La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) está en el ojo de la tormenta judicial. El organismo quedó expuesto como un actor clave en el armado de causas judiciales contra dirigentes opositores en el último tiempo, es decir, como uno de los brazos ejecutores del Lawfare que se implementó en la Argentina. En este marco, el pasado martes, el juez y abogado Juan María Ramos Padilla volvió a arremeter contra la exSIDE, a la que adjudicó un rol clave en el inicio de la causa “Puf Puf”. Lo hizo en un escrito en el que pidió la nulidad del mentado expediente, que presentó ante el juez Claudio Bonadio, el fiscal Franco Picardi (nuevo fiscal del caso) y la Cámara Federal porteña.
En su presentación, Ramos Padilla (p) también cuestionó el accionar del juez que impulsa la pesquisa, Bonadio; del camarista Martín Irurzun; del Gobierno y distintos legisladores nacionales, como Elisa Carrió.
Para el abogado y juez, padre del magistrado de Dolores que impulsa el D’Alessiogate, la causa Puf Puf “demuestra la complicidad manifiesta entre servicios de inteligencia, jueces, diputados y funcionarios del partido de gobierno”.
En su presentación, Ramos Padilla (p) focalizó en el rol de la AFI: “Se observa que la Agencia Federal de Inteligencia almacenaba escuchas que luego puso a disposición de legisladores, fiscales y jueces. En el caso, luego del allanamiento ocurrido en la casa de Marcelo D´Alessio, se articuló de inmediato un mecanismo para ‘blanquear’ estas escuchas y empezaron a proliferar causas a partir de anónimos”.
Así fue que surgieron los casos Puf Puf 1 y Puf Puf 2, ambas el mismo día que se conoció públicamente la existencia del D’Alessiogate. Una de esas causas se abrió en base a un anónimo con transcripciones de las escuchas a los presos K que presentó el fiscal Carlos Stornelli. La otra, con el mismo material, fue presentada por las “lilitas”, Paula Oliveto y Mariana Zuvic.
La que inició Stornelli terminó archivada por el juez Luis Rodríguez, a instancias del fiscal Jorge Di Lello. La segunda recayó en manos de Bonadio, quien le dio impulso. En ese expediente se investiga, entre otros, al propio Ramos Padilla (p), a su hijo, Alejo Ramos Padilla (que imputó a Bonadio en el D’Alessiogate); y hasta la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ramos Padilla (p) señaló que las escuchas a dirigentes kirchneristas detenidos, que dieron inicio a Puf Puf, se realizaron “a espaldas” del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien fue el magistrado que había dispuesto las interceptaciones telefónicas de la cárcel en la que están recluidos los exfuncionarios K. Villena había ordenado pinchar los teléfonos en el marco de una causa en la que investigaba a Mario Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina”. Se trata de un expediente iniciado en 2016 por el hallazgo en el aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque, en Paraguay, “de una encomienda” que contenía “dispositivos para la fabricación de explosivos” . Bonadio se tomó de esas interceptaciones para impulsar algunas de las causas que tiene en su juzgado.
Respecto a Villena, Ramos Padilla (p) sostuvo que “jamás fue informado de la actividad de inteligencia sobre las personas detenidas en el Complejo Federal de Ezeiza a disposición de Bonadío que estaba realizando la Dirección de Contrainteligencia de la AFI”.
Para el abogado y juez, no hay dudas: “Es evidente que existió una decisión deliberada de las agencias de inteligencia del Estado de recabar información e interceptar las comunicaciones de aquellas personas detenidas –ex funcionarios de gobierno pertenecientes a la oposición-”.
“La Agencia Federal de Inteligencia, por intermedio de la diputada Carrió –y la
participación de las Dras. Oliveto y Zuvic-, fórum shopping mediante, logró introducir prueba ilícita al sistema judicial para dar inicio de manera ilegal a este expediente”, sentenció luego.
Hasta el momento hay más de 11 mil fojas con transcripciones de las escuchas de las que se sirvió Bonadio, quien las utilizó -al menos- en la causas Puf Puf y Cuadernos. Y eso cuenta “sólo por las conversaciones captadas entre el 1º de enero y el 10 de febrero, a las que deben sumarse todas aquellas obtenidas desde el 21 de septiembre de 2018”, que son las que requirió Bonadio a Villena para incorporar a la causa de las fotocopias.
“Se observa una clara práctica de espionaje político y judicial propia de un Estado totalitario”, afirmó Ramos Padilla (p).
Un actor fundamental
“La AFI es un actor fundamental en todo este armado”, explicó a El Destape, el abogado Andrés Albor, quien representa legalmente a Ramos Padilla (p) en Puf Puf 2.
No está de más recordar que el organismo de inteligencia, que depende de Presidencia de la Nación, lo dirige un íntimo amigo del jefe de Estado, el escribano Gustavo Arribas. Lo secunda en el cargo, Silvia Majdalani.
“El organismo actuó de espaldas al juez Villena. Escuchó y guardó toda esta información cuando debió notificar a Villena, en caso de entender que podía haber algún tipo de delito colateral, cosa que no existió. Y, en todo caso, el juez de Lomas de Zamora era quien debía haber derivado la causa para su sorteo o tomar una medida complementaria”, añadió.
“Escucharon las conversaciones privadas de los abogados y los detenidos para conocer sus opiniones y estrategias de defensa. Solo con el objetivo de armar carpetas. Es el modus operandi de la AFI: reunir información para utilizar cuando lo crea conveniente”, indicó el letrado a este medio.
“Los responsables de la AFI deberán dar explicaciones del accionar de sus dependientes respecto de toda estas cuestiones”, destacó. Y adelantó que este lunes irá a los tribunales de Comodoro Py para conocer si hubo avances respecto a la presentación que realizó el martes.
Antecedentes
El objetivo de fondo de Ramos Padilla (p) es que la causa Puf Puf 2 se declare nula. Pero lo cierto es que aún no fue aceptado por Bonadio como parte en el expediente.
En diálogo con El Destape, Albor precisó que “está pendiente que Bonadio nos tengan como parte. Según el Código Procesal Penal, cuando te nombran en una causa y más si te investigan tenés derecho a acceder a tomar vista para ejercer tu defensa. En este caso, Bonadio solicitó información sobre la vida privada de mi cliente pero nos niega el acceso al expediente. Dice que no somos parte”.
En la presentación que realizó el martes Ramos Padilla (p) recurrió a antecedentes jurídicos internacionales para resaltar que la causa Puf Puf 2 debe declararse nula por abastecerse de pinchaduras ilegales de teléfonos. Hizo una reseña de cómo en “diferentes Estados este tipo de maniobras siempre fueron descalificadas”.
Por ejemplo, citó casos que se dieron en Estados Unidos, que “fue uno de los primeros países en descalificar jurisprudencialmente este tipo de afectaciones al derecho a la intimidad en el marco de las telecomunicaciones”. Ese rechazo terminó dando curso a una metodología que se conoce como “bandeja de plata”, es decir, “información que se genera o se reserva de manera ilegal y que es traída al plano institucional mediante denuncias anónimas”.
“Quienes se vieron impedidos de hacer valer en los juicios criminales aquellas pruebas obtenidas realizando tareas de vigilancia e interceptación” apelaron a un nuevo instrumento que la doctrina y jurisprudencia bautizaron como “bandeja de plata”, que hace referencia “a los casos en que los agentes federales entregaban a sus pares estaduales las pruebas obtenidas ilegalmente a fin de que sean utilizadas en procesos penales ordinarios, con el objetivo de lograr una respuesta diferente en el ámbito estadual; esto es, que estos jueces acepten incorporar como prueba aquellas interceptaciones que no habrían de ser aceptadas en un tribunal federal”, indicó Ramos Padilla (p). Para él no hay dudas de que el caso Puf Puf “replica el esquema de ‘bandeja de plata’”.
También hizo referencia a ejemplos europeos como los casos “Naseiro” y “Kruslin” y regionales como el caso “Escher”, que aconteció en Brasil y abordó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“No es la primera vez y no somos el único país del mundo en el que las agencias de inteligencia han intentado eludir las barreras constitucionales y legales que trazan una línea divisoria entre la legalidad y la ilegalidad. Tal vez lo que asombra en este caso es la complacencia de algunos actores del sistema judicial y político que no tienen reparos en violentar los principios más elementales del Estado de Derecho”, concluyó Ramos Padilla (p) en su escrito.
Con los engranajes del Lawfare cada vez más expuestos, quienes dieron luz verde a la persecución tendrán que brindar explicaciones.
Cerrar sesión