El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió al polémico juez Claudio Bonadio que cite a declaración indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA en base a la denuncia de Nisman.
Según indicó el fiscal, nuevas pruebas producidas en la causa le permitieron pedir ahora la indagatoria de Cristina Kirchner como sospechosa. Además, el fiscal, vinculado al PRO desde los tiempos de Boca, requirió la indagatoria del ex canciller Héctor Timerman, el dirigente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque, el líder del partido MILES, Luis D Elía; el ex jefe de Quebracho, Fernando Esteche, además de algunos ex funcionarios de la Cancillería y de la agencia de Inteligencia del Estado.
Según la denuncia del fallecido fiscal, el memorándum de entendimiento con Irán tenía como fin oculto lograr la impunidad de los acusados del atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994 y que causó 85 muertos.
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El memorándum implicaba conformar una "comisión de la Verdad" que revisara todos los aspectos del frondoso expediente y permitiera la indagatoria contra los acusados, algo a lo que Irán históricamente se negó y que impidió que la causa avanzara.
El acuerdo, aprobado por el Congreso argentino, no se puso en práctica jamás ya que fue el propio Irán el que boicoteó su aplicación.
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Luego de esa presentación del ex titular de la UFI AMIA, el propio jefe de Interpol en 2013, Ronald Noble, desmintió a Nisman y afirmó en una entrevista a Página 12 que el Gobierno argentino había dejado en claro su voluntad de mantener vigentes las alertas rojas, que implican el pedido de captura internacional contra un ex presidente y altos funcionarios iraníes.
La denuncia de Nisman, fallecido cuatro días después en circunstancias aun no definidas, fue rechazada en cinco oportunidades en la Justicia federal, hasta que, tras el cambio de Gobierno, la Cámara de Casación Penal se rectificó y abrió el expediente.
Inclusive, llegó a abrirse una causa paralela por el fiscal Germán Moldes por el delito de "Traición a la Patria", que recayó en el juzgado de Bonadio y en el cual se basó para pedir unificar el expediente, que había recaído originalmente en las oficinas de Julián Ercolini.
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