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El decreto 1.206, firmado por Macri, Marcos Peña y Alfonso Prat-Gay, fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial y aliviana los ya de por sí flexibles requisitos para ingresar al llamado "sinceramiento fiscal" a los parientes de funcionarios públicos, establecida en la ley ómnibus que incluía además reformas impositivas y el pago a jubilados.
En la medida se establece en su artículo 6 que la "exteriorización de capitales" podrá ser realizada en los casos de bienes y tenencia de moneda que puedan acreditar que son anteriores al momento en el que su familiar haya ingresado al Estado.
Esto permitiría que, por ejemplo, Mariano Macri, hermano del presidente, pueda declarar, en caso de tenerlas, cuentas offshore que haya abierto en los 80 y 90, cuando estuvo activa la firma Fleg Trading, descubierta en el escándalo internacional conocido como los Panamá Papers y de la cual era director.
La medida abarca los activos "que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos enumerados en los incisos a) al w) del Artículo 82 de la Ley N° 27.260, hubieran asumido los respectivos cargos", dice textualmente.
La ley 27.260, sancionada a mitad de año, asegura que no pueden blanquear ningún funcionario del ámbito nacional, provincial o municipal, en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, como tampoco aquellos que hayan ocupado dichos cargos a partir del 1 de enero de 2010, estén o no actualmente en funciones.
En el artículo 83 de la presente ley, extiende la prohibición a "cónyuges, padres e hijos menores emancipados". Una enumeración que deja libre a, por ejemplo, hermanos, primos, sobrinos, tíos, nietos e hijos mayores de edad.