El Tribunal Oral Federal 2 llamó a un cuarto intermedio en la causa por presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, donde Cristina Kirchner es investigada. La próxima audiencia será el lunes que viene.
En una audiencia colmada, que incluso obligó a que se habilitara otra sala contigua para el público, el juicio comenzó con la presencia de la ex mandataria, quien se sentó detrás de los ex funcionarios Julio De Vido, José López y el dueño de Austral Construcciones.
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A la derecha de la referente opositora se encontraba su abogado, Carlos Beraldi, y detrás suyo, con blindex mediante, el público compuesto por diputados, legisladores, dirigentes de organismos de derechos humanos y militantes.
El Tribunal está integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, mientras que Adriana Palliotti interviene como jueza sustituta, aunque esta última no estaba presente debido a que lleva adelante otro juicio.
Además de la líder de Unidad Ciudadana, se encuentran imputados Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala.
En la pimera audiencia, el presidente del Tribunal, Gorini, pidió a los imputados estar atentos al juicio y fue cruzado por el abogado Maximiliano Rusconni, defensor de De Vido, quien intentó formular un planteo pero el juez le dijo que no era el momento y que se debía dar comienzo a la lectura del requerimiento de elevación a juicio.
El rechazo del magistrado se debió a que que aún quedan pendientes planteos de las partes que la Corte Suprema de Justicia no resolvió y que apuntan a decretar la nulidad del juicio.
Así, el secretario del Tribunal comenzó a dar lectura del requerimiento hecho por los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques con el cual la causa pasó a etapa de juicio oral y público. La lectura de la acusación llevará entre tres o cuatro días y luego el Tribunal dará pie a los planteos preliminares de las partes, para más tarde permitir la indagatoria de los 16 acusados que tiene el hecho.
En el juicio se evalúa cómo fue la adjudicación de 51 obras viales a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, donde hubo una presunta concentración en detrimento de otros estados provinciales: en la actualidad está en curso una pericia a cargo de expertos contadores de la Corte Suprema de Justicia sobre cinco de ellas para determinar si existieron sobreprecios.
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