Pese a contar con procesamientos, embargos y pedidos de indagatoria, las principales firmas involucradas en el escándalo del capítulo del Lava Jato argentino, que tiene a Odebrecht como el arrepentido estelar, continúan recibiendo y ejecutando gigantescas obras a lo largo y a lo ancho del país bajo la gestión de Mauricio Macri, al punto tal que la cifra ya supera los 20 mil millones de pesos.
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Según puedo reconstruir El Destape en base a las recientes licitaciones y adjudicaciones recibidas por las empresas involucradas en el escándalo del Soterramiento del tren Sarmiento y de la Planta Potabilizadora de AYSA lograron continuar los monstruosos proyectos, aun pese a que los fiscales y jueces que investigan el entramado de corrupción ya han puesto sus ojos en su operatoria.
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Curioso es el caso del soterramiento del tren: según dictaminó el fiscal Franco Picardi en noviembre pasado, la firma IECSA, que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, fue embargada por $54 millones, acusada de haber participado en las coimas pagadas a una consultora fantasma del ex funcionario K Ricardo Jaime. Incluso, el fiscal aportó correos electrónicos que probarían la participación de un gerente de la firma en el pago de coimas, en una obra que, se calcula, contó con un sobreprecio de casi mil millones de dólares.
Sin embargo, el Gobierno nacional decidió quitarle la concesión a Odebrecht, la arrepentida que paga todas las culpas, pero dejó que IECSA continuara llevando adelante su parte, aun cuando todas las pruebas lo incriminan y lo ponen en el centro de la investigación y aun cuando el propio Calcaterra tendrá que rendir explicaciones en declaración indagatoria.
Misma situación ocurre con la Planta Potabilizadora de AYSA: pese a que el juez Sebastián Casanello procesó y trabó embargos millonarios contra Odebrecht y las firmas que participaron del consorcio adjudicatario de una obra, el Gobierno decidió convalidar que apartaran a la constructora brasilera y que Roggio, Cartellone y Supercemento continuaran con normalidad el emprendimiento cuyo sobreprecio fue estipulado por el propio juez en unos 200 millones de pesos sobre los 2200 presupuestados.
Pero eso no es todo, tanto IECSA, involucrada en las coimas del soterramiento del Sarmiento, como las tres firmas implicadas en las de la planta potabilizadora, continuaron recibiendo obra pública y participando de licitaciones como si nada pasara.
En el caso de la firma del primo del Presidente, actualmente se encuentra ejecutando obras por al menos $4000 millones de pesos (Paseo del Bajo y Ampliación del Sistema de Transporte y Distribución de Gas Natural). Por su parte, Roggio participó de la licitación de Participación Público-Privada (PPP) que lanzó el Gobierno recientemente, y sigue ejecutando obras por unos $5000 millones en la actualidad (Arroyo Vega, avenida Beiró y contrato de basura con CLIBA), mientras que Supercemento, asociada con Cartellone, ejecuta la pavimentación de la autopista Federal número 33, por $3.718 millones.
Por su parte, el gigante de la construcción brasilera no está para nada conforme con el correr de los hechos, al punto tal que a través de sus representantes legales en Argentina manifestaron su disconformidad con el proceso local, al destacar que solo a ella le impiden participar de los procesos licitatorios, mientras que a sus socios nada les ocurre.
Según destacó el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, la firma brasilera además sostuvo que "las coimas se pagaban de acuerdo a la participación de cada empresa en el emprendimiento", por lo que tanto IECSA como Roggio, Cartellone y Supercemento, las que actualmente reciben millones del Estado, también ejecutaron una clara participación en la trama de corrupción del Lava Jato.
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