Ante la imposibilidad de endeudarse en el exterior, el Gobierno se decidió a usar los fondos de las entidades estatales para financiar sus gastos. Con un DNU, el Presidente obligó a los organismos a comprarle bonos hasta abril del año próximo para financiar gastos corrientes. Además, condona al FGS por una operación pasada que violó la ley que lo regula, luego de que esta dependencia de ANSES perdiera el 50% de sus tenencias en cuatro años.
A través del Decreto 668, Mauricio Macri fuerza a “las jurisdicciones, empresas estatales, fondos fiduciarios y los fondos de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos contemplados precedentemente sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, mediante la suscripción de Letras precancelables emitidas a un plazo que no exceda los 180 días por el Tesoro Nacional”. Esto quiere decir que deberán entregarle al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, todo el efectivo que no tenga un destino específico en las siguientes subastas de títulos públicos.
Un antecedente similar sólo puede conseguirse en 2004, en medio de la brutal crisis que azotaba al país y había costado el paso de cinco presidentes en dos semanas. No obstante, el Gobierno es consciente de las diferencias que sí justificaron esta medida tres lustros atrás. El pretexto de Macri fue que “se busca prevenir la repetición de los factores que la hicieron necesaria en su oportunidad”.
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Uno de los incisos que pasaron inadvertidos de este polémico DNU fue el 4, donde suspende la prohibición de la ley 24.156 artículo 56. Con esto, Macri autoriza a Lacunza a endeudarse para financiar gastos corrientes. Por seguir a rajatabla el manual neoclásico de no emitir billetes, Macri generó una disparada inflacionaria y otras consecuencias críticas para la economía, que se agravarán aún más con esta decisión. Si el Estado aumenta su pasivo para mantener el nivel de gasto sin reactivar la economía, no generará los recursos necesarios para devolverlo.
Autoamnistía por la entrega del FGS
El decreto presidencial plantea un indulto retroactivo por el uso abusivo que le dieron los funcionarios del PRO al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En su artículo 9 propone que “la suscripción de las Letes emitidas el 13 de septiembre queda encuadrada en el presente decreto”, sin precisar de que se trató de los entregados por el FGS al Ministerio de Hacienda.
El jueves 12 de septiembre, el organismo administrado por el secretario general de ANSES, Alejo Maxit, contaba con el 48,6% invertida en bonos estatales. Un informe técnico, al que accedió El Destape, le advirtió al segundo detrás de Emilio Basavilbaso que el monto estaba cerca de su máximo legal del 50%, por lo que sólo tenían espacio para adquirir $ 28.200 millones adicionales en títulos públicos.
No obstante, Maxit ordenó al día siguiente la colocación directa de $ 35.000 millones y U$S 275 millones en Letras del Tesoro a tasas que aparentan una situación normal, pese a que se trata de un emisor en default. Con estos papeles, los bonos en poder del FGS alcanzaron el 51,02% de sus activos, en violación a la ley 24.241 (artículo 74). Si bien la Reparación Histórica les otorga un plazo de gracia de cuatro años “para readecuar sus inversiones a los nuevos topes”, el organismo jamás había contado con más de la mitad de sus tenencias colocadas en estas herramientas financieras, lo que derriba este potencial argumento.
Como en la mesa de operaciones se negaron a llevar adelante la licitación por sus graves consecuencias legales, Maxit debió ejecutarla él mismo, pudo saber este medio. Lo mismo había ocurrido el 28 de agosto, el día en que se anunció el “reperfilamiento”.
El FGS, en la mira de la Justicia por desmanejos
El viernes pasado, la Justicia se volvió a presentar con fuerzas de seguridad en la sede central de ANSES para buscar información en el expediente que investiga desmanejos del FGS en la época de Luis María Blaquier. Éste fue el primer subdirector ejecutivo de operaciones del Fondo, quien se mantuvo en el cargo hasta diciembre de 2016, luego de que El Destape revelara el memorando ilegal que firmó con Qatar.
Blaquier debió prestar declaración indagatoria el 25 de septiembre por haber comprado desde el Estado los bonos de las dos empresas que había dirigido hasta 2015. Luego de haber participado en Arcor y Cablevisión, adquirió desde el Fondo sus obligaciones negociables.
Ya antes, el 18 de septiembre, el juez Sebastián Casanello había realizado una presentación con allanamiento en subsidio en las oficinas de ANSES para recabar información sobre esta causa, por pedido del fiscal Franco Picardi. El magistrado, que maneja el caso con gran hermetismo,deberá definir en los próximos días si procesa al exfuncionario por haberse beneficiado a sí mismo o a terceros con esta operatoria.
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