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De esta forma, la ONG fundada por el ex senador Robert Kennedy, hermano del asesinado presidente de los EE.UU., John Fitzerald, se suma al reclamo del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, la OEA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
En una carta que envió a la canciller Susana Malcorra, la ONG calificó a Sala como "una reconocida líder social que ha luchado por muchos años a favor de los derechos de los sectores más desfavorecidos de la provincia de Jujuy". Por esto, agrega la misiva, consiguió "una serie de enemistades que han aprovechado su posición de poder para neutralizar su trabajo y desprestigiarla".
A su vez, advierte a la Casa Rosada con que no puede hacerse el desentendido de la situación de Sala y "por el contrario, debe proceder inmediatamente a dar cumplimiento a las resoluciones emitidas tanto por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", que pidieron la libertad de Sala.
La línea que ha expresado el Gobierno nacional ha sido la de deslindarse de la situación, argumentando que es una decisión de la Justiciay que no puede intrometerse. La propia Constitución Nacional define que es el Gobierno nacional (y el Presidente, como su máxima autoridad) los que ejercen la representación de todo el país ante el resto del Mundo. Por eso son los receptores del reclamo y quienes deben velar por su cumplimiento.
Con la firma de Kerry Kennedy, hija de Robert y presidenta de la institución, la misiva sentencia de manera contundente: "Solicitamos de manera respetuosa a Su Excelencia y a través suyo al Estado argentino, que proceda a la inmediata liberación de Milagro Sala".
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