El director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, parece estar cada vez más acorralado por la Policía Federal de Brasil, que lo investiga por una causa por pago de coimas y lavado de dinero.
De acuerdo con el diario Perfil, el funcionario macrista es nombrado en un documento oficial de la Delegación de Combate a la Corrupción y Crímenes Financieros de la Policía Federal de San Pablo.
"No conocemos aún el origen del dinero que recibió Arribas y si bien él no es el foco de nuestra investigación, seguirá siendo investigado”, le dijo un vocero de la Policía Federal de San Pablo al períodico.
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Luego de que la prensa brasileña informara que la Policía de ese país volvía a estar detrás de la pista de Arribas, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a apoyar al funcionario en nombre del Gobierno. No obstante, la diputada oficialista Elisa Carrió pidió que sea investigado ante los tribunales nacionales.
Según Perfil, el documento sobre la llamda "Operación Descarte", determina que "había seis grupos empresarios conectados entre sí y que aunque estaban controlados por distintas personas, tenían un eje en común-:" Manejaban dinero que salía del consorcio SOMA, dedicado a la recolección de residuos.
Uno de los involucrados es Atila Reys Silva, quien está vinculado a Arribas por las sospechas por presuntas coimas. Cuando se reveló que el jefe de Inteligencia había cobrado casi 600 mil dólares por coimas, el funcionario sólo reconoció un pago: La venta de un departamento en San Pablo a Reys Silva. Pero luego dijo que era por la compra de muebles.
El documento presentado ante la Justicia de Brasil afirma que Reys Silva manejaba dos empresas llamadas Orion, dedicadas a la construcción y a la importación y exportación.
El empresario accionaba mediante un testaferro, hoy arreprentido. Se trata de Marcos Alberto Silveira, quien dio detalles de como funcionaba el circuito de lavado. “Al menos entre los años 2013 y 2015 (una de las empresas, Orion Brasil Importaçao e Distribuiçao) fue utilizada para recibir una cantidad elevada de nada menos que 72.564.052,70 reales”. Todo era pagado por el consorcio SOMA, grupo empresario a cargo de la recolección de residuos de San Pablo, y el Grupo CVC Turismo.
Orion era la encargada de blanquear los fondos e introducirlos en el sistema a través de financistas como Alberto Youssef y Leonardo Meirelles.
En su confesión, Meirelles aseveró que transfirió 850 mil dólares a Arribas y que los pagos fueron solicitados por Atila Reys Silva. Sin embargo, en una videoconferencia con los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez, realizada en mayo pasado, señaló que las transferencias fueron ordenadas por Odebrecht y OAS.
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