La Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad pasó a ambos efectivos a disponibilidad y les abrió un sumario administrativo.
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La Jueza Vanesa Peluffo (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 63) ordenó la detención de los dos uniformados, tras una investigación de la fiscal Estela Andrades y de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA). Soloaga y Pachila fueron indagados por la jueza Peluffo y acusados de "robo y homicidio criminis causae", es decir, por matar para ocultar otro delito y lograr la impunidad, que prevé una pena de prisión perpetua.
Los policías prestaban servicio en la comisaría que cubre la misma jurisdicción en la que ocurrió el crimen; por ese motivo, los investigadores sospechan que los policías conocían a las víctimas y se aprovecharon de la confianza que ellas les tenían.
De acuerdo a fuentes de la causa, la oficial afirmó que el mismo día del crimen iba en su auto cuando de atrás la chocó un Volkswagen Gol y por delante la encerró un Renault Duster, y de cada auto bajó un delincuente armado.
Según esa denuncia, los ladrones le robaron los 300.000 pesos en efectivo y su pistola 9 milímetros reglamentaria, con la cual ella afirmó haber efectuado dos disparos, la misma cantidad de tiros con los que mataron al matrimonio Chirico.
"No hubo ni un testigo de ese asalto, nadie que escuchara esos dos balazos y tampoco encontramos un video que constate que ese robo existió", dijo a uno de los investigadores.
Detectives de la PFA realizaron además un rastreo de la ubicación de los sospechosos a través de las antenas de celular que captaron sus movimientos y descubrieron que el día y a la hora del crimen, estaban en la zona de la casa del matrimonio que fue ejecutado de un balazo en la cabeza cada uno, con un arma 9 milímetros y utilizando un almohadón como silenciador.
La jueza ordenó secuestrar los teléfonos móviles de los imputados para que sean peritados con el fin de analizar sus llamadas entrantes y salientes, y sus mensajes en redes sociales. Además, el día de la detención les extrajeron una serie de muestras para cotejar sus huellas y su ADN con rastros levantados en la escena del crimen. Así como también les incautaron sus pistolas provistas por la Policía de la Ciudad, aunque en el caso de la oficial, el arma que tenía en la actualidad es una que le dieron tras su denuncia por el robo de la anterior.
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