La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se negó a declarar hoy ante el juez Luis Rodríguez por la causa donde se investiga su responsabilidad en el negociado que armó el ex ministro de Energía Juan José Aranguren con Shell. La funcionaria presentó un escrito donde trató de defender su inacción ante el conflicto de intereses entre el titular de la cartera y la empresa que había presidido meses antes.
La causa inició en 2016 con la denuncia de los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, luego de que le presentaran a la OA un reclamo para que investigue las incompatibilidades de Aranguren. Sin embargo, ante la inacción de Alonso, debieron pedir una pesquisa en Comodoro Py.
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Luego de esquivar a la prensa que se había reunido para entrevistarla, Alonso le planteó hoy al magistrado que “la falta de iniciación de oficio del expediente no se produjo como consecuencia de una omisión, sino simplemente porque la denuncia fue recibida en forma casi simultánea a que comenzaran a estudiarse las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios”. En el documento que presentó, al que accedió El Destape, argumentó que no estaba al tanto del vínculo del entonces ministro con la petrolera: “Se recibió el 16 de marzo de 2016 una denuncia en la que señalaba que Aranguren, además de haber sido previamente presidente de Shell Argentina, era también tenedor de acciones de la empresa Royal Dutch Shell, circunstancia hasta entonces desconocida”.
Alonso, cuyo trabajo debería ser velar por los intereses del Estado, se atajó por las consecuencias penales de sus acciones al plantear que “los conflictos de intereses no pueden asimilarse a los delitos ni implican necesariamente su comisión. Puede haber un conflicto de intereses que no derive en la comisión de un delito y, a la inversa, puede haber un delito sin la configuración objetiva de una situación de conflicto de intereses”.
Según la secretaria de Estado, “ante la primera noticia de que podía llegar a existir una posible incompatibilidad en cabeza de Aranguren, la OA inmediatamente adoptó todas las medidas que normativamente correspondían, tras lo cual concluyó que no había incurrido en una infracción a la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública”. En un escrito de 15 páginas, la funcionaria macrista admitió que a través de la resolución que dictó el 9 de septiembre de 2016, “en el caso bajo análisis no existió un conflicto de intereses, ni una incompatibilidad de Aranguren para ejercer el cargo, ni una violación del deber de abstención o excusación que recaía a su respecto”.
Esa polémica resolución remarcó que el ministro no debía vender sus acciones: “Aranguren no tiene obligación legal de desprenderse de las acciones que posee en la empresa Royal Dutch Shell”. Para Alonso, bastaba con que el petrolero se excuse de intervenir en las cuestiones relacionadas con la compañía.
“Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA. Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, como se desprende del expediente sustanciado”, opinó en el escrito la secretaria de Ética Pública.
Luego de entregar el papel, se retiró sin dialogar con la prensa, con una clara molestia hacia los periodistas presentes, según relató Lucas Martínez en El Destape Radio. Un comportamiento consistente con sus cuatro años de gestión, en los que se negó a aceptar entrevistas de medios no alineados con Cambiemos por su temor, quizás, a dejar en evidencia su accionar parcial.
Como abogada de Alonso se presentó Marta Nercellas, ex representante legal de la DAIA, vinculada a las escuchas ilegales cuando Mauricio Macri ostentó la jefatura de Gobierno porteña. De acuerdo a los registros de esa época, existían 112 llamadas entre la letrada y Jorge “El Fino” Palacios, a quien el PRO había condecorado como jefe de la entonces Policía Metropolitana luego de que le pinchara el teléfono a Sergio Burstein y antes de que fuera procesado por el encubrimiento al atentado a la AMIA. Memoria Activa había incluido el episodio de Nercellas dentro de su pedido de apartamiento del juez José Galeano, quien fue condenado este año por el Tribunal Oral Federal 2. En cambio, absolvieron a Palacios junto con Carlos Menem.
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