El jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta fue denunciado por las irregularidades en la licitación del Paseo del Bajo para beneficiar a IECSA, la empresa que comparten Ángelo Calcaterra y Marcelo Mindlin. La denuncia la hizo Cecilia Segura Rattagan, presidenta de la Auditoría porteña. Las maniobras denunciadas, tal como reveló El Destape, están vinculadas a la manipulación del proceso de licitación para que Calcaterra y Mindlin se quedaran con el tramo más jugoso de la obra, un negocio de más de 3.000 millones de pesos. El caso ahora será investigado por una fiscalía anticorrupción, por lo que Rodriguez Larreta tendrá que poner a funcionar todo su aparato de blindaje mediático para tapar este escándalo.
El caso no sólo involucra a Rodriguez Larreta. Como se trata de Calcaterra, primo de Mauricio Macri, y de Mindlin, uno de los empresarios preferidos del presidente, la cuestión es más completa. Sobre ambos hay sospechas de que se trata de los presta nombres de Macri en los negocios que dijo abandonar. A su vez, tal como reveló El Destape, Rodriguez Larreta comparte una fundación con Mindlin, uno de los beneficiarios de esta obra millonaria.
La denuncia, a la que accedió El Destape, fue presentada ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. En criollo, se trata de la fiscalía anticorrupción que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez. Además de Rodríguez Larreta fueron denunciados el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño Franco Moccia, el presidente de AUSA Carlos María Frugoni y la jefa de compras de AUSA Natalia Bustos.
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Si bien, tal como informó El Destape, la Auditoría porteña aprobó hace unas semanas un informe donde constan las irregularidades en el otorgamiento del Paseo del Bajo, la presidenta del organismo, Segura Rattagan, relata: “En el entendimiento que del mismo surgían una serie de irregularidades que podrían configurar graves delitos propuse al Colegio de Auditores Generales la realización de una denuncia penal de carácter institucional, propuesta que no fue acompañada por el resto de los Auditores Generales integrantes del cuerpo”. La Auditoría es un órgano colegiado, donde la oposición tiene la presidencia pero la mayoría de los auditores responden a Rodriguez Larreta y sus aliados porteños.
La denuncia explica cómo se benefició al dúo Calcaterra Mindlin. Como publicó este medio, la decisión clave fue a través de la Circular Sin Consulta N 7 de AUSA, una sociedad anónima cuyo principal accionista es el Gobierno porteño y donde lo que decide su presidente Carlos Frugoni, ex Cardenal Newman, es la voluntad de Rodriguez Larretay Macri.
Técnicamente, Circular Sin Consulta es una decisión que toma AUSA sin que nadie se lo pida. Lo que hizo la N 7 fue fundamental para beneficiar a Calcaterra y Mindlin. En concreto, modificó el orden de otorgamiento de los tramos de la obra para despejarle el camino de competidores a IECSA.
El Paseo del Bajo tiene tres tramos, A, B y C. El pliego de la licitación establecía que la empresa que ganara un tramo no podía competir en los otros y que los tramos se licitarían del más caro al más barato. El orden quedaba C-B-A. Primero el C, con un presupuesto estimado de 4.480 millones de pesos; segundo el B, de 2.350 millones; y tercero el A, por 1.870 millones. “Tal cláusula resulta a todas luces razonable, en tanto de este modo, el Estado se garantiza la mayor concurrencia y en consecuencia el mayor ahorro en el tramo más caro de la obra, excluyendo a la empresa con mejores precios de los tramos más baratos y garantizándose su participación en el tramo más oneroso”, explica la denuncia.
¿Como se benefició a Calcaterra-Mindlin? “La mecánica -denuncia Segura Rattagan-consistió en la emisión de las ‘circulares sin consulta” N 8 para tramo A y N 7 para el tramo B y N 7 para el tramo C, mediante las cuales se derogaba el orden de apertura de las ofertas”.
El objetivo de esta movida fue que IECSA se quedara con el tramo C, despejándole el camino de competidores a los cuales se les dieron tramos más baratos. A los pocos días de emitida la Circular, el 29 de diciembre de 2016, le adjudicaron a IECSA el tramo C por más de 3.000 millones de pesos.
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“Cabe aclarar que la modificación realizada no tuvo justificación alguna en el marco del expediente licitatorio, constituyendo esto una flagrante violación a las normas del procedimiento administrativo”, denunció Segura Rattagan.
La denuncia repasa la jurisprudencia vinculada a este tipo de cambios en un proceso de licitación y plantea: “En síntesis, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la empresa pública Autopistas Urbanas SA, ha incumplido las normas que regulan las contrataciones públicas produciendo modificaciones al pliego de bases y condiciones que rigió la selección de los contratistas de las obras del ‘Paseo del Bajo’”.
“Todas estas irregularidades cometidas por los funcionarios públicos -sigue la denuncia-resultaron en la adjudicación del tramo más oneroso y de mayor presupuesto, a laempresa constructora insignia de la familia presidencial: IECSA”.
El otro actor de esta maniobra es Corsan Corviam, empresa española que desde 2004 forma parte del grupo Isolux. “Fue de público conocimiento que Isolux hacía presentaciones hostiles en todos los tramos, es decir que hacía ofertas muy bajas”, aseguró Segura Rattagana a El Destape. Si mantenían el orden del pliego, el tramo C primero, se la hubiera quedado Isolux y ya no podía participar de los demás.
Al invertir el orden, pasó lo siguiente. En el tramo A, Corsan Corviam (Isolux) ofertó 1.547 millones de pesos, un 13% menos del presupuesto estimado. IECSA, por su parte, ofertó 1.627 millones, un 17% menos. Todas las demás ofertas estuvieron por encima del presupuesto estimado por AUSA. Por ende, el tramo A quedó para Isolux y así no pudo participar del tramo C. Todo esto, señala la denuncia, a pesar de que existían observaciones de la Procuración General porteña respecto a Isolux, que Rodriguez Larreta y sus funcionarios decidieron ignorar.
Cuando se abrieron los sobres del tramo C no hubo ninguna sorpresa. La oferta más baja era la de IECSA, que ofreció 3.183 millones de pesos, un 29% menos de lo que el Estado estimó que valía la obra.
Para la presidenta de la Auditoría porteña, “las maniobras descritas encuadran en graves delitos, principalmente aquellos cometidos en perjuicio de la administración pública. Como referimos, existen sobradas sospechas de encontrarnos ante un incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, una administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública”.
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