Pese a la dura embestida de Mauricio Macri contra la procuradora general, Alejandra Gils Carbó fue invitada por el Papa a un congreso en el Vaticano. Se trata de un encuentro de juezas y fiscales del mundo contra la trata de personas, organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.
La invitación se extendió “siguiendo el deseo del papa Francisco”, de acuerdo narra el periódico La Stampa, de Italia. La jefa de fiscales aceptó una nueva invitación y viajará junto a "jueces y fiscales mujeres de distintos fueros y varios países a la vez" para participar en noviembre próximo de una segunda cumbre sobre tráfico de personas y crimen organizado, informaron a DyN fuentes del Ministerio Público.
A la primera cumbre sobre ese tema, realizada en junio de 2016, fueron invitados por el Papa y asistieron el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los jueces federales Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Sergio Torres, Julián Ercolini y María Romilda Servini. No es la primera vez que la procuradora general es invitada por el papa Francisco al Vaticano: ya lo visitó febrero de 2014 y en diciembre de 2016.
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Esto sucede en medio de fuertes críticas del Gobierno nacional. El propio Macri dijo en marzo pasado: "No es una procuradora independiente, es una militante del kirchnerismo. Ella está detrás de todas estas denuncias motorizadas en contra mío".
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Además, el bloque de diputados de la alianza oficialista Cambiemos pidió que Gils Carbó informe a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público sobre "las supuestas irregularidades que se le atribuyen en el proceso de designación de fiscales".
En los tribunales federales de Comodoro Py, el fiscal Carlos Rívolo impulsó una investigación penal por supuestas irregularidades en la compra de la actual sede central de la Procuración, en la calle Perón 667, de esta capital. Al respecto, Gils Carbó presentó un informe a la Comisión Bicameral en el cual aseguró que dispuso abrir una investigación interna por un presunto caso de "utilización de información privilegiada" que involucra a un funcionario del organismo que presuntamente brindó datos a un familiar para favorecer a la inmobiliaria que intervino en la operación.
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