Primer round: Los 100 días que definirán el futuro del gobierno de Alberto Fernández

El primer round es hasta marzo. Para entonces, la Argentina habrá renegociado con éxito su acuciante deuda externa o deberá blanquear el default virtual en el que se encuentra. En cualquiera de los dos casos, comenzará otra etapa. En los despachos de la Casa Rosada, donde aún persisten rastros que delatan la reciente mudanza, existe la sensación de que en estos primeros cien días, o cien y pico, se juega, en cierta medida, el futuro. Dependerá del éxito del diálogo con los acreedores, por supuesto, pero también de cumplir el contrato electoral que prometía una mejora inmediata de las condiciones de vida, en particular las de aquellos que hoy no llegan a poner dos platos de comida por día en la mesa. Otras prioridades que se marcó el Presidente en su discurso inaugural revisten la misma urgencia: para Alberto Fernández, desarmar los artilugios contrademocráticos en el Poder Judicial, los servicios de Inteligencia y los medios de comunicación masivos es condición necesaria para poder ejercer el poder que le confiere su investidura de forma plena.

Son muchos frentes para ordenar, en simultáneo, y poco tiempo para hacerlo. El primer paso para tener éxito en esa tarea es comprender que no pueden entenderse cada uno de los desafíos como compartimentos estancos. Como dijo Martín Guzmán en su presentación en público el miércoles pasado, “existen varios desequilibrios conectados”. El diagnóstico no se limita a la macroeconomía sino que puede replicarse en materia productiva, social, sanitaria o de política exterior. Fernández asume la presidencia de un país descompensado: la primera tarea es estabilizar. Mauricio Macri había llegado al poder en 2015 con la promesa de volver normal un país crispado, atípico, que vivía de sobresalto en sobresalto. De todas las promesas que no cumplió, quizás esa fue la que le resultó más costosa, en términos electorales. Hace bien su sucesor en tomar nota de esa deuda. El verano de 2020 marcará la dirección y el sentido para la Argentina de los próximos cuatro años. Los planes para marcar ese rumbo ya están en marcha.

Hubo, durante los primeros días del nuevo gobierno, la sensación de que faltaban anuncios importantes, de esos que reducen a la mínima expresión el resto de las noticias en la portada de los diarios de la mañana siguiente. Ya nadie creía lo mismo el sábado por la mañana: justo antes del fin de semana se anunció un cambio a la alza en el esquema de retenciones al agro y el regreso, por 180 días, la doble indemnización por despido. Las decisiones causaron, como era esperable, resistencia en las patronales, sobre las que se montó un sector del macrismo residual que aún responde a Marcos Peña para convocar a una primera protesta en contra de Fernández. Será el miércoles por la tarde frente al Congreso, que por esas horas estará aprestándose a dar media sanción al proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica que al cierre de este boletín terminaban de ajustar el propio Presidente, el ministro Guzmán, su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

El texto, aunque aún no tiene la letra chica definida, y por tanto es susceptible a cambios, consta, groso modo, de tres partes. La Solidaridad Social es un eufemismo para incrementar la recaudación vía aumento de tributos a sectores que cumplen dos condiciones: capacidad contributiva y dinero fuera del circuito productivo. En ese sentido, se evalúan nuevas retenciones a la exportación de productos sin valor agregado; un incremento del impuesto a Bienes Personales (que podría ser aún más gravoso para valores radicados en el exterior); algún tipo de tributo a los gastos de argentinos en el exterior y una marcha atrás con la reducción de aportes sociales que había dispuesto el gobierno de Cambiemos para las empresas. Esta lista podría ampliarse con otros gravámenes que seguía evaluando el gabinete económico, siempre con la consigna de mejorar la recaudación sin imponer medidas que resulten contractivas para una economía que necesitará la mayor cantidad posible de recursos genuinos para ponerse de pie.

La segunda parte del proyecto habla de Reactivación Productiva y propone transferencia de recursos, puesta en marcha de programas y reparto de beneficios con la intención de dar músculo al mercado interno. En ese sentido, se dispondrá de un aumento de suma fija a las jubilaciones más bajas, las asignaciones familiares y los sueldos que se encuentran en la base de la pirámide. Habrá refinanciamiento a tasas bajas de las deudas con Anses, que hoy en día alcanzan a un 30% de los jubilados y a un 95% de los beneficiarios de AUH. Fernández dispondrá la relocación de las partidas necesarias para cumplir con la ley de Emergencia Alimentaria, aprobada en las postrimerías del macrismo pero nunca ejecutada por el gobierno saliente. Si a eso se le suma la tarjeta alimentaria que implementará el ministerio de Desarrollo y la ampliación y el control efectivo del cumplimiento del programa de Precios Cuidados, en el Frente de Todos confían que las primeras señales de alivio en los sectores más carenciados no deberían llegar mucho después que los Reyes Magos.

Por último, el texto que ingresará mañana al Congreso declara la emergencia en materia económica, social y sanitaria. Este pasaje del proyecto prevé la delegación de facultades del Poder Legislativo al Presidente para que implemente las medidas necesarias para paliar los efectos más urgentes de la crisis. Un clásico en esta clase de instancias, no sorprende que el oficialismo lo proponga ni que la oposición de turno patalee y se abstenga de colaborar. Entre Sergio Massa y Máximo Kirchner hacen cuentas y apilan porotos: la mayoría necesaria se agrava por la urgencia en el plazo, que propone tratar el asunto en Comisiones el martes y aprobarlo al día siguiente en el recinto. Han hecho saber a los negociadores de los distintos sectores que conforman Juntos por el Cambio que están dispuestos a revisar algunos pasajes del texto si es necesario para lubricar su éxito. Hay algunas cosas, sin embargo, que no se negocian. Será una semana para estar atento a cómo trabaja sus diferencias el archipiélago que aún responde al nombre de Juntos por el Cambio.

Si el proyecto sortea sin problemas la Cámara de Diputados, menos problemas tendrá en el Senado, donde, con viento de cola, podría completarse el primer triunfo parlamentario del oficialismo en vísperas de Navidad. Las sesiones extraordinarias están convocadas hasta el último día de este año y los legisladores ya dan por descontado que habrá una nueva convocatoria en enero. La duda que los corroe, a esta altura, es si habrá una semana o dos de vacaciones antes de volver a sesionar. Varios de ellos cancelaron planes de viaje al exterior para instalarse en la Costa Atlántica o en casas quinta del conurbano bonaerense, desde donde pueden ir y venir al Congreso según resulte necesario sin arruinarle el verano, también, a sus familias. De paso, se reduce la salida de divisas por turismo, que en 2018 causaron un déficit en el sector de 8000 millones de dólares. Win win situation. Si diciembre será el mes de la agenda económica, entonces en enero será el turno del otro tema que Fernández puso bien alto en su lista de prioridades.

Fue acaso el pasaje más fuerte de su discurso de asunción, cuando prometió intervenir a Agencia Federal de Inteligencia y pidió un Nunca Más para Comodoro Py. Son dos batallas simultáneas y paralelas, porque jueces, fiscales, operadores y espías conforman una sola trama de corrupción y tráfico de influencias que pone límites opacos y arbitrarios a la democracia. Desde el momento en que se decidió a darlas, el Presidente supo que la persona adecuada para ponerse al frente de esa tarea era Gustavo Béliz, que había presentado un proyecto en ese sentido durante su paso por el gabinete de Néstor Kirchner, antes de que las internas de los servicios lo obligaran a exiliarse durante quince años de la política y del país. Fernández está convencido de la necesidad de contar con un amplio apoyo popular a la hora de ir al choque. Por eso decidió utilizar los fondos reservados para el programa de Lucha contra el Hambre. Es difícil creer que haya sido casual que la reaparición de Béliz, durante la campaña, fuera en el acto en el que se anunció ese plan.

Ni bien las normas que permitan volcar recursos a la calle para paliar las urgencias estén aprobadas, el Ejecutivo enviará al Congreso su proyecto para reformar la administración de justicia. Para evitar que todo el Poder Judicial se atrinchere en una defensa corporativa, la ministro de Justicia Marcela Losardo ya inició diálogo con distintos sectores, para acordar algunos puntos de la ley. Las negociaciones están en curso pero por estas horas tomó fuerza la idea de acelerar los tiempos de implementación del nuevo Código Procesal Penal, que fue aprobado durante el gobierno de Macri. Respecto a la AFI, el proceso anunciado por Fernández el martes ante la Asamblea Legislativa ya está en marcha, de manera subterránea, a juzgar por la actividad inquieta de algunos operadores más o menos conocidos. En los próximos días se conocerá la identidad del interventor y la magnitud de su tarea. La idea que guarda el Presidente está encerrada bajo siete llaves. Cualquier cuidado, en esta materia, resulta insuficiente.