La pandemia del coronavirus colocó en una situación de extrema delicadeza a los 30.000 pacientes con diálisis del país, a los casi 500 centros que realizan este tratamiento y 10.000 profesionales de la salud. Pese a ser una población vulnerable, se ven obligados a romper con la cuarentena tres veces a la semana, exponerse a traslados y contactos que pueden ser peligrosos para ellos y el personal sanitario. A esto se suma una compleja situación económica que atraviesan las instituciones a las que el Estado les adeuda cientos de millones de pesos acumulados durante la gestión anterior.
El doctor Alfredo Casaliba, presidente de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, detalló a El Destape que a la asfixia generada por la deuda que el Estado mantiene con ellos se suma la aparición de la pandemia que obliga a tomar una serie de medidas de cumplimiento estricto, además de la compra de más cantidad de materiales para atender a una población altamente vulnerable, con problemas renales y la necesidad de practicarse diálisis.
Para ello, deben romper la cuarentena tres veces por semana con el objetivo de someterse a un tratamiento de entre cuatro y seis horas diarias. En Chaco, trascendió esta semana, dos pacientes de una clínica de diálisis fallecieron y otros tantos trabajadores están contagiados. Por eso, una de las demandas apunta a la realización de este procedimiento en un hospital o sanatorio, en caso de que la persona haya dado positivo, para evitar traslados hacia el centro y, en consecuencia, peligros innecesarios que podrían poner en riesgo a la población.
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Los pacientes no pueden posponer la diálisis porque implica poner en riesgo su vida. Por eso, para protegerse, aplican rigurosos mecanismos de control para detectar posibles casos positivos. Las personas fueron instruidas para informar la presencia de algún síntoma a su médico de cabecera, quien evaluará la conducta a adoptar, con la recomendación de no viajar al centro.
En caso de no presentar signos, tendrá que trasladarse con un barbijo que no se sacará hasta regresar a su hogar y mantendrá durante toda la sesión. Lo ideal es movilizarse en auto y no en medios públicos, o utilizar las combis dispuestas para hacer estos viajes (costeadas por el Estado pero a precios retrasados) garantizando la distancia social. Ésto implica mayores costos porque deben hacerse más viajes que en épocas normales. Una vez llegados a la institución, se les toma la temperatura y, en algunos casos, se los hace oler vinagre (uno de los indicios más tempranos del virus es la ausencia del olfato), además de un interrogatorio.
El personal sanitario y administrativo también cuenta con equipamiento de protección y se establecieron rutinas de movimientos para no contaminar el ámbito cercano de un paciente. Al terminar cada sesión, deben descartar lo usado y descontaminar el material no desechable, así como limpiar aparatología, sillones y todo mobiliario que haya sido utilizado.
Si antes de la aparición de la pandemia los pacientes podían esperar a ser atendidos en un lugar común, charlando, hoy el contacto es de mínimo a nulo e incluso se les recomienda esperar en su vehículo para no entrar en contacto con terceros.
Pero el problema no es sólo sanitario sino económico. “La deuda nos está asfixiando en todo el país, pero más en la provincia de Buenos Aires, donde hay mayor cantidad de pacientes”. En total, el Estado nacional adeuda $700 millones y el bonaerense otros $300 millones, acumulado desde la gestión anterior con retrasos en los pagos que datan desde julio de 2019. Desde el Gobierno central les aseguraron que el dinero ya fue enviado a las jurisdicciones pero “IOMA (en Buenos Aires) dice que no tiene plata”, dijo Casaliba. Mientras tanto, los centros están contra la pared y en muchos casos tuvieron que aplazar el pago a proveedores, insumos de todo tipo, los servicios que lo permitan, impuestos y deudas con los Bancos.
El dinero adeudado corresponde al Programa Incluir Salud que tiene 2000 pacientes en PBA y más de 5000 en todo el país, dentro del universo total de 30.000. Cada sesión cuesta unos $7.000, o sea unos $84.000 mensuales por persona. Todos los que están en diálisis tienen algún tipo de cobertura que, en mayor o menor medida, registran atrasos en los pagos y mantienen valores atrasados que llevó al cierre de muchos centros.
Que una de estas instituciones baje la persiana es un problema. En total, son casi 500 en todo el país y tienen la capacidad casi al límite. Al cerrar uno, sus pacientes deben buscar otro y no todos los quieren recibir porque “no son tuyos, no sabés si están contagiados o no y tenés que hacerte cargo del traslado” que no es costeado como corresponde, explicó el especialista a este medio.
La situación, casi como una tormenta perfecta, se complementa con el encarecimiento de los insumos y la dificultad, en plena pandemia, para conseguir muchos de ellos. Los barbijos antes costaban entre $4,70 y $8,00 dependiendo el modelo y hoy están en $100 más IVA. “Conseguir alcohol es como conseguir una pepa de oro”, sostuvo Casaliba y detalló que también hay “problemas para aquirir todo equipamiento de protección personal descartable, lavandina, máscaras, antiparras, botas, cofias, camisolines”. Incluso, había un cargamento de guantes descartables trabado en la aduana que “ahora le dieron curso”.
Pero “la estructura de costos varía todos los días”, no sólo porque algunos insumos son importados, como el caso de la heparina (anticoagulante) que “antes casi no representaba un costo y hoy es el principal o el segundo”, o el cambio en las condiciones del traslado de pacientes (en Lincoln aumentó un 30% en dos meses) o la contratación de fletes.
Los enfermos que reciben ese tratamiento corren un serio riesgo de vida y al cortarse la cadena de pagos, se obliga a la interrupción del servicio de diálisis. Por eso, se elevaron cartas ante el ministro de Salud de la Nación Ginés González García y el propio presidente Alberto Fernández para que se realicen acciones urgentes y específicas para afrontar el COVID-19 preservando la vida de los pacientes bajo tratamiento.
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