El fiscal Gerardo Pollicitaapeló el fallo que el jueves pasado dictó el juez Daniel Rafecas, quien rechazo a la denuncia de Alberto Nisman por presunto encubrimiento de la pista iraní en el atentado de la AMIA. Para el fiscal, la resolución del magistrado "fue apresurada".
La apelación fue mediante un escrito presentado ante el juzgado del propio Rafecas, quien resolverá si le da curso y si lo envía a la Cámara Federal porteña, donde por sorteo se designará la sala que intervendrá en la causa, informaron fuentes judiciales.
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La semana pasada, el juez había rechazado la denuncia de Nisman, quien acusó un plan orquestado por la Presidenta y el Canciller, para desvincular a los iraníes sospechados de volar el atentado a la AMIA; a cambio de retomar negociaciones con ese país y por el supuesto aprovechamiento de petróleo.
Para Rafecas no hay prueba alguna que pueda dar crédito a esa acusación y rechazó la denuncia, y ahora será la Cámara Federal la que defina si se abre o no una investigación a partir del requerimiento hecho por el fiscal Pollicita.
Nisman presentó la denuncia el pasado 14 de enero, dos días luego de arribar del exterior y luego, el 18 fue encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero, en las torres Le Parc.
Los argumentos de Rafecas
En su resolución, Rafecas sostuvo que "la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión del fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito".
"No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado respecto -aunque sea- a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento por el cual fuera no sólo denunciada sino también su declaración indagatoria requerida", escribió el magistrado.
Para el juez, sostener "una hipótesis de delito de encubrimiento, realmente, carece de todo asidero. Tanto desde el punto de los hechos, como especialmente, desde el Derecho".
"Todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan –en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere –como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas", dice en el escrito.
Además, se pregunta: "¿Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada –en este caso- a prófugos de la justicia argentina?" en referencia a la Comisión de la Verdad creada a partir del Memorando. Rafecas recuerda que la Comisión no se puso en práctica por lo que añade: "¿puede así y todo generar consecuencias jurídicas?" Y retruca contundentemente: "La respuesta es que no. Y mucho menos, en el ámbito penal".
Con relación a la imputación a la Presidenta Cristina Kirchner remarcó que "no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado respecto -aunque sea- a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento por el cual fuera no sólo denunciada sino también su declaración indagatoria requerida". Sobre Héctor Timerman da argumentos parecidos, y resalta que las escuchas "lejos de complicarlo, lo reivindican", ya que las mismas lo ponen como "el objetivo a vencer" por parte de las personas que realizaron las comunicaciones.
La denuncia fue presentada por el fiscal federal Alberto Nisman, quien iba a explicarla ante el Congreso de la Nación el lunes 19 de enero, pero en la madrugada de ese día fue hallado muerto en su departamento de la torre Le Parc.
Tras su misterioso deceso, la denuncia fue tomada por Gerardo Pollicita, quien la presentó ante la Justicia y, tras varias idas y venidas entre el juzgado de Lijo y el de Rafecas, finalmente recayó en este último por decisión de la Cámara.
Cómo sigue la denuncia de Nisman
Tras la apelación presentada este miércoles por Pollicita, esa apelación ahora la toma la Cámara Federal, opina el fiscal de la Cámara y finalmente la Cámara Federal deberá tomar su decisión.
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