Sojeros, gremios, Gobierno y la pulseada por los salarios

11 de noviembre, 2014 | 20.33
Por Diego Genoud
Especial para "El Destape"

La primera audiencia fue tan importante que se hizo directamente en la Casa Rosada y sentó al jefe de Gabinete Jorge Capitanich y al ministro de Trabajo Carlos Tomada con los sindicalistas del gremio aceitero y los representantes de la multinacional Cargill. La huelga por tiempo indeterminado que inició la semana pasada el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario estaba paralizando la actividad en la planta más grande que la cerealera norteamericana tiene en Argentina, en Villa Gobernador Gálvez-Punta Alvear, donde se muelen alrededor de 15 mil toneladas de soja por día.

Alineado con la CGT de Hugo Moyano, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (SOEAR) denuncia que Cargill admitió en 2013 una facturación de $ 26 mil millones pero mantiene una práctica de los años noventa que no se condice con sus ganancias: la tercerización laboral.

"Por cada $ 100 de las ventas que declara en los últimos años, Cargill paga salarios a sus trabajadores y contribuciones patronales por el equivalente a algo menos de $ 1 en promedio, menos del 1 %", dice el sindicato enrolado a nivel nacional con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para el gobierno -que puso todos sus esfuerzos hasta que logró levantar el paro y pasar a un cuarto intermedio- el reclamo es de lo más inoportuno. Estalla en el momento exacto en el que el Banco Central aguarda que los pulpos exportadores que controlan el comercio exterior argentino cumplan en su totalidad con el compromiso que asumieron a fines de octubre de liquidar U$S 5700 millones. Desde entonces adelantaron U$S 941 millones vitales para que la entidad que preside Alejandro Vanoli llegue con aire a 2015. Cargill sabe que en momentos de mayor confrontación con los fondos buitres, el conflicto hubiera sido una posibilidad para que la Casa Rosada presione a su manera sobre los tribunales de Nueva York: no ahora.

El gremio aceitero afirma que 100 de los 400 empleados de Cargill en Gobernador Gálvez se quedan afuera del convenio 420/05, que rige la actividad principal. Son trabajadores de limpieza, de carga y de descarga que tienen contratos precarios y cobran entre $ 5 mil y $ 7 mil de sueldo básico mientras que los aceiteros hoy perciben $ 10.800.

Lucha desigual

Pese a que la historia se parece a la de David y Goliat, la Federación aceitera que lidera Daniel Yofra a nivel nacional se convirtió en 2014 en la piedra en el zapato para las exportadoras y para el gobierno: obtuvo el aumento más alto de la ronda de paritarias del año que se va: 38,9%, un mal ejemplo, casi 10 puntos por encima de lo que cerraron gremios oficialistas como la UOM o la UOCRA.

La respuesta al reclamo de los aceiteros contra la tercerización de Cargill vino del sindicato que se vería afectado en parte por el pase de los empleados al convenio más favorable, la Unión de Recibidores de Granos, URGARA. Lo llamativo no fue sólo la medida de fuerza -un paro simbólico declarado en los puertos- sino sus argumentos: "Si el Gobierno quiere que las cerealeras empiecen a liquidar sus exportaciones para cobrar las retenciones va a tener que resolver esta situación". Como sucede en demasiados gremios, el dirigente Alfredo Palacio -también alineado con la CGT de Moyano- hablaba en nombre de la multinacional norteamericana.

La tercerización laboral en las exportadoras que transformaron el complejo sojero argentino es la contracara incómoda de la pujanza del agro-negocio. Lo mismo que el juicio -para muchos, histórico- por el asesinato del campesino Cristian Ferreyra que se lleva adelante en estos días en Santiago del Estero, la tierra del radical Gerardo Zamora, hoy tercero en la línea de sucesión.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena denuncia que hay por lo menos 9 millones de hectáreas en disputa entre empresarios sojeros y campesinos pobres. Acribillado por orden del empresario santafesino Jorge Ciccioli, Ferreyra no fue una excepción: la guerra por el metro cuadrado lo incluye en una lista de muertos más o menos anónimos de los últimos años, de la mano de la expansión de la frontera agropecuaria y del aumento de las hectáreas que se traga el monocultivo de soja.