Los dichos de Pagni, los medios, los jueces y la democracia

“Los jueces de Comodoro Py empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y violatorio de las prisiones preventivas cuando el diario La Nación, un domingo, estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Py que eran responsables de la impunidad del kirchnerismo”. Eso dijo Carlos Pagni en el canal de televisión de la tribuna de doctrina. Un par de días después el periodista intentó desdecirse afirmando que él no dijo que una cosa era causa de la otra. Queda, entonces, por averiguar la causa de tan llamativa coincidencia temporal de sucesos…

Cristina Kirchner, por su lado, incluyó otra circunstancia en el tiempo. En las horas del apriete (o de la casual coincidencia entre la virtuosa investigación del diario sobre la marcha de los juicios contra la corrupción “kirchnerista” y el apresamiento de Ricardo Jaime) había estallado el escándalo de los Panamá Papers, que terminó con la renuncia de altos funcionarios de varios países pero no produjo ninguna consecuencia en el nuestro, cuyo presidente formaba y forma parte del asunto. No hay contradicción entre los dichos de la ex presidenta y la frase del periodista que debió haber desatado un escándalo mayúsculo pero hasta ahora pasó sin pena ni gloria: es tan cierto que el diario La Nación fue y es un cruzado de la persecución político-judicial contra el kirchnerismo como que fue y es una de las herramientas principales de la protección mediática de la pandilla que asoló nuestro país en los últimos cuatro años. 

La pregunta importante es qué hace la política con esto. Qué hace con la descomposición de un sector muy poderoso de la estructura judicial que ha convertido el prevaricato en una norma de su conducta. Qué hace con la utilización de posiciones dominantes en el mercado de la comunicación para intervenir abierta y aviesamente en el funcionamiento de las instituciones de la democracia. Ambas cuestiones forman parte de una mitología que invoca la independencia del poder judicial y la intocabilidad de los medios de comunicación como pilares de una “democracia liberal”.  Acaso lo mejor para discutir la cuestión sea permanecer en los límites de la democracia liberal sin perturbarlos con preguntas acerca de “dónde queda” ese mundo tan hermoso.

Se presupone que democracia liberal significa que el poder reside en el pueblo y que éste se expresa, principalmente, en la voluntad mayoritaria expresada en elecciones libres. Y que las minorías circunstanciales están protegidas de eventuales abusos de esa mayoría contra derechos consagrados en la constitución. Esta definición presupone mayorías cambiantes e instituciones capaces de regular la vida política nacional. Instituciones, de eso estamos hablando. En este caso hablamos de los medios de comunicación y del Poder Judicial.

Hablemos de los medios de comunicación. En teoría, los medios funcionan de acuerdo con ambos principios, el democrático y el liberal. La democracia sería en este caso que son las decisiones de las audiencias las que regulan el poder de los grupos empresarios del ramo. Y el liberalismo consistiría en la ausencia de intervenciones autoritarias sobre los contenidos que se emiten. Pues bien, una mirada –la más superficial e inocente- demuestra que el poder que tienen los grupos mediáticos más poderosos y la capacidad de influencia política que emana de ese poder no está en proporción con la opinión política de la ciudadanía (no decimos pueblo para no ofender la buena conciencia liberal). Dicho de otro modo, la última elección no la ganaron los lectores de Clarín y La Nación, sino los de Página/12 y El Destape. Dejamos para otra ocasión la situación del gremio de periodistas, pero no sin suscitar la duda sobre si es cierto que los periodistas de Macri y del “centro” tienen más simpatías en la “ciudadanía” que el “periodismo militante” sucio y malo que los pone en cuestión. Está claro –ahora fuera de bromas- que no es la soberanía de las audiencias la que distribuye recursos de influencia entre las emisoras de opinión. Está claro que la posición dominante viene desde fuera de la racionalidad, de la libertad de opinión y todas esas lindezas. Viene del poder económico y del poder político realmente existente. Viene de las posiciones monopólicas, contra las cuales debería estar cualquier demócrata-liberal que se precie. 

Y qué pasa con los principios liberales en los medios de comunicación. Tuvimos cuatro años de listas negras, de periodistas censurados, de dueños de medios perseguidos y encarcelados, de hostigamiento sistemático a cualquier disidencia respecto de la ruta que iba a llevarnos a ser un país insertado en el mundo y nos llevó a una postración nacional de tal envergadura que la negociación de la estafa de la deuda externa utilizada para la valorización financiera de un puñado de súper-poderosos hoy parece que define nuestro futuro como comunidad política. ¿En serio se cree que los medios de comunicación se rigen por un régimen democrático-liberal?Y el régimen del poder judicial tampoco es liberal ni democrático. Es cierto que la “justicia” tiene una historia de poder contra-mayoritario. Que desde Montesquieu a esta parte se entiende que tiene que velar para que la mayoría popular no avasalle los derechos de las minorías. Pero en teoría se entiende que este control tiene como base a la ley. ¿Cuál es la ley de la actuación de las mafias judiciales argentinas? ¿Cómo puede explicarse desde el mito liberal el “caso D'Alessio”, o la aberrante saga de los cuadernos de Centeno en la que el principio para dirimir la libertad o la prisión de los supuestos involucrados pasaba por la decisión de inculpar o no a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner?

Hay algo muy podrido que vuelve a ser revelado por las declaraciones del periodista Pagni. Algo que interroga profundamente la intención del actual gobierno –loable en sí misma- de avanzar con reformas importantes sin producir conflictos que podrían ser difíciles de manejar. La agenda democrática tiene que ir hasta el hueso de las perversiones que han corroído nuestras instituciones. Y que no son solamente frutos de malas conductas sectoriales o corporativas (de periodistas, de jueces, de servicios o de políticos) sino que constituyen una trama compleja cuyas terminales van, incluso, más allá del territorio nacional. Para entender el “caso Pagni” conviene leer detenidamente los textos judiciales de Alejo Ramos Padilla a propósito de D'Alessio y de quienes colaboraban con su tarea extorsiva desde los servicios, los medios, el poder judicial y el Congreso nacional. Allí hay algunas claves que conducen al huevo de la serpiente que amenaza a la democracia argentina.