El Gobierno porteño aplicó la primera sanción a un chofer del servicio de autos particulares Uber, con una multa de 77.000 pesos y el secuestro del vehículo.
La dura sanción llegó después de que el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 15 de la Ciudad, Víctor Trionfetti, hiciera lugar a un amparo presentado por el Sindicato de Peones de Taxis, que conduce Omar Viviani.
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La empresa internacional Uber aseguró que opera "con normalidad", pese a que la administración de Horacio Rodríguez Larreta consideró que su servicio es "ilegal" y pidió la suspensión de las actividades.
En medio de la fuerte polémica y la judicialización del tema, la administración porteña sacó a las calles un intenso operativo para detectar a los conductores de Uber, multarlos y acarrear sus vehículos.
La primera sanción se aplicó el martes, por un valor de 77.000 pesos, un monto que equivale aproximadamente al 35 por ciento del valor del auto implicado, que también fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.
Tras el procedimiento realizado en avenida Directorio al 500, en el barrio porteño de Caballito, la firma de transporte dijo que se hará cargo de la multa y ratificó que seguirá ofreciendo el servicio.
La Agencia Gubernamental de Control dispuso la clausura del servicio y envió notificaciones a todos los domicilios vinculados a esta empresa, pero allí también las autoridades se encontraron con una sorpresa, ya que aseguran que la compañía no tiene oficinas.
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