Por decreto, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, estipuló un tope a los salarios de funcionarios y trabajadores de la administración pública y la reducción del 50% de todo concepto adicional que puedan percibir los empleados estatales. Una avanzada que ya había adelantado El Destape la semana pasada. Ante el escándalo que desató esa medida, volvieron a ampararse en un “error” para modificar la normativa y eliminar este último ítem. El problema, explicaron a este medio, es que los decretos no suelen ser publicados en el Boletín Oficial y es muy difícil saber cuál puede ser la próxima decisión del Poder Ejecutivo.
La primera normativa conocida estipulaba una reducción de los montos adicionales que perciben los trabajadores así como la suspensión de los extra por horas trabajadas de más o por mayor dedicación y también se estableció un tope salarial de $100.000. Horas más tarde, el mismo decreto (el 785) fue modificado y sólo dejó en pie el techo de haberes.
“Nunca publican los decretos y los modifican cuando quieren, es una falsificación de documento público”, dijo la legisladora provincial Alejandra Cejas a El Destape y advirtió que “mañana puede sacar otro decreto y empezar a reducir” los adicionales con un fuerte impacto en el bolsillo de los trabajadores. Por eso, comparó el Gobierno de Morales con “una monarquía”, ya que sólo “publican lo que les interesa que los súbditos sepan”.
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Puntualmente, el primer decreto se conoció el jueves a la tarde y estableció la suspensión del pago de adicionales por horas extra, por función y mayor dedicación de aquellos trabajadores que dependen de la “administración pública provincial centralizada, organismos descentralizados autárquicos, empresas y sociedades del Estado, entes en los que el Estado provincial posee capital mayoritario o interviene, Tribunal de Cuentas, Oficina Anticorrupción y Juzgados Contravencionales cualquiera sea el tipo de vínculo laboral.
También, el primer decreto firmado dispuso “la reducción del cincuenta por ciento (50%) de todos los montos que por adicionales u otros conceptos suplementarios perciben los agentes” dependientes de los organismos mencionados anteriormente. A ellos se incluye “como designación meramente enunciativa, no taxativa, módulos por desempeño, adicionales por tareas técnicas, adicional inmuebles, fondo estímulo, FONAVI, incremento garantizado, refrigerio y compensación de participación de ganancias de personal Banco Desarrollo S.E. Y Ente Residual”.
Ambas medidas implicaban un golpe durísimo para los trabajadores que verían una fuerte reducción en sus salarios en un contexto muy complejo de crisis sanitaria y económica, que llevó también a un aumento de precios difícil de solventar. La iniciativa, se sostuvo, tendría una vigencia de seis meses prorrogable por igual período o durante el tiempo que dure la emergencia.
Además, estipuló un tope máximo de $100.000 en “la remuneración neta de la totalidad de funcionarios y empleados públicos, cualquiera sea su jerarquía o escalafón, dependientes de la administración pública provincial centralizada, organismos descentralizados autárquicos, empresas y sociedades del Estado, entes en los que el Estado provincial posee capital mayoritario o interviene, Tribunal de Cuentas, Oficina Anticorrupción y Juzgados Contravencionales”.
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De estas medidas, se sostuvo, quedaban exceptuados los directores, coordinadores y empleados dependientes del Ministerio de Salud, los directores de escuelas de distintos niveles, los integrantes de la cartera de Educación y miembros de la Policía provincial y Servicio Penitenciario.
Para tal decreto, se argumentó que la “extraordinaria necesidad de recursos públicos, emergencia sanitaria y epidemiológica y el aislamiento social” impactan fuertemente en “las finanzas públicas, neutraliza los sistemas de recaudación privando ingresos que constituyen recursos propios, genuinos y habituales”. Ante las medidas para enfrentar la pandemia, quedó “afectada considerablemente la disponibilidad financiera de la provincia” por lo que “se impone la adopción de medidas excepcionales y extraordinarias que restrinjan gastos y compromisos, generando el flujo de recursos monetarios que posibiliten continuar con el seguro de la salud pública de la población”.
El segundo decreto se conoció ayer a la noche, luego de que éste se viralizara y generara un rechazo conjunto. Lleva el mismo número y, amparados en un “error”, contó Cejas, modificaron los artículos más polémicos. Quedó en pie el tope máximo de $100.000 para los trabajadores de la administración pública y organismos anteriormente mencionados pero se eliminaron los descuentos a los conceptos adicionales. Desde la Gobernación de Jujuy ya habían adelantado a El Destape que quienes superen ese monto van a tener un ajuste en sus haberes para ajustarse a la escala establecida.
De esta medida también quedó exceptuado el Ministerio de Salud, Educación y Fuerzas de Seguridad, con los detalles estipulados en los párrafos anteriores de esta nota.
La situación es de extrema gravedad porque no todos los decretos, denunció Cejas, son publicados en tiempo y forma. Se da a conocer lo que quieren que se conozca: “Publican cuando se les ocurre, cuando se le ocurre a Morales”, resumió. Por eso, no se sabe “qué puede salir publicado mañana”.
La semana pasada, El Destape reveló un borrador que el Gobierno le presentó a los gremios que representan a los trabajadores estatales. En él, se propuso la suspensión de los aportes jubilatorios, argumentando que la única perjudicada sería la ANSES – como si eso lo hiciera menos grave –. Además se sugirió reconvertir el 20% del sueldo de "remunerativo" a "no remunerativo". O sea, los trabajadores cobrarían lo mismo que siempre pero, a futuro, menos porque el cálculo previsional se hace en base al sueldo remunerativo que contaría con un 20% menos. Los gremios salieron a rechazar la propuesta y ahora se conocieron estos dos decretos.
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