Oil Combustibles: la AFIP habría ocultado información clave en la causa

En una nueva audiencia en el juicio oral por presunta defraudación de Oil Combustible, el empresario Fabián De Sousa avanzó con la declaración indagatoria que comenzó hacia una semana atrás y expuso los pormenores del mercado petrolero en la Argentina y en el contexto macroeconómico entre 2014 y 2015, lo cual, es un punto central de la trama porque es el período en el cual Oil solicitó acogerse a dos planes particulares de la AFIP para refinanciar sus deudas por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), donde el mercado local sufrió un cimbronazo producto de la devaluación y del congelamiento de precios final. 

Según indicó el portal Ámbito Financiero, a raíz de lo expuesto por el empresario quedaron de manifiesto una serie de inconsistencias en la elevación a juicio que –tal como también había ocurrido con la pericia oficial de la Corte Suprema- llevan a desnudar falencias en la instrucción de la causa que podrían hacer tambalear los supuestos en los cuales se cimentó la acusación.

Una de las revelaciones que atravesaron la jornada fue que al contrario de lo que había postulado hasta ahora la querella de la AFIP, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita y hasta el propio Ercolini, Oil Combustibles nunca retuvo dinero de los consumidores de combustible de las estaciones de servicio que comercializaban sus productos en concepto de Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), eje de la acusación.

Sino que la red de estaciones que operaban bajo bandera de Oil no pertenecía a la compañía petrolera, sino que suscribían contratos por la compra de las naftas. Es decir, las empresas que vendían al consumidor final compraban las naftas a Oil pagando en un plazo preestablecido de entre 30, 45 y 180 días.

“Es una fábula que vendimos al consumidor final. Jamás le vendimos un solo peso al consumidor final”, subrayó De Sousa que volvió a marcar que ninguna de las medidas de prueba que había solicitado para defenderse fueron acogidas por Ercolini.

Asimismo, el empresario desarrolló las resoluciones generales que dictó el ex extitular de la AFIP Alberto Abad durante el gobierno de Cambiemos que terminaron por empujar a la quiebra a Oil Combustibles para impedirle refinanciar su deuda. 

De allí se explica que De Sousa abandonara el directorio de la petrolera en 2017, arrinconado porque AFIP había dictado que ningún directivo podía estar siendo investigado y a su vez pedir acogerse a un plan. Además, ninguna otra empresa encuadraba en la serie de resoluciones que dictaba AFIP para restringir facilidades ya sea porque había sido denunciada por el organismo recaudador, porque financiaba ITC u otros tributos o porque sus dueños coincidían con firmas investigadas.

Al respecto, la AFIP jamás informó si el marco normativo se le había aplicado “la exclusión” a alguien más, lo que volvieron a remarcar como una arista más de la “persecución”. 

De hecho, De Sousa puso como ejemplo que el propio Echegaray confesó durante su indagatoria que debió acogerse a un plan de pagos para sus propios tributos en la actualidad. Lo hizo sin que hubiese restricción alguna por el propio sistema. Por eso, se remarcó que ni López, De Sousa o sus empresas pudieron acceder nunca más a ninguna facilidad merced a las resoluciones de Abad a las que denominó “presiones subjetivas”.

Otro dato que se desprendió de la indagatoria, es que la Administración Federal dio marcha atrás cuando anticipó que iba a responderle al juez Ercolini si alguna otra petrolera había accedido a planes de pago generales, tales como Shell, YPF o Axion. Es que el juicio es por dos planes particulares pero también por dos generales de financiación que Echegaray explicó que no tenían intervención de los funcionarios y que sus parámetros y alertas eran controlados por un software accesible a todos los contribuyentes vía internet.

La AFIP de Abad adujo que estaban bajo secreto fiscal y que no podía revelar si también habían accedido a planes de financiación generales, algo que sería contradictorio con la versión de que Oil había sido la única petrolera en acceder a ese beneficio lo que ratificaría la condición excepcional que relataba la querella.