En lo que va del año, 92 represores dejaron las cárceles para volver a sus casas. No son unos pocos beneficiados, sino que representan una tendencia que muestra que casi el 64 por ciento de quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura purga su condena o espera el juicio lejos de la prisión, según las estadísticas difundidas esta semana por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. La situación preocupa a los organismos de derechos humanos, que temen que los arrestos domiciliarios funcionen como un mensaje de impunidad.
El año arrancó con el mismo número de represores en sus casas que como había terminado 2017: 549. Pero, en nueve meses, trepó a 641. La cifra difundida por el Ministerio Público Fiscal asombra más si se la coteja con el número de genocidas que están presos: solo 272. Y puede preocupar aun más si se presta atención a las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal (SPF) – que depende del Ministerio de Justicia: en establecimientos federales, solo hay 217 genocidas presos.
La tendencia a que haya cada vez más genocidas en la casa se acentuó con fuerza en 2016 – coincidentemente con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Hasta 2015, la propensión mostraba que el mayor número de condenados o acusados por delitos de lesa humanidad purgaba o esperaba su condena en la cárcel. Pero cambió en 2016, cuando los represores presos eran solo 460 y 519 los que estaban en domiciliaria. En 2017, el salto fue a 549 represores detenidos en sus domicilios. No es una variación tan significativa como la que ocurrió en los últimos meses y podría explicarse por la reacción social que generó el fallo del 2x1 de la Corte Suprema que abría la puerta para una liberación temprana de los genocidas. Sin embargo, este año el proceso se aceleró.
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Los números de la Procuración muestran, también, que hay más causas en trámite o ya elevadas a juicio que las que fueron juzgadas, por lo que el proceso de juzgamiento goza de buena salud, aunque la cárcel para los perpetradores ya no es la regla. Noventa y cuatro causas esperan para ser examinadas por un tribunal oral y 254 se están instruyendo.
“El proceso de juzgamiento está plenamente activo. Eso es un buen signo”, dice la fiscal María Ángeles Ramos, a cargo de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, en diálogo con El Destape. “Pero notamos un incremento considerable de las domiciliarias. Eso nos marca un punto diferencial con el resto de las causas – por ejemplo, por delitos comunes –en las que no se cumple con la misma proyección”, agregó.
Ramos explicó que, desde el Ministerio Público, están siguiendo con atención las domiciliarias que se otorgan por razones de edad sin que exista una razón de salud que lo justifique y que demuestre que la persona puede recibir un mejor tratamiento en la casa que en su lugar de detención. Los fiscales, además, están pidiendo que a todos aquellos que pasan a la modalidad de arresto domiciliario se les coloque una tobillera electrónica que permite controlar que no dejen la casa sin autorización.
Diez días atrás, un grupo de defensores de represores se reunió con dos representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) – como difundió El Destape. En esa reunión, los abogados le hicieron saber a los clérigos que están reclamando la salida anticipada de la cárcel para los mayores de 65 años y no de 70 – como marca el Código Penal. Se amparan en instrumentos internacionales ratificados por Argentina.
En la misma línea, pero no tanto
El SPF también – como la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad -- registra una caída en el número de detenidos en sus dependencias desde 2016.En ese momento, eran 313 los acusados o condenados por delitos de lesa humanidad presos en unidades federales, como Marcos Paz y Ezeiza. El año pasado, el número bajó a 248 y este año son 217. Según el organismo dirigido por Emiliano Blanco, de esos 217: 176 están procesados y solo 41 condenados.
Las estadísticas de la Procuración difieren levemente. Los números indican que son 177 los detenidos – tanto en domiciliaria como en las cárceles federales – que tienen su condena confirmada por la Corte Suprema. De esos, 33 están presos en el SPF y 22 en cárceles provinciales. Según los datos del Ministerio Público, los condenados ascienden a 862 y sólo 177 lo están con condena firme, lo que muestra una mora por parte del máximo tribunal y de la Cámara Federal de Casación Penal a la hora de revisar las sentencias. La inexistencia de una sentencia firme fue el eje en el que se basaron los supremos Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para abrir la puerta del 2x1.
Una nueva etapa
En una audiencia intermedia entre la Navidad y el Año Nuevo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la detención domiciliaria de una de las caras más visibles del exterminio: Miguel Osvaldo Etchecolatz y su traslado a su casa del Bosque Peralta Ramos en Mar del Plata. Si los jueces esperaban que su decisión se diluyera entre noticias de vacaciones y precios para las fiestas, les sucedió todo lo contrario. La calma del Bosque quedó sacudida por la presencia del número dos de la Policía Bonaerense durante la dictadura: vecinos y turistas peregrinaron a diario para mostrar su repudio por la presencia del represor e incluso se realizó una multitudinaria marcha que recorrió gran parte de la ciudad balnearia.
La oposición a la domiciliaria de Etchecolatz puso en el tapete el rechazo social que existe a la posibilidad de volver a vivir juntos con los genocidas, y probablemente también envió un mensaje de alerta a los magistrados, que explique por qué entre diciembre de 2017 y marzo de este año no se registraron nuevas domiciliarias. También puede haber influido la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que devolvió a Etchecolatz a la unidad penitenciaria de Ezeiza.
“Muchas veces se trata de pensar a las domiciliarias como una cuestión burocrática judicial, pero hay una simbología muy fuerte en muchos de los imputados que muestra que socialmente no hay margen para eso”, dice la abogada Guadalupe Godoy, quien fue una de las más activas impulsoras de la revocatoria de la domiciliaria a Etchecolatz.
“El problema no son las domiciliarias que se dan como corresponde, el problema es que hay una mecánica por la cual los juicios continúan, pero con todos en sus casas. Entonces se convierten en un ejemplo de impunidad”, remarca Godoy.
En agosto, los querellantes quedaron azorados al enterarse que dos represores que están siendo juzgados por crímenes cometidos en la Brigada de San Justo aprovecharon el cuarto intermedio de la segunda audiencia para irse a tomar un café. Algunos datos: El juicio se hace en La Plata, pero Enrique Godoy y Alejandro Alberto Menichini están en domiciliaria en Mar del Plata, por lo que el TOF 1 de La Plata los autorizó a seguir el juicio desde la Cámara Federal de la ciudad balnearia. El fotógrafo Marcelo Núñez los retrató saliendo solos de los tribunales y yendo hasta una hamburguesería en la Diagonal Pueyrredón. Guadalupe Godoy pidió que se informara quién había autorizado la salida.
Ni Godoy ni Menichini ya se toman la molestia de ir hasta la Cámara marplatense desde ese episodio del 15 de agosto. En La Plata, no hay represores sentados en la sala escuchando los testimonios. Solo dos, Rubén Alfredo Boan y el exjuez Juan María Torino, van hasta los tribunales de Comodoro Py para seguir las audiencias por videoconferencia.
Imputados que asisten cuando quieren y otros que se van sin control. “Hay una sensación de vuelta a los juicios por la verdad”, dice la abogada querellante.
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