Con el paso de los días, la sociedad comienza a dimensionar el grado de daño que la última experiencia neoliberal, liderada por la alianza Cambiemos, le propinó al país.
En rigor, fue evidente la emergencia de cuatro millones de pobres, la inflación récord del 53,8 por ciento, el cierre de 24.500 empresas luego de 20 meses de caída industrial, o la pérdida de 224 mil empleos registrados, todos duros datos proporcionados por el Indec y experimentados por los argentinos en su cotidianeidad. Pese a todo, las medidas intervencionistas que está tomando el Frente de Todos, posiblemente irán modificando esta tendencia, pues las iniciativas dispuestas para los sectores más vulnerables de la sociedad, financiadas en gran medida por el aporte de los grandes grupos económicos beneficiados por el macrismo, reactivarán un consumo que explica más del 70 por ciento del PBI nacional, lo que generará el círculo virtuoso de mayor demanda, mayor producción y empleo, menor pobreza y mayor demanda.
Pero el daño causado por las políticas de destrucción productiva y valorización financiera que introdujo el macrismo, tienen otro frente que recién se está asomando a la luz para gran parte de la población, como lo es el de la deuda pública. Así, el frente social compite con otro igual de delicado, pues la alianza Cambiemos duplicó el endeudamiento de la Argentina medido en relación con su PBI, tal como se valora el peso de la deuda en todos los países del mundo. Pero además, como lo demuestra la UNDAV, los vencimientos de corto plazo crecieron en un 80% en 3 años y medio, con lo que de la deuda pública total de 323 mil millones de dólares que el macrismo le legó al actual gobierno, posee pagos por 223 mil millones de dólares en solo cuatro años, 173 mil millones de los cuales están nominados en moneda extranjera, y 36.000 millones vencerán este año.
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Por eso, el Gobierno debe luchar en dos frentes paralelos e interrelacionados, como son la deuda social y la deuda pública. Hasta el momento, los hechos concretos en relación al último punto, fueron el diferimiento en el pago, hasta el 31 de agosto, de bonos por 9.000 millones de dólares con legislación local, es decir que no se pueden litigar en el extranjero; la toma de 4517 millones de dólares de las reservas del BCRA para pagar bonos con legislación extranjera, como demostración de buena voluntad de pago; y el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Sostenibilidad de la Deuda, que básicamente solicita la posibilidad de renegociar la misma emitiendo bonos con legislación extranjera, más atractivos para los inversores, y la contratación del estudio de abogados Steen & Hamilton.
Pero la base de la estrategia, será muy posiblemente el pedido de diferimiento en el pago por los próximos dos años, una quita de los intereses del 50 por ciento, y la renegociación de la deuda por 44.000 millones de dólares que se deben abonar al FMI entre 2021 y 2022, todo ello bajo dos ideas rectoras. La primera fue expresada por Alberto Fernández en su frase “Para poder pagar la deuda, primero hay que crecer”, basada en la definición de Néstor Kirchner “Los muertos no pagan la deuda”. Significa, hoy en día, que parte del billón de pesos que el macrismo se había comprometido a pagar en vencimientos de la deuda para este año, sin proyección de factibilidad real y en parte a costa del hambre de los argentinos, se utilicen para reactivar la economía, tal como se está haciendo. La segunda, es no volver a repetir la irresponsabilidad del anterior gobierno, como lo fue su populismo financiero de comprometer pagos imposibles de afrontar para el país, pues al propiciar la fuga de 100.000 millones de dólares en lugar de dirigirlos a obras de infraestructura o inversiones productivas que aseguren el repago, dejó al país carente de divisas y con los mercados financieros cerrados para afrontar los vencimientos de la deuda. La idea del actual gobierno, es que el diferimiento de los pagos tenga una estrategia sustentable, para no volver a caer en un default en pocos años.
Si en el frente social el partido ya comenzó con parciales buenos resultados, en el frente financiero la pelota acaba de ser puesta a rodar, pero el resultado debería estar definido para el 31 de marzo, plazo que puso el gobierno como límite para continuar pagando deuda con reservas que desfinancian al BCRA. De ser exitosa la renegociación, posiblemente se generé un nuevo impulso positivo para la incipiente reactivación productiva. Caso contrario, ambos frentes enfrentarán nuevas turbulencias, a la espera de un Plan B.