Un negocio llamado Malvinas: exploración ilegal, esclavización y pesca indiscriminada

Documentos de 1974, revelados por la presidenta Cristina Kirchner ante el Comité de Descolonización de la ONU en 2012, probaron la existencia de negociaciones que se produjeron entre el gobierno británico y el argentino por la causa Malvinas. En ellos, el embajador del Reino Unido en el país, James Hutton, le hacía llegar al gobierno argentino presidido aún por Juan Domingo Perón, una propuesta de acercamiento oficial con el objetivo de trazar reglas en las que se beneficiarían ambas naciones.

En ese entonces, el gobierno británico afinaba el lápiz y hacía las cuentas de unas islas sobre las que gobernaba a más de doce mil kilómetros de distancia y que sólo representaban un déficit para sus arcas, por lo que le ofrecía a la Argentina la posibilidad de armar un Estado mixto en donde ambas banderas flamearan por igual en el archipiélago, bajo los dos idiomas y con las monedas de ambos en circulación.

Más de cuarenta años después, y tras la guerra de 1982, esa posibilidad quedó muy lejana, ya que el gobierno británico encontró en las islas una fuente de financiamiento con la que dejó atrás los problemas deficitarios y alejan, cada vez más, a la Argentina de ser escuchada en su legítimo reclamo sobre las tierras: según datos publicados Policy Unit, de Falkland Island Goverment, desde 2008 a la fecha, el PBI per cápita kelper creció a tasas del 11% anual, que la sitúan hoy entre las mejores diez mejores del mundo.

Sin embargo, ¿cómo hizo el gobierno británico para pasar del déficit y las pérdidas a codearse con Mónaco y Qatar en términos económicos?

Por un lado, la posibilidad de encontrar petróleo en la zona llevó al gobierno británico a otorgar licencias a 25 años a empresas de origen europeo y norteamericano, quienes crearon un fondo común de U$S 13.000 millones para la exploración de hidrocarburos. Frente a ello, el pasado sábado la jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez ordenó embargos por un total de U$S 154 millones contra petroleras de Gran Bretaña y Estados Unidos, denunciadas de explotar y explorar ilegalmente en Islas Malvinas.

Según se desprende en la denuncia, impulsada por el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman y el de Planificación Federal, Julio De Vido, la imputación es por "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", ya que estas empresas "no cuentan con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".

En este sentido, el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus, aseguró que el Reino Unido "está al margen del derecho internacional", y reiteró que el gobierno europeo se encuentra "violando las resoluciones de las Naciones Unidas 2065 y 3149". Además, Filmus añadió que "Argentina hará uso de todas las herramientas legales para impedir que se lleven las riquezas de nuestros 40 millones de compatriotas", e insistió en que el Reino Unido "retome el diálogo, tal como lo reclaman resoluciones de las Naciones Unidas desde hace medio siglo".

El gran negocio de la explotación pesquera:

Sin embargo, la principal fuente de ingreso para los kelpers se encuentra en el mar: un 34% de su PBI per cápita se debe a la explotación pesquera. Es que, desde que el Reino Unido habilitó explotar la zona, más de 150 empresas de dudosa legalidad se vieron beneficiadas y encontraron en las licencias que otorga el gobierno inglés un permiso para depredar el Atlántico Sur: apenas son 7 los observadores encargados de controlar el accionar de todas y cada una de ellas.

El experto en océanos Milko Schvarzman realizó una investigación que llevó más de diez años respecto al accionar de estas empresas en el Atlántico Sur: "Teóricamente el gobierno kelper les da licencia para pescar en la zona de Malvinas, pero en realidad estos barcos salen a pescar a aguas internacionales y después blanquean la captura haciendo de cuenta que lo pescaron en aguas permitidas", afirmó.

Para Schvarzman, ex especialista en oceános de la región Latinoaméricana de Greenpeace Internacional, estas visitas a aguas internacionales por parte de los barcos piratas resultan "claves" para explicar la enorme riqueza kelper: "Al tener sólo 7 observadores para todos los barcos, no existen controles: no se sabe qué se tira al mar, ni qué o cuánto se caza, en una falta de interés absoluto por el medio ambiente".

No obstante, el desinterés parece aún mayor cuando el especialista describe el prontuario de las empresas pesqueras que se encuentran en la zona: "Le pagan al gobierno británico licencias anuales-que se estima, rondan entre los 200 y 300 mil dólares- para pescar calamar, y resultan ser las mismas empresas que fueron expulsadas de otros países por violar derechos humanos, explotar a su tripulación y que tienen un prontuario de tripulantes que se arrojan al mar anualmente para escaparse".

Sólo por mencionar sucesos que se dieron durante el último año, existieron 59 casos fatales relacionados a pesqueras que operan en la zona de Malvinas: en 2014, el barco Venturer- de bandera inglesa que en 2008 había sido detenido en el Puerto de Malvinas con más de 1 millón y medio de libras de cocaína a bordo- reportó un tripulante "caído" fuera de borda, que luego falleció en el hospital de Puerto Argentino. Meses más tarde el Hsiang Fu Chuen se hundió camino a la zona pesquera de Malvinas, dejando un saldo de 49 tripulantes desaparecidos. En el barco Jin Yi, siete tripulantes vietnamitas resultaron "desaparecidos", mientras operaban con licencia inglesa. En el Dong Won Fisheries, se registraron dos tripulantes "caídos" fuera de borda, mientras el barco estaba anclado en las Islas: uno resultó muerto y el otro aún figura como "desaparecido".

Estos sucesos no resultan aislados cuando se analiza la situación de las embarcaciones, que no cumplen con ninguna norma de seguridad de navegación, laboral ni ambiental, y realizan lo que se conoce internacionalmente como pesca IUU (Ilegal, No reportada y No declarada). Según aseguró Schvarzman, al no cumplir con las reglas mínimas estas empresas "pueden vender la captura a precios menores de los que tiene cualquier otra que sí esté en regla: en alta mar, sus tripulantes son obligados a trabajar entre 18 y 20 horas diarias y en caso de rehusarse a cumplir son arrojados a alta mar".

Ante las denuncias de Schvarzman en medios gráficos, el Consejo Ejecutivo británico en Malvinas, a través de Phyl Rendell, justificó fríamente que los casos de muerte que se registraron en los últimos años en alta mar se deben a que los tripulantes "se tiran de sus buques por nostalgia o porque no les gusta el trabajo" y no a la explotación humana, aunque los datos oficiales no hacen más que sembrar dudas sobre sus dichos: según publicó el portal Penguin News "desde 1985 a la fecha han existido 35 reportes de ´hombre al agua´, de los cuales derivaron en 89 personas perdidas en el mar". También allí se destaca que "la policía atendió 122 muertes a bordo de los barcos, desde asesinatos hasta incendios y gentes con ataques al corazón o enfermedades".

"En esta actividad no existe la mano de obra kelper, ninguno trabaja a bordo de los barcos, y el gobierno les otorga licencias sólo por los increíbles ingresos que les deja. Ningún isleño es pescador, ni tiene barcos pesqueros: el gobierno británico se está enriqueciendo gracias a empresas piratas que explotan personas que terminan muriéndose en los barcos", sintetizó Schvarzman.