Preso por robar comida: el hambre y la judicialización de la pobreza que deja Mauricio Macri

Robó jamón y queso y lo detuvieron. Lo condenaron a dos meses de prisión en suspenso. Tiene 35 años, es adicto, no tiene trabajo ni relaciones familiares y lo llamaremos Mauricio para preservar su identidad. Volvió a robar comida, esta vez dos cajas de hamburguesas. Lo detuvieron y esta vez terminó preso. Sigue en la Unidad 19 de Ezeiza. Su caso, al que accedió El Destape, dista de ser excepcional, sino que forma parte del proceso de judicialización de la pobreza que llevó adelante el Gobierno de Mauricio Macri para agrandar estadísticas de un supuesto combate contra la inseguridad. Mientras Alberto Fernández elabora un plan para combatir el hambre, casos como este se repiten.

Mauricio, cuyo caso es solo un ejemplo, muestra el ensañamiento que pueden tener sectores del Poder Judicial con los sectores más vulnerables de la sociedad a través de la figura de flagrancia, una de las recetas Made in USA que logró imponer el macrismo en su primer año de gobierno.

En la primera condena contra Mauricio, el detalle de los robos fue el siguiente. El “Hecho 1” detalló: “se le atribuye haber intentado apoderarse ilegítimamente de nueve bandejas de fiambre -cinco de jamón cocido natural ‘Cagnoli’ y cuadro de bondiola ‘Paladini’- por un monto total de $775,85 del interior del Supermercado Coto ubicado en la calle Cullen 5085 de esta ciudad”. En “Hecho 2”, el detalle fue: “se le imputa al nombrado haber intentado apoderarse ilegítimamente de dos paquetes de queso semi duro marca ‘La Serenísima Chubut’ uno de ellos con un peso aproximado de 0,570 kgr y el otro 0.524 kgr” en un Supermercado Walmart”. Poco más de un kilo de queso. Fueron en marzo y junio de 2018.

Tal como publicó El Destape, en una nota de Florencia Alcaraz y este cronista, la mayoría de las causas por flagrancia suceden en supermercados barriales y las grandes cadenas. Las cadenas de supermercado recuperan los objetos robados. Sin embargo, algunos de sus representantes legales insisten con la cárcel para quienes le roban en una escala muy menor y no aceptan la posibilidad de la probation. La desproporción entre el denominado hecho delictivo y el proceso judicial es enorme. La diferencia entre el monto robado y lo que le cuesta al Estado encarcelarlo (policías, fiscales, jueces, papeles, etc...) es totalmente desproporcionado. 

Al momento de evaluar la pena para Mauricio en estos estos dos casos (jamón, bondiola, queso) el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N 28 Carlos Mariano Chediek dijo que tuvo “en cuenta la naturaleza, modalidad y reiteración de su conducta delictiva contra la propiedad y en su favor que se trató de mercadería comestible, su colaboración con el accionar de la justicia al asumir la responsabilidad del hecho que aquí se le reprocha, su vulnerabildiad social”. La pena que resolvió coincidió con la que pidió el fiscal Sandro Abraldes: dos meses de prisión en suspenso y costas, es decir, que tenga que pagar además los gastos del juicio.

Pero Mauricio terminó preso por un tercer caso, el segundo en judicializarse, que ocurrió en octubre de 2019. Mauricio, según detalla el expediente, “intentó apoderarse ilegítimamente de dos cajas de hamburguesas marca Paty, de 4 hamburguesas grandes de carne 100% vacuna seleccionada, por un valor de $300 (pesos trescientos) cada una” en un supermercado chino.

Con este nuevo caso revocaron la condena anterior, donde la prisión era suspenso, y lo condenaron a 2 meses y 15 días de prisión efectiva. Lo resolvió la jueza María Alejandra Provítola.

Provítola fue designada al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional N 6 el 7 de noviembre de 2017. Su decreto no lo firmó Mauricio Macri sino Gabriela Michetti. El presidente estaba en Estados Unidos.

Antes de ser designada jueza, Provítola trabajó con el fiscal rebelde Carlos Stornelli cuando se desempeñó como ministro de Seguridad bonaerense. Allí Provítola estuvo a cargo de Asuntos Internos hasta febrero de 2010, cuando pasó a ocupar la Subsecretaria de Investigaciones e Inteligencia Criminal, virtual número 2 de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Reemplazó a otro fiscal, Paul Starc, acusado de irregularidades en torno a la muerte de la familia Pomar.

Ahora, como jueza de instrucción, es una de las que se ensaña en condenar jóvenes como Mauricio, hoy preso por robar comida.

Tal como informó El Destape un informe de la fiscal Mónica Cuñarro reveló datos sobre la judicialización de la pobreza. En especial, vinculadas a los delitos de flagrancia. En estos casos, las personas detenidas pasan uno o dos días privadas de su libertad mientras en los pasillos judiciales se pone en marcha la maquinaria para realizarles un juicio express.

El informe de Cuñarro afirma que “el procedimiento de flagrancia, llevó a que en lugar de que surjan causas complejas, se judicialice la pobreza, ya que el relevamiento realizado muestra que mientras el año pasado aumentaban los procedimientos sobre personas que se encuentran en situación de marginalidad, en situación de calle, varones, desempleados, esto va creciendo, con familias, con mujeres y niños y con severos problemas de adicciones”. Y no solo personas en situación de calle: “Este año aumentan los hechos no ya sobre personas en situación marginal, sino aquellos que tienen trabajo en blanco o trabajo”, señala el informe al que accedió El Destape.

La fiscal Cuñarro advirtió que la ley de flagrancia se presentaba como una herramienta para mejorar la eficacia en el combate del delito, para resolver delitos con penas de hasta 15 años de prisión, reestablecer la confianza en el sistema de justicia ante el delito y para dar una respuesta frente a la Emergencia en Seguridad Pública. En la práctica, Cuñarro reveló que no se cumplió ninguno de estos objetivos. Los casos a los que El Destape accedió muestran además que el único resultado visible es una mayor criminalización de la pobreza y altos niveles de desproporción entre delitos y accionar judicial.

Según el informe de Cuñarro dejaron de aparecer delitos complejos y sólo se investigan hurtos y robos menores. “O en la CABA no hay delitos complejos, o las divisiones especiales en coordinación con los preventores dedicados a la investigación, erradicaron el delito”, ironizó la fiscala, que agregó: “No hay ni una sola causa compleja que se haya investigado en un año; o la policía de la Ciudad tiene delito 0, es decir niveles de países nórdicos, o por una absoluta falta de política criminal, de seguridad, de inteligencia, se pulverizó un territorio que tenía recursos inteligentes para controlar el crimen, sus calles y sus edificios”.