Nuevas medidas en la AFI: refuerzan los controles sobre los espías

En pos de normalizar las actividades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la interventora Cristina Caamaño dispuso una nueva medida que busca tener mayor control sobre las operaciones en las que están involucrados los espías. La fiscal a cargo de la exSIDE dispuso que “toda comunicación verbal o escrita efectuada por funcionarios y/o empleados de cualquiera de los poderes públicos federales, provinciales o locales” con el personal del organismo, en el marco de un procedimiento, “deberá ser informada de forma inmediata” a los directores y directoras a cargo del área en la que reviste el agente involucrado. 

Con esta decisión, indicaron desde La Casa a El Destape, se busca cortar “el juego propio” que un espía pueda tener. Concretamente, obstaculizar cualquier operación de inteligencia política o judicial de las que fueron moneda corriente durante el macrismo.

La decisión de Caamaño apunta a que se cumpla lo dispuesto en el artículo 15 bis de la ley de Inteligencia Nacional (la 25.520), según el cual las relaciones entre agentes de la AFI y funcionarios de otros organismos “sólo podrán ser ejercidas por el Director General o el Subdirector General o por el funcionario a quien se autorice expresamente a realizar dicha actividad”. Si esto no se respeta, se anula todo lo actuado “y hará pasible de responsabilidad disciplinaria, penal y civil a todos quienes incurrieran en dicho incumplimiento” . La misma normativa prevé una pena de “prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por doble tiempo” a quien cometa dicha falta. 

En el mismo sentido, en pos de ordenar las relaciones de la AFI con las entidades públicas, la interventora ordenó también a los y las titulares de las direcciones operacionales, administrativas y de la Escuela Nacional de Inteligencia a designar a los agentes que por cuestiones funcionales establecerán relaciones habituales con otros organismos. Se buscar dejar bien claro quiénes y por qué se relacionan con otras entidades públicas.

Un caso paradigmático que evidencia lo que se busca desbaratar desde la intervención de la exSIDE es el de Eduardo Miragaya, un fiscal que ingresó en la AFI, según informó la ex Nº8, Silvia Majdalani, alrededor de febrero de 2016 y que abandonó la central a fines de 2017. Miragaya quedó envuelto en una operación que se le armó al juez federal Sebastián Casanello para apartarlo del caso conocido como la ruta del dinero K, que involucraba a Lázaro Báez. Fue señalado como uno de los que ideó la acusación contra el magistrado, que sostenía que este se había reunido con la entonces expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada, hecho que derivó en la apertura de una causa penal. Todo ese expediente se apuntaló con testigos truchos que hoy están procesados porque la maniobra se derrumbó. En ese contexto, el macrismo no le renovó el contrato a Miragaya en la AFI “porque no nos gustaba el trabajo que efectuaba”, tal como afirmó Majdalani cuando fue consultada por el diputado Leopoldo Moreau durante una reunión de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los organismo de inteligencia que se realizó en abril del año pasado. 

En el marco de ese diálogo, Moreau consultó a Majdalani y Gustavo Arribas (amigo de Mauricio Macri y entonces titular de la central de inteligencia) si “cuando algún miembro de la AFI se reúne con estudios jurídicos, ¿ustedes autorizan o no los autorizan?”. La pregunta era por los presuntos contactos entre Miragaya y un estudio de abogados que aparece relacionado a la operación contra Casanello. “¿Cómo vamos a saber nosotros con quién se reúne un empleado?”, respondió Majdalani. 

Miragaya terminó dejando la exSIDE y volvió al Ministerio Público Fiscal, donde en la actualidad cumple funciones.

Romper vínculo promiscuo con Py

La nueva decisión de Caamño se da luego de que dispusiese por medio de una resolución que se restrinja el rol de la AFI como auxiliar de Justicia. Mediante esa iniciativa, que se publicó el 15 de enero en el Boletín Oficial, se busca romper la relación promiscua que algunos integrantes del servicio de inteligencia entablaron con ciertos funcionarios judiciales de los tribunales de Comodoro Py.

Caamaño solicitó a jueces y fiscales que restrinjan “al mínimo” el rol la exSIDE como auxiliar de Justicia. Lo hizo mediante la resolución 17/20, en la que estableció que los espías “se aboquen al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos  y el orden constitucional”.

Para lograr que la medida se ejecute, la interventora comunicó su decisión “a los jueces y fiscales con competencia penal en todo el país” para que “apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención” de la AFI “en actividades de investigación criminal en el marco de las causas sometidas a su jurisdicción, las que resultan además propias de otros organismos estatales”.