El jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri lleva cinco años sin reglamentar una ley de controles de talleres clandestinos. El proyecto, enviado por el propio Macri a la Legislatura, se aprobó pero después de cinco años aún no lo reglamentó.
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El 29 de marzo de 2006 seis inmigrantes bolivianos (una mujer, un adolescente y cuatro chicos) murieron durante un incendio en un taller clandestino en el barrio porteño de Caballito. El hecho, que puso al descubierto una larga serie de irregularidades, logró que el Gobierno porteño entonces a cargo de Jorge Telerman activara los controles: 90 días después del incendio, en junio de 2006, más de 500 talleres ilegales habían sido clausurados.
Tomando como antecedente la tragedia en Caballito, Macri envió a la Legislatura un proyecto de ley - que se aprobó en marzo de 2009 - para inspeccionar y regularizar los talleres clandestinos. Desde entonces, la ley permanece sin reglamentación.
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), de las 48.800 inspecciones programadas la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPDT), que cuenta con 109 agentes, sólo llevó adelante 35.805 (un 25 % menos).
Entre los fundamentos del proyecto se puede leer: "Una vía de abordaje del problema puede ser la punitiva, ordenando la clausura lisa y llana de dichas unidades informales de producción, con el consabido costo de la pérdida de la fuente de sustento para innumerables trabajadores y trabajadoras. Otra alternativa posible consiste en desarrollar un programa de regularización de la actividad, destinado a las micro y pequeñas empresas".
Un relevamiento de 2012 presentado por la Auditoría porteña resalta que más del 70% del presupuesto para subsidios para paliar la situación de emergencia de los talleres se destinó a la contratación de la empresa UBATEC S.A. por un "servicio de consultoría y asesoramiento para la prestación de un servicio de digitalización y procesamiento de imágenes en formato PDF" para la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad.
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