El Gobierno nacional compró las primeras 100 pistolas Taser para las fuerzas de seguridad, para lo cual pagó al proveedor más de 5 millones de pesos. El monto total de la operación fue de 5.285.000 pesos, es decir que cada pistola costó 36.635, mientras que el valor de los cartuchos operativos fue de 1.005 y los de capacitación, 966.
Tras el proceso de licitación, el Poder Ejecutivo se inclinó por la oferta de la empresa Axon, que entregará 100 pistolas, 1000 cartuchos operativos y 600 para capacitación. La adquisición de este tipo de armamento, que algunos consideran no letal pero que la ONU advirtió que puede ser un método de tortura, se da a casi tres meses de la reglamentación del uso de este tipo de implementos por parte del Gobierno.
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En mayo pasado, se había establecido que en agosto empezarían a ser utilizadas estas armas electrónicas por los efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que desarrollar sus tareas de prevención de delitos en terminales aeroportuarias, portuarias y ferroviarias.
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Según establece la legislación vigente, este tipo de pistolas serán empleadas "para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la comisión de un delito de acción pública".
La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, advirtió que las Taser podían ser usadas "en el hospital Posadas", donde la Gendarmería suele hacer custodias.
A la hora de aprobar el uso de este armamento no letal, el Gobierno había subrayado que eran utilizadas en países como Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Noruega, Polonia, Reino Unido, Turquía, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia.
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