La avanzada que realizó el macrismo sobre la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal comienza a darle sus frutos. Los únicos dos magistrados que quedaron en el tribunal emitieron un controvertido fallo el 1º de junio que se ajusta a los deseos de Gobierno: comprometieron a la ex presidenta Cristina Kirchner con la muerte de Nisman.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun aseguraron que el fallecimiento del titular de la UFI AMIA , quien fue encontrado sin vida la noche del domingo 18 de enero de 2015 en uno de los baños del departamento 2 del piso 13 del edificio Le Parc, ubicado en Puerto Madero, se trató de un homicidio y que estuvo directamente relacionado a la denuncia que realizó el fiscal contra la ex mandataria y otros funcionarios, a quienes acusó de encubrir el atentado contra la AMIA mediante la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. También se sostiene que hubo un complot para ocultar el crimen.
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Lo sorprendente es la liviandad de los elementos que se utilizan para sostener esa tesis en una causa tan delicada. Tanto Bruglia como Irurzun descartaron el suicidio de Nisman y cuestionaron las primeras horas de la investigación pero no pudieron asegurar quién fue su presunto asesino; cómo ingresó al departamento ni cómo salió. Tampoco lograron determinar cuál pudo haber sido la mecánica del supuesto crimen. Menos aún, el vínculo entre quién habría sido su asesino y Diego Lagomarsino, propietario del arma que causó la muerte, a quien los camaristas catalogan como una “célula dormida”.
Si bien los camaristas no mencionaron en su fallo a Cristina Kirchner (no aceptaron calificar la muerte como un magnicidio como pedía el abogado de la madre del fiscal, Pablo Lanusse) hicieron foco en los funcionarios kirchneristas involucrados en el caso y en que los policías federales que integraban la custodia de Nisman actuaron de forma irregular facilitando adrede el supuesto homicidio -dicen que hubo un “punto ciego temporal que sirvió a la comisión del hecho ilícito”-.
Para sostener su postura hicieron eje en el estudio de Gendarmería, que depende del la ministra Patricia Bullrich, y que se contrapone con lo que manifestaron los especialistas de la Policía Federal y de la Junta de Criminalistas.
La decisión de los magistrados pareció a pedir del Ejecutivo. Tomándose de esta resolución judicial, el oficialismo, golpeado por el rumbo económico y social del país, busca retomar la iniciativa política y con mucho ruido mediático propuso el 1° de junio en la Cámara Alta tratar el desafuero de la ahora senadora de Unidad Ciudadana, que había solicitado el juez Claudio Bonadio. El pedido se intentará abordar este martes.
Pero ¿quiénes son estos dos jueces que invitan a cerrar el círculo del caso a los denunciados por Nisman en su escrito sobre el Memorándum? (vale recordar que la presentación del difunto fiscal carecía de mínimos elementos probatorios y fue desechada por el magistrado federal Daniel Rafecas, en una primera instancia, algo que fue ratificado por la cámara federal cuando tenía otra integración. Todo esto cambió 180° con la llegada de Macri a la Casa Rosada).
El caso de Bruglia se remonta al 15 de marzo pasado cuando Cambiemos y aliados aprobaron su designación como camarista en el Consejo de la Magistratura (fue un trámite express que concluyó 9 votos contra 2 –lo que grafica el poder del macrismo en el Consejo -). Macri se basó en esa elección y rubricó un decreto presidencial, publicado en el Boletín Oficial el 9 de abril, para confirmarlo en el cargo. Las Acordadas 4/2018 y 7/2018 de la Corte Suprema hicieron tambalear su nombramiento.
Bruglia proviene del Tribunal Oral Federal Nº 4 por lo que no se respetaron las reglas de competencia para su traslado. De más está decir que no concursó para el cargo de camarista. Ni siquiera hubo un sorteo entre otros magistrados de tribunales orales. Según fuentes judiciales, mantiene una estrecha relación con Alejandro Pérez Chada, abogado de Mauricio Macri, del titular de la AFI Gustavo Arribas, de Daniel Angelici y del grupo Clarín, entre otros.
La llegada de Bruglia se inserta en el marco de una avanzada general del macrismo sobre la cámara. Desde que asumió Macri a la fecha, sólo quedó en pie en el mentado tribunal uno de los cuatro jueces que estaban en funciones a diciembre de 2015. Se trata del otro magistrado que firmó la resolución del caso Nisman, Martín Irurzun, hacedor de la doctrina judicial por la que todo funcionario del gobierno kirchnerista es culpable hasta que se demuestre lo contrario y puede ser encarcelado sin sentencia firme.
Lugarteniente de Ricardo Lorenzetti en Comodoro Py, Irurzun también está a cargo de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, encargada de controlar las escuchas telefónicas.
De acuerdo al sitio Chequeado, “el interés por el derecho de Martín Irurzún es compartido por uno de sus hermanos. Ignacio Irurzún, quien dirige el estudio jurídico familiar cuenta entre sus defendidos a variadas figuras”. Entre ellas, se menciona a Jorge Macri, intendente de Vicente López y primo del Presidente. “Su otro hermano, Alejandro Irurzun, es ingeniero en sistemas y trabajó hasta 2014 en la Auditoría General de la Nación (AGN), a donde llegó de la mano de Javier Fernández”, se agrega. Fernández está relacionado al ex agente de inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso, quien estaba estrechamente vinculado a Nisman.
De no mediar inconvenientes para la Casa Rosada, pronto aterrizará en la Cámara Federal otro magistrado nombrado por Cambiemos, Mariano Llorens, cuyo pliego debe tratar el Senado. Tras su designación quedarán tres vacantes más por ocupar.
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