Hace años, y en silencio, Cambiemos comenzó a planificar un último meganegocio inmobiliario que se concretaría con la privatización de tierras estatales y el corrimiento del Puerto de Buenos Aires para extender Puerto Madero, el barrio más caro y ocioso de la Ciudad, beneficiar a empresarios e incrementar la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires.
Como adelantó El Destape, en 2016 el PRO empezó a diseñar el proyecto que se convertirá en un negocio millonario para los amigos de siempre, como Nicolás Caputo, Paolo Rocca y Eduardo Costantini. El plan comenzó hace tiempo con la construcción de Catalinas I y II, el Antepuerto y el Paseo del Bajo y se completará con el traslado del Puerto de Buenos Aires a terrenos ganados al río para liberar las terminales actuales y habilitar negocios inmobiliarios, comerciales y turísticos.
La española Indra diseñó un Puerto operado por una sola empresa – actualmente son tres – que, bajo presión de Nicky Caputo como cónsul de Singapur, quedaría para una compañía oriunda de ese país. El proyecto implica la construcción de una isla sobre el Río de la Plata para trasladar el puerto allí y liberar la zona donde actualmente se encuentra, pese a no haber realizado el estudio de impacto ambiental requerido.
En las 27 hectáreas que quedarán libres, se desarrollará Distrito Puerto – o Puerto Madero II -, una terminal de cruceros y un negoción para los amigos del poder, lo que beneficiará la especulación y perjudicará a los sectores medios y populares de la Ciudad, además de habilitar la entrega de tierras estatales a privados.
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El documento oficial, al que accedió El Destape, fue diseñado en la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Ciudad junto al Ministerio de Transporte de la Nación, de Guillermo Dietrich. En él, con fecha 2017, se planteó la promoción de la “mixtura de usos y social” en todo el espacio, así como una continuidad espacial con Puerto Madero y la generación de un “zócalo comercial dinámico” en la zona.
Al respecto, el exlegislador porteño, Rafael Gentilli, señaló a este medio: “Hay cero mixtura social (en el proyecto oficialista). En una ciudad con un déficit habitacional similar al porcentaje de viviendas ociosas, con alquileres en aumento, problemas de los sectores medios en acceso a la vivienda, no sólo los pobres, ¿es necesario extender la lógica de Puerto Madero destinada a grandes poderes adquisitivos, como reserva de valor y no para que la gente viva? No”.
Por código urbanístico, el diseño debe contemplar un 65% de terrenos públicos, entendidos como calles y parques, y un 35% destinado al sector privado, lo que implica casi 150 mil metros cuadrados para el negocio inmobiliario y comercial. Esta superficie le asegura a los inversores una cantidad de 933.600 metros cuadrados construibles (incluye los pisos en altura) y casi 747 mil metros cuadrados destinables a la venta.
Para acceder al tentador negocio, los privados comprarán el metro cuadrado al Estado – son tierras nacionales – por US$ 1.300 y lo venderán, como piso, a US$ 4.250. De este modo, la inversión total para la compra de todo el polígono sería de U$S 1.214 millones y la venta alcanzaría, como mínimo, los U$S 3.081 millones. Arquitectos aseguraron a El Destape que los primeros metros cuadrados vendidos siempre son más baratos que los posteriores, ya que la zona va ganando valor, por lo que este precio seguramente se vería modificado en el futuro.
Parte de los ingresos que el Estado perciba por la venta de terreno fiscal serán destinados al financiamiento de la construcción de espacios públicos en el Distrito Puerto. Según el proyecto de Transporte, necesitarán US$ 56.559.800 para costear las zonas verdes y la infraestructura que serán de uso común. En tanto, los privados ganarán con la venta de departamentos y oficinas en edificios que podrán ser de entre 76 a 94 metros de altura, por las limitaciones propias que impone la cercanía con el Aeroparque.
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Ni lento ni perezoso, el Gobierno ya habilitó una salida para los constructores e inversores. En 2016 se aprobó la ley del blanqueo de capitales en la que se estipuló que no pagarán un impuesto especial por la declaración y repatriación de dólares que tenían en el exterior quienes destinen ese dinero a proyectos de infraestructura o inmobiliarios, entre otros puntos. Por lo tanto, no es descartable que la compra de tierras públicas se haga mediante este instrumento.
En la vereda de enfrente, en tanto, se perderán tierras estatales para financiar la especulación inmobiliaria y el negocio de algunos, así como se dificultará el acceso a la vivienda y se ampliará la capacidad de utilizar los ladrillos como inversión en lugar de solucionar un déficit habitacional que se profundizará más en caso de concretarse el proyecto.
La entrega del Puerto
Este negociado inmobiliario será posible gracias a la entrega del Puerto de Buenos Aires, que Mauricio Macri quiere dejar en manos de su “hermano del alma” Nicolás Caputo. Como reveló El Destape hace un mes, se licitará por cinco décadas y lo operará una sola empresa en lugar de tres, como sucede actualmente.
La firma PSA de Singapur pareciera la que se erige como principal beneficiaria tras las modificaciones en los pliegos que realizó el Ejecutivo, aunque no se descarta que quede en manos de otra firma con el mismo origen, según pudo reconstruir este medio. Llamativamente, oficia de cónsul de ese país en Argentina “Nicky” Caputo.
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El puerto mueve millones de dólares por año y, hasta el momento, la manejan tres firmas: UTE Terminales Río de la Plata SA, APM Terminals y Bactssa. Sin embargo, el Gobierno recortará el número a solo una. Esta idea surgió de un estudio que ordenó Macri a Indra en 2016 por un total de US$772.483.
El diseño se realizó en dos etapas. La primera tiene fecha del 12 de diciembre de 2016 en la que se planteó la concesión de "dos terminales de contenedores". La segunda etapa tuvo lugar en junio de 2017 cuando se propuso pasar a una sola terminal.
El Ejecutivo Nacional avanza con la construcción de la isla. El 4 de septiembre lanzaron la licitación pública para la "provisión de 1.300.00 metros cuadrados de arena" para el relleno de la terminal exterior con un presupuesto estimado en $33.300 millones más IVA, más de US$17 millones a llevarse adelante en 300 días corridos.
Sin haber realizado un estudio de impacto ambiental, esta terminal estaría fuera de la ubicación geográfica actual del puerto, en terrenos ganados al río y quedarían liberados terrenos estratégicos para el negocio inmobiliario del Puerto Madero II.
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