La funcionaria Laura Alonso se niega a que la audite la AGN y se espera una guerra de organismos.
La Auditoría General de la Nación necesita auditar a la Oficina Anticorrupción (OA), que preside la militante macrista. Pero ella se niega.
"No estamos autorizados a entregar la información sobre las denuncias presentadas por la OA ante la Justicia y el estado actual de esas denuncias. Se trata información que afecta a terceras personas y solo puedo entregarla si hay una orden judicial, y este no es el caso", le respondió Alonso al diario La Nación.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La situación llevó a los auditores a intimar a Alonso y a advertirle que podrían llevar el caso a la Justicia.
"De no recibirse o no permitirse acceso a la información en un plazo no menor (sic) a diez días corridos, la AGN procederá a iniciar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales", fue el ultimátum que suscribieron los siete auditores generales, incluidos los oficialistas Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva, el miércoles pasado. Así, enfureció hasta a los auditores radicales.
La nota ya fue remitida a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso y se esperan consecuencias por la rebeldía de Alonso.
"El conflicto entre ambos organismos de control se remonta a junio del año pasado, cuando la AGN le comunicó a la OA que, conforme a su plan operativo 2018, debía realizar una auditoría de ese organismo. Era la primera vez desde su creación que la OA iba a someterse a la supervisión de un organismo de control externo como la AGN; hasta entonces, solo había sido controlada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que emitió cuatro informes de auditoría interna", revela el matutino.
Todo se puso más tenso este año. Para los auditores estaba claro que la OA se resistía a ser auditada. Tras el receso parlamentario de verano, la AGN, con una nota firmada por el auditor radical Rodríguez, intimó a Alonso a que envíe la información que se le había requerido originalmente para iniciar el trabajo de auditoría. Le impuso un plazo de diez días hábiles, pero Alonso no accedió.
Llamativamente, Alonso replicó que esa intimación era improcedente y desmintió que el organismo a su cargo se negara a ser auditado.
La situación ya está en un punto irreversible. La titular de la OA insistió en que no entregará información sensible sin previa orden judicial. Desde la AGN respondieron: "Es el mismo tipo de auditorías que realizamos en otros organismos públicos, pero allí no encontramos este nivel de resistencia", advirtieron.
Cerrar sesión