En 2016, el gobierno de Macri emprendió el proceso de revisión tarifaria integral, con la doble finalidad de eliminar los subsidios a la energía y recomponer las ganancias de las empresas. Este segundo efecto es lo que permitiría, según el razonamiento de Gobierno, incrementar las inversiones del sector y asegurar la sustentabilidad del sistema.
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Así como en la década del 90, en el marco de la reforma del Estado y la ley de convertibilidad, se ataron las tarifas de servicios públicos a la inflación de Estados Unidos, durante la gestión Cambiemos se reconocieron costos en dólares a las empresas energéticas. En 2016 se dolarizó el gas, y en 2017 la generación de electricidad, según la resolución 19/2017 de la secretaría de Energía. En audiencia pública se fija un precio al gas en boca de pozo y al Mwh mayorista. También se fijan los precios que pagarán los consumidores por estos conceptos, pero mientras que los costos reconocidos a las empresas están en dólares los precios pagados por los hogares se encuentran pesificados. La diferencia entre el precio pagado por los hogares y los costos reconocidos a las empresas constituyen los subsidios a la energía. La evolución del dólar es clave para determinar tanto los precios, como el subsidio que deberá realizar el Gobierno.
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Los subsidios a la energía eléctrica representan la mayor partida presupuestaria del Ministerio de Energía. El precio del MWh mayorista, a partir del cual se construye alrededor del 60% de la tarifa final, es revisado anualmente en audiencias públicas. CAMMESA, una empresa del Estado, le compra a las generadoras la energía al denominado precio spot y luego la vende a las distribuidoras a un precio denominado estacional. La diferencia entre el precio de compra y el precio de venta constituyen los subsidios a la energía que el Gobierno pretendía inicialmente reducir a cero para fin de 2019.
Ahora bien, en 2017 ese precio spot abonado a las empresas se dolarizó. Aunque en una primera instancia se iba a trasladar ese aumento a las distribuidoras, el Gobierno decidió absorberlo, lo que implicó un aumento exorbitante de los subsidios a partir de las alzas experimentadas por el dólar. Con un precio de MWh spot promedio fijado en 74,8 dólares, el precio del MWh en pesos pasó de $1346,4 $2244.
En el Presupuesto 2018 había fijado un monto de subsidio de $65000 millones a la energía eléctrica, pero el dólar presupuestado promedio del año era de $19, y ya había sido superado para el mes de febrero. Un cálculo sencillo, nos permite ajustar los subsidios requeridos según la evolución del tipo de cambio. Asumiendo a partir de agosto un dólar estable de $30, el total asciende a 86.952 millones de pesos, una diferencia de 21.952 millones con lo presupuestado.
Para esconder esto, el Gobierno viene haciendo contabilidad creativa subejecutando el presupuesto. Según cifras oficiales hasta el 14 de junio solo se había ejecutado 34,27% del presupuesto anual del ministerio de energía. El Gobierno se encontrará en octubre en una disyuntiva muy grave: trasladar el incremento del dólar a las tarifas finales en la audiencia pública pautada para revisar el componente de generación o absorber estos mayores costos como subsidios, lo cual dificultaría aún más que cumpla con los requerimientos de déficit fiscal asumidos con el FMI.
Como ejemplo de la magnitud que tuvieron los incrementos en el precio de la electricidad, el gráfico 2 muestra el aumento en el costo de una canasta básica de energía de 250 Kwh mensuales (un consumo mínimo que incluye, por ejemplo, 5 focos led prendidos 8 horas, una heladera, un ventilador, un lavarropas con un lavado diario y una TV y una computadora por 4 horas diarias). Si se traslada el aumento del dólar en la audiencia pública de octubre, dado que en las tarifas el costo de la generación de energía es de aproximadamente el 60%, se estaría abonando por el consumo mínimo de un hogar pequeño $875. No se incluye en este cálculo el costo de los aires acondicionados que se usan en verano, lo que sin dudas aumentara muchísimo mas estos valores. Tampoco se considera los incrementos adicionales que el gobierno podría establecer si pretende realizar una reducción adicional como estaba pautada originalmente.
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