El Banco Central (BCRA) arrancó la cuarta semana de corrida decidido a jugar todo para frenarla. Ayer ofreció USD 5.000 millones con un precio tope de $ 25 por dólar en el mercado mayorista. Vendió menos de USD 500 millones. Esto lo hizo para llegar más oxigenado al “supermartes”, el vencimiento de la mitad del stock de Lebacs que se produce hoy. En el llamado “supermartes” vencen títulos por alrededor de $ 645.000 millones (USD 26.000 millones).
Con la intervención de ayer, el BCRA buscó enviar la señal de que el dólar no continuará su ascenso, y para los tenedores de Lebacs podría ser negocio renovarlas. ¿Qué tasa será suficiente para tentar a los inversores y evitar que se vayan a comprar dólares? Ayer el mercado secundario operó con tasas que rondaron el 45 % anual. Será alrededor de este rango lo que exigirán los tenedores para no liquidar sus tenencias e irse a dólares. Recordemos que en la última licitación, realizada en abril, los papeles se renovaron a una tasa de 26,30 % anual.
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Descontando las Lebacs en manos de organismos públicos y las que poseen entidades financieras que necesitan mantener activos en pesos, y cuya renovación, por lo tanto, está asegurada, podría estimarse que un monto de entre $ 100.000 millones y $ 150.000 millones podría no renovar. Estamos hablando de que un monto de pesos equivalente a USD 6.000 millones podría volcarse a reforzar la presión en el mercado cambiario como resultado del vencimiento de las Lebacs.
No es la de este lunes la primera intervención fuerte que realiza el BCRA desde que se inició la corrida. En estas semanas vendió USD 9.000 millones, elevó la tasa de interés de referencia de la política monetaria de 27,25 % a 40 % anual, disminuyó de 30 % a 10 % las tenencias de activos en moneda extranjera permitidas a los bancos e inició intervenciones en mercados de dólar futuro. Esto último Sturzenegger lo había evitado hasta ahora porque, a instancias de exfuncionarios de Cambiemos como Alfonso Prat-Gay, representantes de la administración anterior están siendo juzgados por operaciones de esta índole.
Todas estas intervenciones no sirvieron para poner un freno al dólar. En el último mes la depreciación del peso alcanza 27 % y, desde que empezó el año, 35 %. De esta forma, aunque el “supermartes” termine siendo menos convulsionado de lo esperado, gracias a las fuertes prevenciones del BCRA y la elevada tasa que convalidará, todo parece insuficiente para aplacar la corrida.
El Gobierno apeló al Fondo Monetario Internacional como “garantía en última instancia”. Aunque la cuota del país en el organismo haría pensar en un crédito de menos de USD 30.000 millones, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne aspira a negociar un acuerdo de “alto acceso” superior a ese monto. Con este refuerzo, el Gobierno quiere transmitir una señal de fortaleza para aplicar la corrida. El viernes habrá novedades sobre las tratativas. Pero los tiempos del FMI parecen eternos para las urgencias que impone la corrida.
Lo que es seguro es el alto precio que el FMI impondrá para su “ayuda”: ajuste del gasto público, haciendo eje en gastos sociales (y también obra pública). También sabemos que son del agrado del staff del organismo medidas como la flexibilización laboral, que el Gobierno presentó el año pasado como parte de su plan de “reformismo permanente”. Tal vez tengan en cuenta la precariedad política del Gobierno de Macri antes de evaluar cuánto le exigirán en este sentido, pero sabemos que nada bueno va a salir de las gestiones.
El apuro del Gobierno se debe a que los inversores de cartera iniciaron una fuga del país en respuesta a sus desequilibrios de cuenta corriente y fiscal. El Gobierno generó una deuda pública nueva de USD 100 mil millones en dos años (75 % en moneda extranjera), para ubicarla en USD 320 mil millones. Un crecimiento sin precedentes.
La Argentina demanda más dólares de los que genera con sus exportaciones, lo cual responde al déficit comercial, las transferencias de utilidades de empresas extranjeras, los servicios de la deuda en dólares y la fuga de capitales. En esto hay una responsabilidad compartida entre esta administración y la anterior. Recordemos que, en nombre del pago serial y el “desendeudamiento”, se saldó durante el período 2003-2015, cuando el país contó con un holgado superávit comercial, una deuda de más de 200 mil millones de dólares, según afirmó Cristina Kirchner, y que insumió más de USD 70.000 millones en dólares contantes y sonantes. A esto se suma una fuga de capitales (encarada en su abrumadora mayoría por los grupos económicos dominantes) y remesas de utilidades de las empresas extranjeras al exterior, que durante los doce años de Gobiernos kirchneristas totalizaron otros USD 140 mil millones. Esta friolera mostró la preeminencia que mantuvieron los grandes grupos locales y extranjeros y su capacidad para dominar la apropiación del excedente y determinar su destino según sus intereses privados, que se mantuvo en los años kirchneristas, mientras inexplicablemente celebraban una transformación estructural. El Gobierno de Macri tiene así más capacidad para fundamentar su endeudamiento “serial” en la necesidad de dólares.
El segundo motivo que empuja a la administración de Macri al Fondo es el fiscal. A pesar de los recortes a los subsidios de servicios públicos que fueron de la mano de los tarifazos, el déficit sigue en 6 % del PBI. Esto es por la espiral de endeudamiento, que agrava el peso de los intereses, y porque recortó impuestos, beneficiando sobre todo a las grandes empresas y los sectores de mayor riqueza, por casi 2 % del PBI.
La salida de capitales que afronta la Argentina, que es lo que explica la virulencia de la corrida cambiaria que el Gobierno no termina de controlar, nos remite a la profundidad de estos déficits gemelos, que a la vez nos remiten al problema de la deuda, tanto por el costo de lo que se pagó serialmente cuando abundaban dólares del comercio exterior, como por la espiral de endeudamiento iniciada en diciembre de 2015. Por eso, desde el Frente de Izquierda planteamos que es urgente rechazar el acuerdo con el FMI y los planes de ajuste que el Gobierno va a pactar, pero también exigir el no pago de toda la deuda ilegal e ilegítima, pagada década tras década a costa de las necesidades populares.
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