Cristina Kirchner fue sobreseída por el juez federal Luis Rodríguez en el marco de una causa en la que había sido acusada por supuesta “insolvencia fraudulenta” para evitar embargos judiciales.
La vicepresidenta había sido acusada de poner bienes, cuentas bancarias y acciones de sociedades a nombre de sus hijos para evitar responder a embargos en causas penales, según denunció el abogado Santiago Dupuy De Lome.
Sin embargo, tras una serie de medidas de prueba, el juez Rodríguez sostuvo que la cesión de derechos hereditarios gananciales que la ex mandataria realizara en favor de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner ocurrió antes de que fuera procesada y embargada.
“Sin perjuicio de cuándo fue publicada la `noticia´ y de cuáles eran para ese entonces los autos de méritos decretados en los expedientes sustanciados en su contra, conforme se encuentra acreditado en la presente causa (mediante copias de la escritura correspondiente) la cesión de derechos hereditarios gananciales” de la ex presidenta en favor de sus hijos “tuvo lugar el 10 de marzo de 2016”, sostuvo Rodríguez en el fallo armado el 17 de diciembre.
Y señaló: “En esa fecha no solo no se encontraba procesada -ni se había decretado embargo alguno sobre sus bienes- sino que ni siquiera había prestado declaración indagatoria. Sí se encontraba convocada a hacerlo (el 26 de febrero anterior había sido convocada para el 13 de abril siguiente) en la causa conocida como dólar futuro".
Además, el magistrado sostuvo que la denuncia, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, tenía también un inconveniente en relación al tipo legal: “Cabe recordar que el delito de insolvencia fraudulenta no se tiene como objeto para punir al insolvente, sino al deudor fraudulento que finge insolvencia o que realiza actos dispositivos de su patrimonio con el único propósito de eludir una obligación civil. Ello no ocurrió”.
En esa línea, Rodríguez sostuvo que “no solo el patrimonio de Cristina Fernández, sino el de la sociedad conyugal toda se encuentra al alcance del Estado si es que con él se debe responder a cualquier tipo de obligación que un accionar ilícito (que de momento no ha sido comprobado) pudiera, en un futuro, llegar a ameritar”.
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