Persecución judicial y AMIA: las claves del recorte a los espías

El presidente Alberto Fernández parece decidido a demoler uno de los pilares de la persecución judicial: el vínculo promiscuo entre algunos jueces y fiscales y la vieja SIDE, es decir, entre el Poder Judicial y los espías. En la apertura de sesiones legislativas anunció que dictará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la Ley de Inteligencia Nacional y cortar definitivamente esa relación. También informó que ordenará la desclasificación de testimonios de espías y de documentos reservados vinculados al atentado a la AMIA, un reclamo histórico de los familiares de las víctimas.

Promiscuos

“Dictaré un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia. No habrá excepción alguna que quiebre esa resolución”, afirmó el Presidente, en línea con su discurso de asunción del pasado 10 de diciembre y con el carácter que le imprimió a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE. 

La clave del anuncio es una excepción que consta en el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, donde se especifican prohibiciones que tienen los organismos de inteligencia. En su redacción actual, ese artículo dice que esos organismos no podrán “realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales”. Hasta aquí lo mismo que dijo el presidente. Sin embargo, el artículo tiene una excepción que dice: “Tampoco podrán cumplir funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico y fundado realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley, en cuyo caso le serán aplicables las reglas procesales correspondientes”. Esto es lo que se modificará con el DNU que firmará el presidente en los próximos días. Y es fundamental para terminar con la persecución judicial, con el lawfare, con lo que el propio Fernández calificó como “los sótanos de la democracia”, ya que cortará el rol de la casa de los espías en causas judiciales.

El anuncio presidencial va en sintonía con la intervención de la AFI dispuesta a finales de diciembre. La interventora, la fiscala Cristina Caamaño, firmó el 13 de enero una resolución que puede leerse ahora como el prólogo al DNU que rubricará el presidente Fernández en las próximas horas. En esa resolución, la 17/20, la interventora de la AFI dispuso “la reducción al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA y, en consecuencia, su participación como auxiliar de la justicia” y les pidió a los jueces de todo el país que aplicaran “de forma restrictiva” los pedidos de colaboración a la AFI. Ahora, con el DNU del presidente, esto directamente se modificará en la ley de Inteligencia Nacional.

AMIA

En la apertura de sesiones, el Presidente no eludió el tema AMIA sino todo lo contrario. “Ordenaré a la Agencia Federal de Inteligencia desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo. Lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema”, afirmó.

Se trata de un reclamo histórico de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Y va en línea con otros decretos dictados en su momento por Néstor Kirchner y por CFK durante sus respectivas presidencias, donde se fueron desclasificando archivos y algunos testimonios. Lo novedoso ahora es que, según informó el presidente Fernández, se desclasificarán “los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia”.

Hace unos días la interventora de la AFI Caamaño recibió a las referentes de Memoria Activa, Diana Wassner y Adriana Reisfeld. El motivo fue informarles sobre la finalización de obras de limpieza y refacción de un depósito de la AFI donde estaban almancenadas escuchas y documentación sobre los atentados a la AMIA y la embajada de Israel en condiciones de extrema vulnerabilidad. En esa reunión, desde Memoria Activa reiteraron a la interventora Caamaño la necesidad de continuar con la desclasificación de archivos vinculados a los atentados. Ante los anuncios del presidente, desde Memoria Activa recordaron que se trata de su reclamo histórico y adviertieron: “Esperamos que las medidas anunciadas por Alberto Fernández no queden en el mero discurso (como ha ocurrido ya) y pasen a ser hechos. Estaremos atentos a su cumplimento, ya que de concretarse, seguramente se estará construyendo una sociedad un poco más justa que la que tenemos hoy”.