El diputado nacional Rodolfo Tailhade confirmó que denunciará penalmente al ministro de Justicia, Germán Garavano, la de Seguridad, Patricia Bullrich, y el director del Programa de Protección de Testigos e Imputados, Francisco Lagos, por usar esta herramienta de cuidado como una herramienta para apretar a arrepentidos para que declaren contra ex funcionarios kirchneristas, tal como reveló El Destape.
"Acá hay una denuncia penal grande como una casa contra Germán Garavano, contra Francisco Lagos y también contra Patricia Bullrich que tiene amplias facultades para el manejo del programa, cuando no tiene nada que hacer porque depende del Ministerio de Justicia", dijo el legislador en Patrulla Perdida, por El Destape Radio.
El rol de la ministra de Seguridad es grave: hay un documento que lleva su firma, al que accedió este medio, por el cual le prometió a Ibar Pérez Corradi, detenido por tráfico de efedrina e implicado en la causa del triple crimen de General Rodríguez, que no quedaría preso en el Servicio Penitenciario Federal ni Bonaerense siempre y cuando brinde los datos e informaciones que dijo que brindaría. Ésto jamás podría haber sido prometido por la funcionaria ya que sólo lo puede hacer un juez. El problema, según manifestó Pérez Corradi a El Destape, es que el Gobierno quería que implicara a Aníbal Fernández y él no lo hizo, por lo que quedó en prisión en Marcos Paz.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Tailhade advirtió que la investigación de El Destape expuso situaciones muy graves: "Saquemos la cuestión de la persecución política y que está todo organizado para judicializar la gestión de nuestro Gobierno. Están manejando plata pública de una manera escandalosa: la vida de lujo y beneficios de (Leonardo) Fariña, lo de OSDE, que es repugnante, cuando el Estado está desfinanciando el programa nacional de vacunas".
Según pudo corroborar este medio, "el valijero" fue guionado para implicar a Lázaro Báez y llegar a Cristina Kirchner en la causa de la obra pública, tal como explicó su ex abogada, Giselle Robles. Antes de su segunda indagatoria, en la que la letrada advirtió que siguió el guión al pie de la letra, mantuvo una reunión con Garavano en la que el Ministro le dijo que siga por el mismo camino que hasta ahora. Así, declaró el 1 de agosto y comenzó a recibir beneficios, dijo la abogada a este medio, como un nuevo departamento, mayores libertades y el pago de la prepaga OSDE por más de $9.500 mensuales. Es "un evasor, que está mintiendo en todas las causas contra ex funcionarios, y tiene un régimen de privilegios inadmisibles", expresó Tailhade.
El diputado, además, enfatizó el caso de otro testigo protegido: el del empresario Mariano Martínez Rojas, que vació el Grupo 23. "Lo que hicieron con él es, básicamente, tortura", dijo y agregó: "Es un paciente con problemas psiquiátricos y toma entre tres y cuatro pastillas, por lo menos hasta hace seis meses, según me contó alguien que conocía el tema. Los del Programa le daban, no cuatro sino dos y al otro día le daban las otras dos. Nunca le daban las pastillas completas como para estar en buenas condiciones".
Pero, además, Tailhade sostuvo: "Tengo el dato de un expediente que tramita en el juzgado de Gustavo Darío Meirovich, que es sobre la "mafia de los contenedores"". En este expediente, dijo el diputado, consta que Martínez Rojas recibió "de parte del Programa una suerte de escritorio para poner en su celda. Ahí había un cajón imperceptible pero, si uno busca lo encuentra, que tenía una soga con la horca preparada. Está fotografiado y en el expediente".
Por todo lo expuesto, el diputado adelantó que denunciará penalmente a los funcionarios macristas que usan un programa de protección como un instrumento de apriete contra ex funcionarios del Gobierno anterior.
Cerrar sesión